¿Quién pagó las vacaciones en Andorra de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, durante las navidades de 2009? La Fiscalía sostiene que lo hizo el promotor Enrique Ortiz, mientras que Castedo mantiene que lo pagó de su bolsillo. La responsable de Viajes Lara, la empresa de Sant Joan desde la que se contrataron estas vacaciones, respaldó ayer en el juicio por los presuntos amaños del Plan General la versión de Castedo. Según explicó esta testigo, el dinero fue pagado en metálico por la exalcaldesa, pero en la agencia no se le entregó en su día factura, ni recibo alguno porque «no lo pidió».
El Ministerio Público sostiene que la elección de la agencia de viajes no fue casual, al constatar vínculos entre esta empresa con el entorno de Ortiz. El suegro de la responsable de la agencia estaba citado también ayer como socio del promotor en la adquisición de suelo en el entorno de Agua Amarga para el fallido proyecto de la Ciudad de la Economía.
En el banquillo, además de Castedo y Ortiz, se sienta también el exalcalde Luis Díaz Alperi, entre otros. Las dos autoridades municipales están acusadas de recibir dádivas del promotor durante la tramitación del PGOU, además de otros delitos. Entre estos regalos se encontrarían dos viajes a Andorra de Castedo en 2008 y 2009 por importe de 2.666 y 1.820 euros respectivamente. La responsable de Viajes Lara acudió ayer a la Audiencia para dar cuentas del segundo de estos viajes. Según su versión, la mujer de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, fue quien encargó en un primer momento un viaje para un grupo de 25 personas. Días después acudió Castedo a la agencia para interesarse en sumarse a ese grupo y pagar la estancia. Por estas vacaciones dio un adelanto de 180 euros por la reserva y luego abonó el resto del alojamiento y ni siquiera sabía entonces que era la alcaldesa.
Cuando la magistrada que preside el tribunal, Montserrat Navarro, quiso cortar la línea de interrogatorio, el fiscal Felipe Briones insistió en que las circunstancias del pago no han sido «las normales». El Ministerio Público quería saber por qué la operación se contabilizó el 30 de diciembre, el mismo que día que también se hizo lo mismo con el abono del grupo de Ortiz, pese a que la mujer declaró que Castedo pagó el 27. La responsable de la agencia aseguró que el desfase se debía a que cerró la contabilidad a última hora. Al final la juez cortó el interrogatorio. «Está riñendo usted a esta señora por la forma de llevar su negocio», le advirtió Navarro.
Poco después, declaró el suegro de esta testigo, José Juan Climent, que fue uno de los socios de la mercantil Dreamview que se encargó de las operaciones para encontrar suelo para Enrique Ortiz en Agua Amarga. Climent y su socio en esa empresa, José Francisco León, aseguraron que accedieron a figurar como los socios «por hacerle un favor a Ortiz» con el objetivo de ocultar que era el empresario quien estaba detrás de las gestiones a fin de evitar que se disparara el precio al conocerse quién era el verdadero comprador. En total se adquirieron más de 200.000 metros cuadrados de suelo y por los que la CAM y Ortiz desembolsaron seis millones de euros.
Operación en Agua Amarga
La operación se firmó un día antes de que saliera a exposición pública la revisión del Plan General llevada a cabo por Jesús Quesada. Ninguno de los dos testigos supo ayer contestar por qué aparecía una cláusula en el contrato que decía que ese suelo pese a que no era urbanizable tenía perspectivas de revalorizarse al estar previsto un cambio de calificación urbanística. Según respondieron, era el Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche (Patemae) el que preveía ese cambio de suelo, aunque ellos dijeron no tener relación con la redacción de ese documento. Finalmente, los terrenos no se recalificaron por estar afectados por la protección de los saladares.
Por su parte, la exjefa del servicio jurídico de Urbanismo, Isabel Campos, negó ayer que Castedo tratara de influir en sus criterios durante la revisión del planeamiento y sostuvo que sólo coincidió con Javier Gutiérrez, uno de los acusados en esta causa, en una reunión para la resolución de alegaciones. Según explicó, allí sólo se hablaba de criterios generales y no de los propietarios.
BRONCA ENTRE LA FISCALÍA Y LAS DEFENSAS POR LA DECLARACIÓN DE ÁNGEL FENOLL
Los letrados citan al empresario para intentar conseguir la nulidad de las escuchas telefónicas del caso
La declaración en el juicio por los presuntos amaños del PGOU de Ángel Fenoll, el empresario que dio origen al caso Brugal, degeneró en una bronca entre la Fiscalía y las defensas, en la que la magistrada hizo un llamamiento al respeto entre las partes. Las defensas lo citaron como testigo para tratar de tumbar las escuchas telefónicas del caso, tal como ha hecho en Elche la Audiencia con dio inició a la macrocausa. La investigación se fue dividiendo en una veintena de piezas separadas, una de ellas la del PGOU, y arrancó cuando Fenoll entregó unas cintas en la Fiscalía para intentar demostrar la existencia de sobornos en la contrata de basuras en el Ayuntamiento de Orihuela. El empresario dijo ayer que esas grabaciones «no eran originales» y estaban «limpiadas y editadas».
La Fiscalía pidió incorporar otras declaraciones de Fenoll en el marco de Brugal en las que, por el contrario, sostenía la veracidad de las cintas y de las que trajo copia. El incidente arrancó cuando el abogado de Alperi, Vicente Grima, advirtió de que en la documentación aportada no venía el número del procedimiento en el que se hicieron esas declaraciones. El fiscal le dijo verbalmente el dato y añadió que se aportaría, a lo que el letrado Alejandro Bas, que representa a las mercantiles de Enrique Ortiz, aseveró que el Ministerio Público jugaba con «las cartas marcadas». El comentario levantó las airadas protestas de los fiscales Pablo Romero y Felipe Briones. «Está insinuando un delito» aseguraron y le exigieron «respeto». En otro momento del juicio, Romero protestó por los carraspeos de Ortiz cuando él preguntaba. «No me río, estoy tosiendo», replicó.
Fenoll declaró acompañado de su abogado, pese a que comparecía como testigo. El letrado explicó que lo hacía para evitar que pudiera responder algo que le incriminara en otras causas y que esa fórmula se usó en el Supremo cuando el jefe de los Mossos , Josep Lluís Trapero, declaró en el juicio del «procès».
