El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante aprobó a principios de este octubre la concesión de la explotación del faro del Cabo de la Huerta, poniendo así fin a un largo concurso público que arrancó hace medio año, apenas un mes después de iniciarse el estado de alarma por el coronavirus. Todo apunta, por tanto, a que la torre costera privatizará su uso, albergando un restaurante durante los próximos quince años (prorrogables un lustro más). A la iniciativa le falta lograr los permisos de obra, que estarán en manos del Ayuntamiento y de la Generalitat, aunque ya desde un prisma técnico y no político. Este medio año ha servido para evidenciar que el bipartito prefiere un uso privado para el faro, aunque por ahora sólo lo ha defendido con cierta vehemencia el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una reunión en el Puerto, y que la izquierda vuelve a llegar tarde, con una reacción vaga, insuficiente en su doble objetivo: «rescatar» para el uso público el faro y, al menos, desgastar al gobierno del PP y Ciudadanos.
Casi dos semanas después de esa decisiva reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, el bipartito de Alicante sigue sin explicar por qué no ha propuesto un uso alternativo (y público) para el faro, como sí hizo en su momento el Ayuntamiento de Xàbia, que acaba de recibir las llaves de la instalación de San Antonio, que se convertirá en un centro de interpretación de la Reserva Marina y del Parque Natural del Montgó. Tampoco ha defendido en público el uso privado, y no será porque los ciudadanos no se lo hayan preguntado a través de las redes o los periodistas en rueda de prensa, donde se limitaron a admitir que tienen «otras prioridades». De hecho, ha existido un doble discurso desde el bipartito: mientras el alcalde, Luis Barcala (PP), se afanó en aplaudir la llegada de la iniciativa privada al faro ante el resto de consejeros del Puerto [«es una gran idea porque mejorará la oferta turística de la ciudad»], el portavoz de su gobierno, Antonio Manresa (Cs), se dedicó este martes a todo menos a defender la privatización de la instalación. Volvió a enredarse, al airear el argumentario político de turno antes que razonar la postura de su ejecutivo. Manresa derivó, como es marca del bipartito, responsabilidades en otras administraciones, apuntando al Consell, por el visto bueno urbanístico definitivo a la actuación, y al Puerto, porque los faros «son de su competencia». El portavoz del bipartito lanzó a su vez un lamento al aire («nos hubiera gustado que otras administraciones hubiesen hecho algo al respecto»), lo que choca frontalmente con la postura del alcalde Barcala.
Y si el bipartito no ha movido un dedo para darle un uso público al faro del Cabo (ni para defender la gestión privada), la izquierda municipal tampoco ha hecho lo suficiente en su supuesto intento de que no se privatice un elemento clave del patrimonio alicantino.
Para surrealista la reacción del PSOE encabezado por Francesc Sanguino, que tras seis meses en absoluto silencio al respecto, en los que ni siquiera presentó alegaciones al proyecto ante el Puerto ni llevó el asunto ante el pleno municipal, se descolgó esta semana exigiendo al bipartito la convocatoria de una comisión adormecida para que «el Ayuntamiento paralice la privatización del faro». Lo hace ahora, medio año después de arrancar el proceso, cuando la concesión está adjudicada.
De poco más puede presumir el resto de grupos de la izquierda, que ha centrado su oposición al proyecto en firmar una alegación promovida por ecologistas. Unidas Podemos anunció ayer, dos semanas después de aprobarse la concesión, que llevará al próximo pleno municipal una declaración institucional (que se votará) para intentar promover «un uso cultural y medioambiental» en el faro. Compromís ya llevó el asunto a la sesión de junio, pero a través de una pregunta que no obligó al bipartito ni a posicionarse. De mantenerse el rumbo previsto, el faro del Cabo de la Huerta será, fruto de la inacción de todos, el primero privatizado en toda la provincia.
