La nueva ordenanza contra la mendicidad y la prostitución en la ciudad de Alicante, ahora rebautizada como «Ordenanza de Convivencia Cívica», ha nacido envuelta en polémica. A las críticas iniciales de la izquierda, se sumaron ayer entidades sociales y expertos, que reprueban que el documento incluya multas de hasta 3.000 euros, pero pase por alto, sin ninguna concreción, por la anunciada intervención de los Servicios Sociales municipales, que sufren un colapso estructural desde hace años.

En Alicante, Cruz Roja ha atendido este año a 220 personas «sintecho», una cifra que supera los registros del pasado 2019, cuando las intervenciones se quedaron en 190. En cuanto a mujeres en entornos de prostitución, las atenciones llegan a 77 en lo que va de un 2020 marcado por la pandemia, frente a las 63 del pasado año. Desde Cáritas lamentan la «criminalización de la pobreza» que transmite el texto, sin proponer acciones concretas de «acompañamiento» a estas personas. En Proyecto Lázaro difieren también del contenido de la ordenanza, censurando que se centre en «quitar dinero» a personas que necesitan ayuda. Desde la Universidad de Alicante, el profesor y sociólogo Carlos Gómez Gil critica que la ordenanza «despliegue una batería de sanciones sin mencionar ni una sola medida, programa o actuación para intervenir, prevenir o responder a sus problemas sociales y personales». El experto mantiene que «presentar a sintecho y personas prostituidas como un desecho social al que hay que multar, a las pocas semanas de que se haya anunciado el primer Plan de Inclusión Social que carece de actuaciones específicas sobre estos colectivos, es todo un sarcasmo». Desde la Plataforma Feminista criticaron, por su parte, al gobierno de Barcala por «criminalizar siempre a los más vulnerables», en alusión a personas sin hogar y a prostitutas. «No se puede penalizar con multas a los más necesitados de ayudas. Está claro que esta ordenanza es ideológica», señalaron desde la plataforma, que pedirá una reunión con los concejales de Seguridad, José Ramón González (PP), y de Igualdad, María Conejero (Cs), quien no ha participado en la redacción del polémico documento. También presentarán alegaciones cuando el texto supere el trámite del Pleno, donde todo apunta a que el bipartito contará con el apoyo de Vox. Otras entidades sociales también dicen que presentarán sus propuestas al no compartir el espíritu del documento impulsado sin consensuar con la oposición.

Choque frontal

La aprobación del proyecto de ordenanza por la Junta de Gobierno local, que tendrá que confirmarse en pleno antes de exponerse al público para las alegaciones, agudizó ayer el enfrentamiento político entre el bipartito de Alicante y la oposición municipal. Y todo porque al gobierno liderado por Luis Barcala no le gustaron las críticas iniciales de los grupos de izquierda, que desde el primer momento han censurado el contenido de un documento que propone sanciones de hasta 3.000 euros, pero que deja en el aire las supuestas actuaciones sociales en favor de las personas más vulnerables.

Desde el bipartito acusaron ayer a la izquierda alicantina de «abandonar a los vecinos y desatender sus denuncias diarias y problemas con la mendicidad coactiva, los gorrillas, las mafias organizadas y las acampadas ilegales en la ciudad». Tras señalar a la izquierda por derogar la ordenanza en 2015, cuando el tripartito llegó al gobierno municipal («le dieron la espalda tanto a las personas sin techo como a los vecinos de Alicante»), el edil de Seguridad, José Ramón González, pidió a la oposición que «se sumen y apoyen la nueva Ordenanza Cívica en el próximo Pleno». Por lo dicho, parece difícil.

Esa oposición a la que el bipartito ayer criticó con dureza, a la vez que pedía su apoyo para una votación prevista para la sesión del próximo 29 de octubre, tampoco tardó en reaccionar, manteniendo su postura contra el texto que amplía el impulsado por Castedo en 2011 y que estuvo vigente apenas cuatro años. Un lustro después, vuelve.

El PSOE aseguró que «siempre» ha estado «en contra de las mafias que extorsionen a los alicantinos», aunque se niega a «apoyar una ordenanza que persigue a las personas más vulnerables que serán multadas por el mero hecho de ser pobres, de no tener un techo». Desde Unidas Podemos, por su parte, criticaron la actitud del bipartito y su gestión municipal: «Se dedican a hacer oposición a la oposición. Llevan dos años de gobierno en el que han abandonado complemente a la mayoría social y ahora buscan culpables de su incapacidad en la bancada de enfrente. Si son incapaces de gestionar, que dimitan». Por último, desde Compromís, en una postura compartida también por el resto de la izquierda alicantina, subrayaron que «la nueva ordenanza, más allá de otras consideraciones sobre su orientación, no tiene sentido si no va acompañada de políticas de inclusión social para las personas más vulnerables».