El empresario Ricardo Fuster declaró ayer en el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante que los 36.000 euros del viaje en jet privado a Creta que hizo el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi fueron pagados por el empresario Enrique Ortiz. Este viaje es una de las presuntas dádivas que habría percibido el exprimer edil del promotor durante la tramitación del PGOU. Junto a él se sientan en el banquillo, entre otros, su sucesora en la Alcaldía Sonia Castedo y el promotor.

La investigación policial sobre el origen del pago del viaje llevó en su día a los agentes hasta empresario Ricardo Fuster. El vuelo fue facturado por la empresa Best Fly, que recibió el dinero de Rivaflecha, a quien a su vez pagó Rocafort de Negocios, mercantil de la que Fuster era consejero delegado. Tras ser citado en un primer momento ante el Tribunal Superior de Justicia, que en ese momento era el responsable de la causa por la condición de diputado autonómico de Alperi, se acogió a su derecho a no declarar. Posteriormente pidió comparecer, para acabar sosteniendo que fue Ortiz quien pagó el dinero. Una versión que prestó en su día como imputado y en la que ayer se ratificó en calidad de testigo durante el juicio celebrado en la Audiencia de Alicante.

El empresario Ricardo Fuster a la entrada de la Audiencia, ayer.

Fuster aseguró que en el verano de 2008 Alperi, con quien aseguró que mantenía «una buena amistad», se puso en contacto con él interesado en alquilar un avión con urgencia para un viaje que iba a realizar. «Yo sólo tenía acceso a aviones con hélice, así que le busqué un reactor», explicó. «Como estos aviones consumen mucho combustible, había que hacer el pago por anticipado», explicó, motivo por el que abonó los 36.000 euros del vuelo con la promesa del exalcalde de que le pagaría a su regreso. «Al final me sedujo y pagué el dinero de mi bolsillo», aseguró. Al regreso y tras empezar a reclamarle el dinero, «porque mi empresa atravesaba dificultades económicas», el exprimer edil le dijo que «no tenía dinero y le dio los datos para que se lo facturara a Enrique Ortiz».

El empresario explicó que no le había extrañado que le remitiera a Ortiz porque «ambos tienen una buena relación» y precisó que en ese momento creyó que el promotor estaba adelantando el dinero al exalcalde «como había hecho yo antes. No pude imaginar todo lo que iba a pasar después». Según su testimonio, quedó en una cafetería de València próximas a las oficinas que tiene la empresa de Ortiz en esa ciudad y que fue el fue el responsable de la delegación, Pedro Muguruza, quién acudió a esa cita y le entregó un sobre con los 36.000 euros en metálico. «Llegamos hasta hablar de hacer una factura por servicios ficticios, pero me negué», aseguró. Muguruza ya declaró en este juicio la semana pasada y sostuvo que Fuster sólo fue a verle para hacerle una consulta sobre promociones inmobiliarias y que él no tenía capacidad para entregar ese dinero. El juzgado de Instrucción llegó a ordenar un careo entre ambos en su día.

Tensión

El interrogatorio de ayer fue tenso y hasta bronco cuando han empezado a preguntar las defensas que trataban de evidenciar la existencia de contradicciones en la declaración de Fuster. La defensa de Alperi, el letrado Vicente Grima, le ha preguntado si había declarado para incriminar a Ortiz a cambio de que la Fiscalía le retirara su imputación en esta causa, algo a lo que ha respondido que no. El empresario señaló que no sabía por qué si el viaje debía abonarse antes del 28 de julio, antes del despegue, el pago no se formalizó hasta el 5 de agosto.

Por su parte, la defensa de Ortiz, Francisco Ruiz, le emplazó a que aclarara cuándo había mentido en sus anteriores declaraciones, si cuando dijo que no sabía quién era la persona que le entregó el dinero o cuando presentó una carta en la Fiscalía dando sus nombres y apellidos. Fuster señaló que fue la primera vez y que tenía derecho a mentir por su calidad de imputado. «Tampoco quería perjudicar al señor Ortiz», recalcó.

El empresario fue interrogado también sobre la carta pidiendo confesar al fiscal y en la que decía tener miedo. «No tengo miedo por este pleito. Mi miedo es porque tengo problemas cardiacos y me han pedido que vaya con cuidado y me tome las cosas con calma», explicó.

La mujer de Ortiz se acoge a su derecho a no declarar contra su marido

María Dolores Carratalá, esposa del empresario Enrique Ortiz, se acogió ayer a su derecho a no declarar contra su marido. Carratalá estaba citada como testigo y durante la instrucción de la causa llegó a estar imputada. La Fiscalía la situaba como una de las personas que hacía llegar al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi cantidades en efectivo procedentes de su marido. La testigo apenas ha estado unos minutos en la sala, ya que mientras la magistrada le estaba informando de sus derechos ha dicho que no iba a declarar porque Ortiz es su marido. También estaba citado Carlos Parodi, actual presidente del Hércules e ingeniero en el área del suelo de Cívica durante aquella época, que reiteró que en la empresa se trabajaba habitualmente con planos de grandes dimensiones y que todo ese trabajo era de elaboración propia y elaborada a través de «fuentes abiertas y de acceso público·. Ayer la vista se celebró con la ausencia de la exalcaldesa Sonia Castedo por motivos médicos. j. A. M.