Es martes, son casi las dos de la tarde y Paola estaciona su coche junto al dispensario de alimentos del barrio de San Gabriel, Alicante. Es un ritual que repite cada día desde hace dos meses, cuando perdió el trabajo como camarera en un pub de San Juan. Su subsidio por desempleo, de 378 euros, alcanza para pagar el alquiler del piso en el que vive por 350 euros mensuales -en el Bulevar del Pla- y alguna factura, nada más. Nunca tuvo una economía demasiado boyante, pero llenar el carro en un supermercado se ha convertido en un lujo del pasado, ese pasado anterior al coronavirus. Ahora se alimenta gracias a la solidaridad de la asociación vecinal La Prosperidad. Los pocos ahorros los invierte exclusivamente en cubrir las necesidades de su hijo, de 3 años. El paro se le agota en diciembre y sus perspectivas de reingresar en el mercado laboral de la hostelería se desvanecen tan rápido como avanza la segunda oleada del covid-19. «Es duro tener que pedir ayuda para comer, pero es lo que toca para salir adelante. Nunca me he visto en una situación así».
Paola tiene 36 años y es una de las alicantinas que se ha visto arrastrada por el tsunami de destrucción de empleo de la crisis del coronavirus, que azota como nunca a una economía basada en las actividades vinculadas al turismo. La parálisis del motor económico de la provincia empuja a miles de familias a subsistir en condiciones de escasez mientras las ayudas públicas que reciben ni siquiera cubren muchas veces las necesidades más básicas. Es una crisis que golpea a personas que nunca se imaginaron en una situación límite, empleados y autónomos que en poco tiempo han sido alcanzados por el fenómeno de la pobreza y que más que vivir, sobreviven.
La cifra de parados en la provincia se ha disparado un 23% en el último año y supera las 179.000 personas (102.626 mujeres y 76.419 hombres), a las que hay que sumar las más de 25.000 en ERTE. Dos de cada tres parados son del sector servicios, el único segmento que en el último mes ha seguido destruyendo empleo. La complicada coyuntura ha variado el perfil de los alicantinos que buscan ayuda en entidades benéficas y administraciones. Las vivencias que se cuentan a continuación representan parte de la nueva fotografía de la pobreza en la provincia, gente común que sufre necesidad cuando hasta hace muy poco hacían su vida con total normalidad.
«Es la primera vez que tengo que pedir ayuda para comer. Estoy buscando trabajo donde sea, apuntándome a todas las ofertas, pero la hostelería está muerta, la situación es muy complicada», explicaba Paola mientras esperaba su turno para recibir alimentos en La Prosperidad. Su último trabajo, un año de camarera a tiempo parcial, le permite cobrar un paro tan reducido que no alcanza para llenar la despensa. «Suerte que mi hijo tiene beca de comedor. Esta es mi realidad y la situación que está viviendo mucha gente».
Paola recibió el pasado martes la comida que reparte el citado colectivo de manos de Vanina Passalacqua, una de las voluntarias. Tiene 47 años y hasta hace poco trabajaba como comercial de seguros de una importante firma. «En esta situación la gente recorta gastos y yo no generaba ingresos. Era autónoma y tuve que dejarlo porque no podía pagar las cuotas. No tengo ninguna ayuda porque no llegaba al año de cotización».
Passalacqua vive con su marido y uno de sus tres hijos. En 2019 dejaron atrás su tierra natal, Argentina, huyendo de la «inseguridad y la mala economía». Las oportunidades que esperaban encontrar al otro lado del Atlántico se han esfumado con el coronavirus. Pagan 600 euros de alquiler, más o menos el dinero que entra en casa cada mes con los trabajos de reformas y construcción que hace el padre de familia. «No tiene contrato, trabaja en negro. El dinero es para pagar el piso y la comida la tenemos gracias a la asociación. Nunca pensé que esto pudiera pasarme. Me preocupa encontrar trabajo por mi edad. No es fácil. pero hay que seguir luchando».
También Alberto, de 21 años, acude a recoger comida para su familia al mismo dispensario social. Hace poco que terminó un contrato de tres meses como socorrista. Trabaja en lo que le va saliendo, sobre todo hostelería. Su madre es cocinera a tiempo parcial y su padre está desempleado. El alquiler del piso en Alipark, 450 euros, se lleva más de la mitad del único sueldo que entra en casa. «Si le sumas las facturas te quedas casi sin nada para comprar comida. Estamos con el agua al cuello».
El presidente de La Prosperidad, Antonio Moya , detalla que atienden a 350 personas y confirma que a la puerta de la asociación llaman «cada vez más personas que antes tenían un trabajo y ahora corren el riesgo de caer en la exclusión social». Los atendidos por el Banco de Alimentos también se multiplican. «En enero había inscritas 35.000 personas y ahora hay 50.000», subraya el director de este recurso en Alicante, Juan Vicente Peral.
