El Juzgado de Instrucción 1 de València seguirá investigando a los dos altos cargos de Sanidad imputados por no facilitar la suficiente equipación a los sanitarios del Hospital General de Alicante. Según un auto notificado ayer, el titular del Juzgado de Instrucción 1 ha decidido desoír la petición de la Fiscalía provincial para que archivara la causa y seguir adelante con las diligencias de investigación.
El magistrado considera que «es actualmente prematuro el sobreseimiento provisional de las investigaciones, aún no iniciadas, ya que es obligación del instructor reunir las diligencias de investigación para ponderar y valorar los hechos que se descubran y su incardinación en este ámbito penal». De hecho, como ya hizo en el auto de apertura de las diligencias previas, el magistrado considera que «concurren en este este supuesto indicios de criminalidad» por lo que «procede iniciar las investigaciones». Y, por extensión, mantener como investigados a los dos altos cargos de Sanidad imputados, la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad y el director gerente del departamento de salud del Hospital General de Alicante. Ambos están citados a declarar el próximo 3 de diciembre. Los abogados que dieron pie a la apertura de diligencias, Juan Carlos Navarro, Eugenio Ponz y Beatriz Larriba ya han resuelto el formulismo de transformar en querella la denuncia inicial que presentaron, además de depositar la fianza que se exige para ejercer la acusación popular en esta causa.
Nuevas unidades judiciales
Con todo, el Ministerio de Justicia creará tres nuevas Unidades Judiciales en la Comunidad Valenciana, una en cada provincia, para evitar que se saturen los juzgados debido al «extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia durante la pandemia».
Será el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Alicante, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Valencia y el Juzgado de lo Social número 5 de Castellón los que, según el Ministerio, sumen estas unidades judiciales. La propuesta ya se remitió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de que alguna de estas unidades puedan estar en funcionamiento a finales de 2020.
Con esta medida, en menos de un mes, Justicia da cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Según las mismas fuentes, la ralentización sufrida « exigía un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma».
Ese plan de actuación fue anunciado el 7 de julio por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y se dividió en dos fases que afectarán a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Así incluye adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis covid-19, en un plazo de 3 años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de trabajo habitual y ralentización durante la pandemia.
