El bipartito de Alicante ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el proyecto de ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora conocida como de "Convivencia Cívica" al incluir otros aspectos. Así recupera la ordenanza de mendicidad y prostitución, que impulsó el gobierno de Castedo en 2011 y que derogó el tripartito de izquierdas en 2016. El documento, que debe elevarse al pleno municipal y luego exponerse al público antes de la aprobación definitiva, contempla multas entre los 210 euros y los 3.000 euros. El equipo de Gobierno asegura que lleva más de un año en su elaboración, y subraya que "se ha basado en el modelo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El Ayuntamiento "busca regular, y al mismo tiempo establecer un marco normativo adecuado para dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales, y tener una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad". El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha defendido que esta es "una buena ordenanza", porque se ha impulsado para "resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos".
Desde la oposición, la izquierda en bloque ha criticado el documento impulsado por el bipartito, que recupera la ordenanza que impulsó Castedo hace casi una década. Tanto el PSOE, Unidas Podemos como Compromís han coincidido en que la ordenanza busca perseguir a personas vulnerables, como mendigos y prostitutas. Además de señalar que los Servicios Sociales municipales, que están "colapsados", no van a poder atender a las personas vulnerables que necesitan atención social.
La ordenanza, que cuenta con 42 artículos, pretende "solucionar a su vez los problemas de convivencia cívica sobre actuaciones coactivas o de acoso que dificultan el libre tránsito viario y la circulación peatonal en las vías, parques y espacios públicos dando protección social a las personas necesitadas y eliminado situaciones que obedecen a conductas organizadas", según el bipartito de Alicante, quien apunta que el documento "regula el comportamiento pacífico en la vía pública, poder transitar por la ciudad sin ser molestados o perturbados en su voluntad, sanciona las perturbaciones por ruidos, prohíbe realizar todo tipo de grafitis, la práctica de juegos en el espacio público y de competiciones deportivas masivas, consumir bebidas alcohólicas en los espacios públicos, se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con autorización municipal carezcan de ella, entre otras cuestiones".
Por otro lado, en el apartado dedicado a la ocupación del espacio público por conductas que adoptan formas de mendicidad, "se quiere proteger frente a la mendicidad coactiva, intrusiva o agresiva, así como organizada, y que representen actitudes coactivas o de acoso".
El edil de Seguridad ha explicado que buscan “solucionar problemas que nos denuncian los vecinos diariamente de convivencia, abordarlos de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones y tratando las adicciones, no podemos mirar para otro lado como hizo el tripartito, dejando que los problemas fueran de los vecinos sin aportar soluciones, ahora podremos poner medidas sociales para resolverlas”.
El principal objetivo de la ordenanza, según el bipartito, es el de "evitar conductas que puedan perturbar la utilización abusiva o inapropiada de los espacios públicos, preservándolos como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás".
Entre otros aspectos, "regula la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, con el objetivo de evitar actividades de explotación sexual, y prohibiendo las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana". El edil González ha indicado que "se actuará en el ámbito de nuestras competencias para evitar actividades que perturben la convivencia ciudadana".
La nueva norma establecer "pautas necesarias para impedir el abuso en el ejercicio de los derechos, y bajo el principio de proporcionalidad, y se limita al mínimo imprescindible la regulación, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones con aplicación de alternativas".
