La paralización de la licitación de obra pública en la provincia mantiene bloqueados, por la crisis económica asociada al coronavirus, un total de 17 proyectos de infraestructuras, que corresponde ejecutar a diferentes administraciones, y por un valor aproximado de 3.222 millones de euros, según estimaciones de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa). Actuaciones que de ponerse en marcha tendrían en efecto motor para la economía provincial, al facilitar empleo directo e indirecto a 80.000 trabajadores de forma permanente, según calcula Javier Verdú, presidente de Fopa, en base a que por cada un millón de euros invertidos en infraestructuras se generan y mantienen entre 23 y 25 empleos directos e indirectos. El grueso de la licitación corresponde al Gobierno central (2.532 millones) y el resto se reparte entre el Consell y la Diputación.
En estos momentos, en la provincia sólo hay una gran obra en marcha, la ampliación de la N-338 que conecta la N-332 y la circunvalación de Alicante con el aeropuerto de Alicante-Elche. El Ministerio de Transportes (ex Fomento) invierte 28 millones de euros desde marzo de 2019, y ha ejecutado ya un 50% de la obra, por lo que el plazo de ejecución se ha adelantado en seis meses y la previsión es que sea una realidad a finales de 2021. A esta se suma una inversión de 2,2 millones para repavimentar las pistas del aeródromo a partir de mañana lunes.
La provincia necesita, por ejemplo, una inversión urgente de 750 millones de euros para evitar que la autovía Alicante-Villena y la circunvalación de Alicante, las más conflictivas, se colapsen completamente en los próximos diez años, aunque ambas presentan ya serios problemas de congestión. En concreto, las «nuevas» carreteras debieran estar completamente operativas en 2029, cuando se estima que la A-31 soportará un tráfico de 65.102 vehículos diarios, un 15% pesados, y la ronda de Alicante (A-70), 76.302 vehículos, un 8,5% pesados.
La A-70 es el primer cinturón de circunvalación de la ciudad de Alicante y libre de peaje, en contraposición al segundo cinturón, que tiene un peaje convencional. Es la vía de mayor capacidad que conecta las ciudades de Elche y Alicante, y también es un eje de conexión con otros puntos de la provincia y con Murcia. Entre ambos municipios, la autovía consta de dos carriles de circulación por sentido, que a partir del denominado Camino Castilla hacia Crevillent pasa a tener tres carriles por sentido. En las proximidades de Alicante se encuentra el nudo con la A-31, cuyo muy elevado nivel de tráfico provoca notables retenciones, especialmente en el tronco de la A-70. Para aumentar la capacidad de la autovía se necesita un tercer carril entre Elche y Alicante, y un paso inferior en la rotonda de la Universidad de Alicante. Ambas obras costarían 105 millones. El acceso al Campus de San Vicente resulta un calvario en las horas punta de entrada y salida a la Universidad de Alicante con día en las que las retenciones pueden llegar casi hasta Novelda.
En cuanto a la autovía que conecta Alicante con Villena, una de las vías con mayor porcentaje de concentración de accidentes de la provincia, se trata de una antigua nacional que se desdobló a finales de los años 80 para convertirla en autovía de las consideradas de primera generación. El tráfico se ha disparado y la carretera se ha quedado antigua, hasta el punto de que resulta difícil y peligroso circular a más de 90 kilómetros por hora. Se considera urgente la construcción de un tercer carril por sentido entre Elda y Monforte del Cid. El proyecto tendría un coste de 162 millones de euros, según la CEV. Otra obra que se consideran urgentes son la duplicación de la carretera CV-95 entre Orihuela y Torrevieja para incrementar la capacidad, reducir tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial.
El Ministerio de Fomento dejó, por otra parte, en un parche la necesaria ampliación de la autovía A-7 entre Alicante y Murcia porque solo construirá, en principio, un tercer carril en cada sentido en un tramo de 18 kilómetros entre Crevillent y Orihuela, con una inversión total de 56 millones, el 15% de lo que se había presupuestado en 2017. Otra actuación pendiente es la conexión viaria de la A-31 con a estación el AVE de Villena. La red viaria de la provincia está compuesta por 2.678 kilómetros, de los que 673 kilómetros son del Estado, 979 de la Generalitat y 1.026 de la Diputación.
En materia ferroviaria pendiente de financiación estatal destaca la eterna asignatura pendiente: la adecuación del eje ferroviario de cercanías Alicante-Elche, la mejora del ferrocarril Alcoi-Xàtiva, el Tren de la Costa y la finalización del Corredor Mediterráneo incluyendo el acceso al puerto de Alicante, según Fopa.
