Sin rastro de «intervención social» en la ordenanza de mendicidad y prostitución

El proyecto de ordenanza para Alicante, que supone recuperar en la práctica el texto impulsado en el año 2011 por la popular Sonia Castedo y que derogó la izquierda al llega a la Alcaldía en 2015, recoge al detalle el espíritu sancionador de la «Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana» de la FEMP, con cuantías en general más elevadas, pero excluye toda referencia a la «intervención social» para los más vulnerables, que en el documento de carácter nacional es pilar básico. Así se observa al comparar el texto de la FEMP y el impulsado por el bipartito, tanto en los artículos referidos a la lucha contra la mendicidad como los que aluden a la prostitución. «Los agentes de la autoridad, o en su caso los servicios sociales, informarán a todas las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público de las dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado (asociaciones, organizaciones no gubernamentales...) a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para abandonar estas prácticas», señala el documento de la FEMP. Nada de eso figura en el texto local.

Una situación similar se da en el capítulo que aborda, en el documento tipo de la FEMP, la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales: «El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales competentes, prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio». Además, incluye otro punto sobre planes de actuación: «El Ayuntamiento aprobará un Plan para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, a fin de [...] atender a las personas que realicen estas actividades». Ninguna de estas referencias de carácter social se recoge en el proyecto de ordenanza de Alicante, pese a que el bipartito asegura que para su elaboración se ha «basado» en el texto de la FEMP.

Referencia tangencial

Durante la presentación del documento, el concejal de Seguridad, José Ramón González (PP), explicó que el gobierno local pretende «solucionar problemas que denuncian los vecinos diariamente de convivencia, abordarlos de la mano de los servicios sociales, acompañando y ofreciendo ayuda a las personas que lo necesitan, estudiando cada caso, ofreciendo prestaciones y tratando las adicciones». Sin embargo, el documento no dice nada de eso.

Y es que las alusiones sociales en el proyecto de ordenanza municipal son anecdóticas. En una de ellas, en alusión a los mendigos, se señala: «Cuando se trate de personas en situación de exclusión social, y las circunstancias así lo aconsejen, el alcalde podrá dictar las instrucciones correspondientes para la aplicación de la ordenanza». Sin más. También se alude a Servicios Sociales para la aplicación de las sanciones alternativas, donde se «copia» solo a medias las propuestas de la FEMP. En relación a que la persona sancionada puede conmutar la multa con la asistencia a cursos y realización de trabajos en beneficio de la comunidad, la ordenanza de Alicante añade como referencia social más que tangencial: «La aplicación del régimen alternativo podrá instarse en caso de comisión de infracciones leves y será aceptada si se reúnen los requisitos necesarios y si se trata de la primera infracción. Si se comprueba que la persona es reincidente será necesario el previo informe de los Servicios Sociales».

Desde el primer momento, la izquierda ya advirtió de que la ordenanza da la espalda a la intervención social y que se limita a recoger sanciones. Compromís, por ejemplo, asegura que el texto «no tiene sentido si no va acompañada de políticas de inclusión social para las personas más vulnerables». Mientras, desde Unidas Podemos critican a Barcala por «no combatir los problemas con políticas públicas sociales y efectivas». Desde el PSOE han lamentado la deriva del texto: «Si el bipartito habla de planes de reinserción, ¿no sería lógico llevarlo desde Acción Social? La ordenanza está orientada hacia las multas». La intención del bipartito es elevar la ordenanza al próximo pleno.