El día que cerramos bajé al garaje, vacío, sin coches, y me dieron ganas de echarme a llorar». Palabras sinceras de Gabriel Santiago, quien, junto a su hermano Jesús, regenta el hotel Bristol de Benidorm, uno de los establecimientos veteranos, y con el pedigrí que da a los hermanos Santiago ser los herederos de los dueños de la antigua e icónica pensión Moncho, del Benidorm en blanco y negro. Una aseveración que refleja, al cien por cien, el particular drama que está viviendo el sector turístico de la Costa Blanca este año. Ocho meses marcados por la pandemia del covid, y en un punto en el que empresarios y trabajadores no ven todavía la luz al final del túnel. Muchos temen, incluso, que para ellos ni siquiera llegue la luz algún día. El covid ha provocado que haya, por ejemplo, hoteles en la provincia que solo han podido abrir dos meses en todo el año, en el marco de una crisis sin precedentes que, además, encara sus semanas más dolorosas a partir de esta misma semana. Finalizado el puente del 9 de Octubre y la Hispanidad, que resultó más o menos aceptable para aquellos hoteles que aún seguían abiertos, lo que resta del otoño y el invierno va a ser muy duro para el sector que mantiene, o mantenía, hasta 300.000 empleos en la Costa Blanca. Un drama.
Hay empresas turísticas a las que la pandemia ha dejado pérdidas cercanas al millón de euros mensuales, la tirita de los ERTE sólo aguantará hasta el 31 de diciembre, a los jubilados del Imserso no se le espera hasta dentro de un año, y la penúltima ha llegado de la mano del primer touroperador británico en la Costa Blanca, Jet2.com, que, en principio, ya ha anunciado que no volverá, salvo milagro o, bajando a la tierra, una vacuna, hasta febrero de 2021. Ryanair e Easyjet siguen volando más por prestigio, y por mantener operativos a aviones y tripulaciones, que por negocio. Todo deja un panorama desolador y más propio de un confinamiento por sus efectos económicos, que lo que debiera haber ocurrido en la desescalada en la que nos encontramos desde junio. La economía no solo se resiente si se para, sino también por obligarla a carburar al ralentí, como sucede con el turismo y la hostelería.
El Consel aprobó el viernes el decreto que regula el bono-viaje (hasta 600 euros), para financiar las vacaciones de valencianos, alicantinos y castellonenses en sus viajes por la propia Comunidad este invierno. Veremos su recorrido. De momento no pinta mal. Todos los expertos en turismo celebran la iniciativa, pero, a falta de reacción del Gobierno central, no deja de ser un parche. Sobre todo, porque, independientemente de que haya una demanda retenida, la crisis económica del covid ha golpeado con fuerza y, desgraciadamente, el bono quizá no sea el maná que espera el presidente, ni tenga la fuerza para animar a bolsillos muy castigados o, sencillamente, vacíos.
Aunque todo grano haga molino, el turismo necesita bastante más que incentivos para animar a la gente a viajar. Necesita un iva reducido, urge un apoyo verdadero en los presupuestos autonómicos y generales del Estado, los ERTE deben prolongarse hasta bien entrado 2021, y necesita, con urgencia, un plan potente de ayudas económicas y fiscales para los autónomos. Muchos, hosteleros, que bajaron, obligados, la persiana en marzo no la han vuelto abrir. Y para ello, hace falta que los políticos dejen de enredarse y piensen en las personas que los votaron. Y también que la Comisión Europea, cada día más dividida, empiece a soltar los miles de millones que prometió para España, pero que nadie ha visto aún, y que ahora se especula con que no llegarán hasta 2021.
El sector turístico está al borde del colapso, del ataque de nervios, muchos negocios de la ruina, pero no se debe perder la esperanza porque demanda existe y sólo hay que darse una vuelta por la costa un día festivo para comprobarlo, aunque el bullicio se mezcle con las imágenes fantasmales de hoteles de 20 plantas cerrados por el aumento de la incidencia del coronavirus en España y toda Europa. El sentido común nos lleva a pedir, día a día, que respetemos al virus y tomemos las medidas preventivas, pero también a concienciarnos que debemos aprender a vivir con él. Por ello, es urgente que generalicen los test rápidos hasta que llegue la vacuna. Tests que no deben ser caros, y que tienen que incorporarse como un elemento más a abonar al paquete de las vacaciones, cuando nos planteamos irnos de vacaciones.
Honestamente y sin ser ni virólogo ni experto en economía, prohibir por prohibir tampoco es el camino. ¿O es que el covid tiene horarios? ¿Por qué cerrar los restaurantes a las 22 horas? ¿Es que a la hora de comer no hay riesgo de contagio o transmisión social? Para que el «semigripado» motor del turismo no termine por apagarse, y su ruina salpique a muchos sectores productivos de la provincia, debe articularse un plan, pero ya, no esperar a la próxima primavera. La provincia se está jugando parte de su futuro y ni los administradores, ni los administrados (estremece leer los partes de las policías locales), parece que seamos conscientes de la magnitud del problema, social y sanitario.
Un restaurante de la primera línea de Calp, en la que el 12 de octubre resultaba complicado encontrar una carta en castellano, ofrecía chuletas de cordero de Nueva Zelanda. Fíjense el poder de atracción que tiene la Costa Blanca, que hasta contamos con turistas de las Antípodas. Es obligado, por lo tanto, hacer compatible la prevención frente al covid. No vaya ser que cuando llegue la vacuna no haya nada que salvar porque todo estará cerrado, aunque los guiris insistan en que la recuperación será rápida. Que se lo digan al que lleva cerrado desde marzo.