A nivel autonómico siguen pendientes la prolongación del TRAM entre la estación de Luceros y la del AVE, el desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola, y el tramo concreto el tramo desde la rotonda de Valverde a Elche. Faltan también de licitar las rotondas de Pinoso, Villena y Algueña y la mejora de la seguridad vial entre Alicante y Xixona. Incremento del paro
Javier Verdú, presidente de Fopa, recuerda, en este sentido, que a consecuencia de la crisis económica derivada del covid, la provincia sumó más 15.441 parados en septiembre, una cifra superior a las registradas en Castellón y Valencia. Además, existe un incremento del paro respecto del ejercicio anterior del 21,5%, muy superior a Valencia (17%), y Castellón (15%).
«Para poder disminuir estas cifras de desempleo es indispensable que la tramitación de las obras pendientes se inicie lo antes posible. Por otra parte, existe una gran expectación en el sector acerca de la captación de fondos europeos para infraestructuras en materia principalmente de movilidad sostenible, agua y vivienda en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante», subraya Verdú. «Estamos esperanzados pero también muy preocupados por tener la certeza de que todos los proyectos necesarios para la obtención de estos fondos europeos puedan ser presentados en plazo». Verdú reclama la agilización de proyectos «como el Plan Edificant, aprobado por la Diputación y debe ser licitado tanto por ayuntamientos como por la propia Diputación, y el plan de infraestructuras judiciales que esperamos inicie su andadura en breve», asevera Javier Verdú.
El presidente de Fopa advierte, por otro lado, del efecto negativo en el sector de la construcción de la paralización de proyectos en el sector privado (vivienda residencial), dirigidos al mercado europeo debido a las restricciones en las comunicaciones internacionales, «por lo que esperamos la normalización de las vías áreas en Europa para la reactivación de estos proyectos de iniciativa privada».
El Ministerio de Transportes y Movilidad sí ha dado un impulso importante a las obras para remodelar los accesos viarios al aeropuerto de Alicante-Elche, una actuación que arrancó en la primavera de 2019 con un plazo de ejecución de 36 meses pero que, dado el avance de los trabajos, va a permitir que la nueva carretera N-338, con dos carriles en cada sentido, sea una realidad para finales de 2021, anticipándose unos seis meses sobre el cronograma previsto. La constructora que ejecuta los trabajos tiene prácticamente completada la explanación de los terrenos entre el acceso desde la N-332 a la altura de la pedanía de El Altet y el enlace con la autovía A-70 y también se ha avanzado mucho en el futuro enlace con el palacio ferial de IFA. El Ministerio ha contado hasta ahora con fondos (18 millones de euros en 2019 y siete este año) y, según fuentes del sector, también había consignación, incluso, para 2022, con lo cual la obra avanza independientemente de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, aún pendientes de aprobar. Con todo, se trata de obra que tiene su complejidad y también hay que estar pendientes de la posibilidad de que se pudiera producir algún modificación sobre el proyecto original. El Ministerio ha invertido casi siete millones de euros en lo que va de año y se ha ejecutado más de la mitad de la obra que arrancó hace 18 meses.
Cien millones pendientes en obras hidráulicas
La mejora de la depuradora de Elche-Algorós, con un coste de 30 millones de euros, lleva esperando desde 2006
Entre los proyectos pendientes de ejecutar destacan también varios en obras hidráulicas y de saneamiento, presupuestadas en cien millones de euros. El más importante es la mejora de la depuradora de Elche/Algorós, presupuestada en 30 millones de euros. Planta que viene dando problemas desde su última ampliación en 2006, cuando ya no se la dotó de sistemas para eliminar nitrógeno y fósforo, ni tratamiento terciario para facilitar el uso de aguas residuales depuradas. Las obras no comenzarán antes de 2023.
Por otro lado, la ampliación de la estación depuradora de Alcoy acumula una demora de más de un año. Con esta actuación se conseguiría un agua excelente para reutilizar tanto en agricultura como en sector industrial como para riego de jardines municipales y baldeo de calles. Se podrán reutilizar 5,5 hm3 al año Además, la calidad del agua del Serpis mejoraría notablemente.
Otros proyectos en el cajón son el emisario submarino de Tabarca con un retraso de tres años. En la actualidad, las aguas residuales de Tabarca se vierten a 125 metros de la costa con una deficiente calidad de depuración. También está en espera la depuradora de Almoradí, con un presupuesto de 21 millones de euros pero sin licitarse. En Benidorm siguen esperando la adecuación de la depuradora e impulsiones Benidorm-Alfàs. Las estaciones de bombeo de Benidorm siempre han dado problemas y suponen una amenaza para las playas en caso de producirse un vertido.
Orihuela tiene pendiente dos actuaciones muy importantes. El saneamiento de la zona de la costa y la reforma de la estación de la depuradora de Orihuela por 14 millones de euros. Atiende a la ciudad de Orihuela y la depuradora existente dada de 1985, aunque se amplió en 1996.
