El Ayuntamiento de Alicante desistió en 2015 de la aprobación del Plan General no por las investigaciones por presunta corrupción que propiciaron la dimisión de la exalcaldesa Sonia Castedo, sino porque el documento se había quedado obsoleto. Así lo expusieron ayer en el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del PGOU los exediles del PP Juan Seva y Andrés Llorens. Ambos fueron citados a la Audiencia por la defensa de Castedo, el abogado Ignacio Gally, que había propuesto una tercera testigo de esta corporación, la exedil María Ángeles Goitia, pero finalmente se renunció a su testimonio. En esta causa están acusados, entre otros, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi junto al empresario Enrique Ortiz. La decisión de retirar el Plan General fue adoptada cuando el popular Miguel Valor se encontraba al frente de la Corporación.

Andrés Llorens, que fue vicealcalde en la era de Castedo, aseguró que habían pasado cinco años desde la segunda aprobación provisional del planeamiento urbanístico y la realidad económica y social de España y de la provincia habían cambiado como consecuencia de la crisis, dejando al documento desfasado. «Analizando los informes de los técnicos, desde el grupo popular decidimos que era mejor desistir de este plan», aseguró. A la nueva realidad tras la crisis, Seva añadió en su declaración un segundo motivo: las nuevas normativas urbanísticas aprobadas por la Generalitat Valenciana.

El exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens, ayer a su llegada a la Audiencia de Alicante.

Los dos exconcejales recordaron que hubo en el pleno un intento por parte de Esquerra Unida para que en el acuerdo se hiciera mención a que la retirada del PGOU se hacía por los escándalos de corrupción, enmienda que el PP rechazó usando su mayoría. El desestimiento en el PGOU se aprobó por unanimidad.

Disciplina de voto

Asimismo, también fueron preguntados sobre si Castedo o Alperi ejercieron alguna influencia o presión sobre ellos para apoyar las dos aprobaciones provisionales del Plan General, a lo que ambos contestaron negativamente. Sobre la disciplina de grupo, explicaron que cada edil tenía libertad suficiente para votar en contra de una propuesta si así lo consideraba.

Por otro lado, ayer declaró el técnico especialista en temas urbanísticos a las órdenes de Ortiz, Javier Llorens,y que aparece en varias conversaciones con el empresario a lo largo de la investigación hablando sobre posibles adquisiciones de suelo protegido. Llorens aseguró que todos los planos sobre los que se habla en las llamadas interceptadas por la Policía son «planos de uso interno de la empresa» y negó que se dispusiera de información privilegiada alguna sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. Toda la información recogida en esos mapas se elaboraban a partir de la información contenida en el Plan General vigente desde 1987 y el avance de los trabajos de Lluis Cantallops que se hicieron públicos durante el año 2002. Según sus explicaciones, con esa información y la legislación vigente se trabajaba para determinar las zonas dónde era mejor invertir para aplicar el coeficiente k, mediante el que se obtenía mayor edificabilidad a cambio de aportar suelo en parques naturales.

Llorens negó tener una relación estrecha con el redactor del PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada, y que sólo había trabajado con él en el marco de la tramitación del Plan Armanello de Benidorm. «Con Quesada jamás hablé del Plan General de Alicante», dijo. También fue interrogado sobre otra conversación en la que, al hablar sobre el reparto de zonas protegidas Ortiz dijo que «ahí yo veo una mano negra y la mano negra para eso tengo que ser yo». Llorens se limitó a señalar que no sabía a qué se estaba refiriendo el promotor cuando hizo ese comentario. También confirmó que hubo contactos para una posible compra de suelo en la sierra de Fontcalent, aunque precisó que la operación no se cerró por falta de acuerdo con la propietaria.

López Abad: «La Ciudad de la Economía dejó de ser prioritaria»

El exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, declaró ayer en el juicio a propuesta de Esquerra Unida para responder sobre un correo enviado en diciembre del año 2006 a los servicios jurídicos para que se valorara la permuta de suelo en Agua Amarga por otro en la Condomina. Un total de 120.000 metros cuadrados que podían alcanzar los 120 millones de euros. En ese correo había alusiones tanto a Sonia Castedo como al presidente de la Generalitat Francisco Camps. López Abad explicó que el suelo en Agua Amarga procedía de la quiebra de la empresa Kelme y que el interés de la operación era obtener dinero para frenar la subasta prevista. El exdirector general de la CAM señaló que había interés del gobierno valenciano por la continuidad de la empresa y que con ese correo dejaba en manos de los abogados la búsqueda de posibles soluciones. Asimismo aseguró que el proyecto de la Ciudad de la Economía en el que se embarcó la CAM con Ortiz para el suelo en Agua Amarga había dejado de ser una prioridad para la caja. «Hubo un momento en el que se barajó la construcción de una gran sede de la caja para evitar que los servicios centrales estuvieran dispersos en varios edificios por la ciudad de Alicante», explicó. Sin embargo, con el estallido de la crisis económica este proyecto se abandonó.