Hasta hace poco, ver una película en casa no era una tarea sencilla, en primer lugar la variedad de formatos (VHS, Beta, 2000...) limitaban la capacidad de elección como también lo hacía la disponibilidad. El videoclub podía disponer de una, dos o tres copias. Hoy esa barrera no existe. La tecnología ha superado esas limitaciones gracias a las plataformas de streaming.

Sin embargo, cuando hablamos de las relaciones entre los ciudadanos y la administración, volvemos a encontrar importantes barreras que dificultan, limitan o incluso impiden desarrollar trámites que a priori parecen sencillos. De nuevo limitaciones como diversidad de formatos o exigencias de presencialidad, lastran el proceso de transformación digital de las administraciones públicas.

Resulta obvio que para avanzar hacia la sociedad digital del futuro se hace necesario superar las barreras que todavía existen y construir un corpus digital de la administración pública que permita que los ciudadanos se relacionen con ayuntamientos, diputaciones, autonomías y con la administración estatal de una forma sencilla y ágil.

La pregunta, por tanto, es ¿por qué eso no sucede todavía? y la respuesta no resulta complicada. Hasta la fecha se ha avanzado en la digitalización sin un plan estructural y eso ha dado como resultado que unos certificados funcionan con unos navegadores y otros exigen instalar ciertos programas. El resultado es que el acceso a la administración digital, lejos de ser sencilla y accesible, es en realidad complicada y engorrosa.

Ahora bien, desde el año 2018 un Real Decreto (1112/2018) traspone a la legislación española la directiva europea (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Sin duda, una oportunidad para avanzar en la tan ansiada accesibilidad digital.

Su objetivo es garantizar los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, entre otros. Entendiéndose por accesibilidad el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

La existencia de este RD marca un antes y un después en la accesibilidad digital y en las relaciones de las administraciones con los ciudadanos. Principalmente, porque ha servido para concienciar a la sociedad sobre la accesibilidad y su importancia en todo este proceso de transformación digital. Proceso imparable, que se ha visto acelerado de forma exponencial por la COVID-19 y que no tiene marcha atrás. Por lo que nos encontramos en un momento crucial para dar un "sí" a esta transformación digital pero sin barreras de accesibilidad, barreras que son mucho menos detectables que las barreras físicas.

Hacer esto una realidad supondrá un paso de gigante en la transformación digital de la administración. Será como disponer de coches pero que el acceso y uso de carreteras y gasolineras estuviera limitado, que unos coches no pudieran circular por según qué vías y ni usar según qué estaciones de servicio por problemas de incompatibilidad. Sería absurdo.

Lo mismo sucede con los certificados digitales, plataformas de acceso a diferentes servicios telemáticos o webs de la administración. La normativa europea a la que nos equipara el Real Decreto establece directrices de accesibilidad, cuatro en concreto: el contenido debe poder ser percibido por todos los sentidos, operable en sus elementos de interacción, comprensible por sí mismo y robusto para asegurar su compatibilidad por las TIC actuales y futuras.

La accesibilidad digital va mucho más allá de problemas de colectivos como el de personas con alguna discapacidad. Afecta por igual al conjunto de la sociedad y eliminar este tipo de barreras contribuirá a crear una sociedad digital inclusiva accesible para el conjunto de la ciudadanía. Para ello es imprescindible un exhaustivo diagnóstico de toda la infraestructura digital de las administraciones y un plan de actuación para convertirla en autopistas por la que todas las personas, sin exclusión, podamos circular y relacionarnos con las administraciones públicas sin caer en la desesperación.