Cinco años después de que el tripartito de Alicante derogara la ordenanza municipal de mendicidad y prostitución por tener una «visión sancionadora y no preventiva», el bipartito liderado por Luis Barcala ha empezado la tramitación para recuperar un documento que impulsó el gobierno de Sonia Castedo en 2011. Eso sí, con más artículos y multas más severas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer el proyecto de la ahora conocida como «Ordenanza de Convivencia Cívica», que incluye y amplía las infracciones sobre mendicidad y prostitución, además de incluir otros asuntos de índole ciudadana. El texto se elevará al próximo pleno para su aprobación, como paso previo a exponerse al público para las alegaciones.
La ordenanza persigue desde la «mendicidad coactiva, intrusiva o agresiva» al «ofrecimiento y demanda de servicios sexuales» o de «servicios o productos, de manera persistente o intimidatoria», así como «acampar en vías públicas».
El bipartito del PP y Cs asegura que con se busca «preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia y un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva». Una visión que comparten con Vox: «Alicante necesita contundencia contra los actos vandálicos y para la lucha contra la mendicidad y prostitución amparada por las mafias. Los alicantinos y los visitantes merecen ir tranquilos por la calle». Desde la izquierda, la valoración es bien distinta. Los tres grupos (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) coincidieron ayer en criticar al gobierno de Barcala por recuperar un texto que, a su juicio, «castiga a los colectivos más vulnerables». Desde la bancada progresista tampoco creen que el espíritu del documento sea «dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales», tal y como defendió ayer el gobierno de Barcala.
«Si hablan de planes de reinserción, ¿no sería lógico llevar la ordenanza desde Acción Social? La ordenanza está orientada hacia las multas», apuntaron ayer los socialistas, al igual que hicieron desde Unidas Podemos: «Barcala sigue poniendo el foco en las personas más vulnerables, sancionándolas y persiguiéndolas». Desde Compromís, por su parte, incidieron en que el estado actual de «colapso» de los Servicios Sociales municipales impide asumir el trabajo derivado de la ordenanza.
ALGUNAS DE LAS INFRACCIONES RECOGIDAS EN LA NUEVA ORDENANZA
Infracciones graves y muy graves: desde mendicidad a sexo
- Realización de conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos por espacios públicos (de 750,01 a 1.500 euros). Cuando se ejerzan directa o indirectamente con acompañamiento de menores o personas con diversidad funcional (de 1.500,01 a 3.000 euros).
- Llevar a cabo prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana (de 750,01 a 1.500 euros).
- Realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad sexual o la ejecución de actos de exhibición obscena (de 750,01 a 1.500 euros).
- Acoso callejero, entendido como las prácticas ejercidas por una o varias personas, cargadas de connotaciones sexuales producidas en espacios públicos o privados que generen malestar a las personas que lo padecen (de 750,01 a 1.500 euros).
Infracciones leves: de usar fuentes a vender objetos
- Realización de actividades que obstruyan el tráfico, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas (hasta 750 euros).
- Acampar en las vías y los espacios públicos de la ciudad, acción que incluye también la instalación estable en espacios públicos de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos (hasta 750 euros).
- Ofrecimiento de servicios o productos, de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el usuario (hasta 500 euros).