Temporalidad
Lola Vidal tiene 54 años, vive en Villajoyosa y trabajaba en Benidorm. Los últimos años, como camarera de piso en hoteles encadenando contratos temporales. Ahora, sin actividad turística, carece de empleo. «Tengo de paro hasta diciembre. Al principio cobraba 950 euros, pero ahora me ha bajado y son 425 euros al mes. ¿Quién puede sobrevivir con ese dinero?». «Me parece muy injusto que los que cobran un ERTE reciban el 70% de su sueldo y no consuman el paro, y los que estamos en el paro tengamos que sobrevivir con tan poco dinero». Un dinero que, confiesa, no le llega ni para la hipoteca, de 600 euros al mes. «Pago agua, luz, comunidad, IBI y tengo que comer. O medio pagas y no comes, o comes y medio no pagas. Me estoy buscando la vida como puedo, limpiando casas sin contrato y cuidando a mi madre. Si todos trabajamos en B, ¿qué país vamos a dejar? Esa situación nos perjudica a todos. Yo quiero y amo a mi país, pero necesito comer».
A Vidal le roba el sueño desconocer cuándo acabará la pesadilla que la ha expulsado del mercado laboral. «Cuando abran los hoteles primero entrarán a trabajar las personas que estaban fijas, y después las fijas discontinuas, pero las eventuales vamos a tardar mucho tiempo en poder trabajar. Jamás en mi vida había tenido miedo a quedarme sin trabajo, soy una mujer valiente, pero ahora lo veo todo muy negro».
Economía irregular
La temporalidad es uno de los factores que sostienen «el modelo de precariedad del mercado laboral alicantino», destaca la secretaria general de UGT en l'Alacantí-La Marina, Yaissel Sánchez. También la economía sumergida, que limita los recursos de ayudas públicas de los trabajadores que han percibido su salario o parte de él en dinero negro. De hecho, la provincia es, después de Madrid y Barcelona, la tercera del país con un mayor número de infracciones en materia de economía irregular: 1.527 en un solo año, según el último informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 2018. Más de la mitad estuvieron relacionadas con la falta de cotización.
Montse Mendoza y su marido, José Miguel Iglesias, de 50 años, han llegado incluso a vender su ropa y otros objetos personales en mercadillos a cambio de un puñado de euros para comer. «Si una semana sacas 30 euros, eso es lo que tienes. Nos hemos quedado con lo imprescindible para pasar el invierno», cuenta Montse. Desde 2002 han regentado su propia tintorería en Torrevieja, pero la crisis actual les ha obligado a bajar la persiana y malvender parte de la maquinaria del negocio. Su situación se ha complicado hasta el punto que adeudan dinero de cuotas e impuestos a la Administración y tienen las cuentas bancarias bloqueadas. Es uno de los motivos por los que, aseguran, en este momento no perciben ningún tipo de prestación, aunque están tramitando el ingreso mínimo vital. Han alquilado su casa para obtener ingresos con los que abonar el crédito hipotecario y viven con su hija. «Estamos capacitados para trabajar en muchas cosas, pero la edad y la crisis que vivimos es un punto muy negativo», remarca la mujer.
Dar el paso
El matrimonio torrevejense participa en los programas de reorientación laboral que Cruz Roja desarrolla en la provincia para ayudar a salir adelante a los desempleados. La organización humanitaria ha prestado atenciones a 120.000 personas desde que se inició la pandemia de covid, el 25% de ellos nuevos usuarios, indica la coordinadora provincial, Carolina Espadas. «Se ha puesto de manifiesto una situación que ya existía de personas que subsisten bajo la economía sumergida, sobre todo en el sector servicios. Son personas que viven al día y cuando pierden el empleo se quedan sin margen de maniobra. También han acudido autónomos que habían prosperado con su propia empresa y no han podido subsistir. A algunos les cuesta dar el paso y pedir ayuda porque sienten vergüenza, les cuesta cuando nunca se han visto en esa situación, pero pedir ayuda es igualmente digno», recalca.
María Campillo, de 32 años, es otra de las alicantinas que ha visto como sus ingresos se desplomaban a medida que la pandemia se extendía. Desde hace cuatro años y medio tiene su propia empresa de organización de tours turísticos en la capital provincial. «Septiembre y octubre eran los mejores meses, pero este año está siendo catastrófico. La facturación ha caído por debajo del 25% de lo que era habitual», explica a este diario. «Ingreso menos del salario mínimo y tengo que pagar el autónomo y la hipoteca, que suman unos 600 euros. He pedido el cese de actividad como autónomo hasta enero. Con lo que obtengo como guía no me da para vivir. Vivo de ahorros, de trabajar en otras cosas que me salen y del apoyo de mi familia». Aún así, Campillo subraya que «hay gente que está mucho peor, negocios que ni siquiera pueden facturar y no quiero dar pena».
En conversación con este periódico desprende ilusión a pesar de las dificultades. Como tantos otros, desea que pronto haya una vacuna que reactive la economía y le permita seguir adelante con su proyecto profesional. «Espero poder sobrevivir estos meses, pero tengo claro que sin caprichos», concluye.
