«Un estadio de cinco estrellas para que Alicante pudiera acoger partidos del Mundial». Así justificó ayer la pretensión de recalificar la zona próxima al Estadio Rico Pérez uno de los administradores de Aligestión, Miguel Carratalá, durante el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante. Carratalá es cuñado y asesor jurídico del empresario Enrique Ortiz y mantuvo en el juicio que la entrada del promotor en el Hércules C. F. no se hizo con vistas a lograr una recalificación del suelo del campo, reiterando que al final no se logró nada y que el Ayuntamiento no aprobó el proyecto. Junto a Ortiz se sientan en el banquillo, entre otros, los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi acusados de haber recibido dádivas del promotor y haberle facilitado información privilegiada del planeamiento urbanístico de la ciudad.
El Ayuntamiento de Alicante puso a la venta en febrero de 2007 el suelo que ocupaba el Estadio Rico Pérez, que desde 1994 había sido de titularidad municipal, y fue adquirido por Aligestión por 7,8 millones de euros. El contrato recogía una cláusula que obligaba a invertir 4,2 millones para la reforma del campo. La Fiscalía sostiene que en la operación había un pacto velado entre Ortiz, Castedo y Alperi para recalificar el suelo durante la revisión del PGOU. El Programa de Reforma Interior (PRI) presentado ante el Ayuntamiento suponía que los 35.000 metros cuadrados del suelo del campo pasaban a ser un total de 75.824 al anexionarse fincas colindantes y donde también se preveía suelo comercial y de viviendas, una recalificación que no estaba prevista en el PGOU redactado por Lluis Cantallops pero sí que recogió el planeamiento bajo sospecha redactado por Jesús Quesada y se publicaron en la primera exposición pública. La oposición de los comerciantes finalmente tumbó el proyecto.
«Se ha hecho en otros sitios»
«Era algo muy parecido a lo que se ha hecho en otros estadios españoles de grandes equipos», declaró Carratalá al tribunal en una declaración muy similar a la que prestó Ortiz como acusado en los primeros días de este juicio. Según explicó, la intención inicial era acometer las obras a las que Aligestión se comprometió porque el estadio estaba «viejo y feo» pero posteriormente se optó por otro proyecto más ambicioso. «Había posibilidades reales de que Alicante pudiera ser subsede del Mundial si prosperaba la candidatura que había presentado la Federación Española de Fútbol», explicó. El que fuera presidente del Hércules Valentín Botella confirmó ayer en el juicio esos contactos, aunque apenas pudo responder sobre la gestión urbanística alegando que «sólo entiendo de cosas deportivas». También el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante y exdirector general del Hércules, Blas Bernal, aseguró que el mal estado del campo impedía que pudiera venir la Selección.
Durante su declaración, Miguel Carratalá subrayó que «el Hércules y Aligestión en esto iban de la mano y no se podría haber hecho nada el uno sin el otro. El proyecto era para el Hércules», sostuvo. En esta línea, aseguró que en Aligestión no actuaba en nombre de Cívica o de Ortiz porque había otro empresarios ajenos. Miguel Carratalá defendió en el juicio que las decisiones en Aligestión las tomaban los socios y «se consensuaba todo», aunque «como accionista mayoritario de la entidad, Ortiz tenía influencia».
Según su versión, inicialmente se presentó un PRI ante el Ayuntamiento. Un proyecto que no llegó a ser tumbado oficialmente, ya que los urbanizadores desistieron en cuanto conocieron que el técnico había informado negativamente al considerar que debía tramitarse dentro de los trabajos de revisión del PGOU. Según explicó, se optó por esta vía «para dar más agilidad al proyecto». Cómo este plan llegó de los técnicos al equipo redactor de Jesús Quesada era algo que dijo desconocer, aunque precisó que «era público y notorio que Alperi dijo que se lo iba a hacer llegar».
Carratalá negó también que Ortiz tuviera información privilegiada al invertir siete millones de euros en la compra de suelo no urbanizable en Agua Amarga. «La perspectiva de que ese suelo se recalificara se recogía en el Plan de Acción Territorial del Entorno Alicante-Elche (Patemae) y la operación con la CAM se cerró antes de la aprobación del PGOU», dijo.
La sala debate hoy si admite las otras declaraciones de Ángel Fenoll
El tribunal que juzga los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante decidirá hoy si acepta la incorporación al proceso de las anteriores declaraciones del empresario Ángel Fenoll prestadas en otras piezas del caso Brugal. La Fiscalía pidió que se incluyeran después de que las defensas citaran al empresario de la Vega Baja como testigo en este proceso para asegurar que las cintas que él grabó y que dieron origen a toda esta macrocausa de corrupción estaban editadas, circunstancia que en Elche ha servido para que se declare la nulidad de todas la investigación. La Fiscalía ha pedido que se aporten otras declaraciones en sede judicial de Fenoll en las que sí se defiende la validez de estas grabaciones. La decisión se deliberará hoy antes de la sesión. La jornada de hoy podría prolongarse más de lo esperado ya que han sido citados dos testigos que se quedaron sin declarar la semana pesada por falta de tiempo: el que fuera el responsable de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Alicante, José Luis Ortuño, así como Javier Llorens, uno de los empleados de confianza de Enrique Ortiz. La sesión podría tener que continuar por la tarde.
