Cárcel o tanatorio. La disyuntiva se antoja terrible. Si desobedecen, multas y litigios; y si respetan la normativa, desaparecen. La patronal del ocio nocturno de la provincia de Alicante –según la estimación realizada por las diferentes asociaciones del sector–, calcula que, en solo dos meses, sus pérdidas ascienden, como mínimo, a siete millones de euros. Es la consecuencia del cierre forzoso de pubs, salas de fiesta, discotecas y karaokes ordenado de forma unilateral por la Generalitat y cuya resolución entró en vigor el pasado 17 de agosto.
Hoy se publica en el DOGV la tercera prórroga de aquella resolución enmarcada en el paquete de medidas elaborado para frenar la contención de la covid-19 y, a día de hoy, no hay nadie entre los empresarios de la noche que confíe en que esta vaya a ser la última. Al revés, temen que esta situación de excepcionalidad que está asfixiando sus negocios se prolongue bastante más allá de Año Nuevo, hablan de Semana Santa, en el mejor de los escenarios.
Hartos de que se les señale como los principales causantes de la propagación del coronavirus, los dueños de los establecimientos clausurados por el Consell van a iniciar, de forma individualizada, una acción judicial para reclamarle al Govern daños y perjuicios por lo que ellos entienden es «una orden totalmente aleatoria que no responde a ningún estudio científico y que no está avalada por datos objetivos y contrastados». En palabras del Javier Galdeano, presidente de ALROA, «vamos a reunirnos el martes (mañana) para estudiar acciones de protesta y para poner a disposición de nuestros socios la defensa jurídica necesaria para que cada uno denuncie en los tribunales y reclame a la Generalitat daños y perjuicios».
Solo en la capital, las pérdidas ascienden a 2,5 millones. Una cifra similar, ligeramente superior, registra Benidorm y casi un millón de euros estima la patronal ilicitana que se ha dejado de ingresar desde que entró en vigor la prohibición autonómica de abrir sus negocios. El montante restante lo engrosan núcleos turísticos importantes como Torrevieja y Dénia.
Sin actividad, pero con tasas
La paradoja en la que está sumido el ocio nocturno alicantino, extensible al del resto de la Comunidad, es letal. Los empresarios están obligados a cumplir escrupulosamente con el pago de tasas municipales, licencias de negocio, parte proporcional de la seguridad social de sus trabajadores y, en muchos casos, el alquiler de los locales. Y todo eso a pesar de que se les ha obligado a cerrar. Los ERTE apenas alivian la carga impositiva, y los préstamos ICO son precisamente eso, dinero anticipado que deberán devolver sin tener forma de generar ingresos.
El 25% del sector ya se ha destruido y un 33% no se sabe si podrá volver a abrir
El sector, que da trabajo a 10.000 profesionales y que está engrosado por cerca de 1.800 empresas que se responsabilizan de casi el 2% del PIB autonómico, estima que un 25% de los establecimientos ha quebrado ya y que un tercio de los que aún sobreviven a duras penas con los ahorros no volverá a abrir sus puertas cuando se levante la prohibición de la Generalitat.
El caso de las discotecas en particular es flagrante. El colectivo que las agrupa, Fasyde, a través de su representación en Alicante, habla de casi el 100% de suspensión de actividad definitiva si el cierre se prolonga hasta Navidad y no se aprueba alguna ayuda eficaz. En su situación, además, tampoco cabe la posibilidad de reconvertir el negocio a cafetería dado que la pista de baile es la esencia de su negocio y su reclamo diferencial.
Medidas inútiles
Hasta la fecha, las acciones emprendidas por las diferentes administraciones se han demostrado inútiles. En el caso de Elche, el Ayuntamiento ofreció al sector del ocio nocturno abrir terrazas fuera de sus locales para no cesar la actividad. Sin embargo, según pudo probar la Asociación de Hostelería de la ciudad, «existe una ley autonómica que lo deniega y que tiene más rango y está por encima de la normativa municipal, así que te arriesgas a que te venga la Policía y te multe, primero, y te cierre, después», advierten desde la agrupación empresaria ilicitana.
El caso de Alicante es aún más frívolo. Mientras en otras localidades, los consistorios, facilitan la posibilidad de reconvertir las licencias de apertura de forma provisional hasta que cese la prohibición, en la capital ni se plantea la posibilidad y, como lamentan desde ALROA, «sin dar una explicación y sin un motivo aparente», porque hay que recordar que esa transformación de pub en cafetería o bar no supone inversión para quien la solicita, es un trámite gratuito «si se te concede», subraya Galdeano. «La gente está desesperada, dispuesta a todo», avisan. Mañana, reunión de socios dura.
