La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy el compromiso de financiación del 50% del importe de las facturas de suministro de electricidad a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a las personas que tengan la condición de vulnerables severos. Dichos gastos se harán efectivos durante el presente ejercicio con cargo a una partida municipal dotada con 50.000 euros denominada "Convenio de colaboración bono social energético", según un comunicado del bipartito.

La Concejalía de Acción Social, dirigida por Julia Llopis, ha elevado a la Junta de gobierno dicha propuesta para dar el visto bueno a una serie de acuerdos tendentes a garantizar a los consumidores sin recursos el acceso al suministro de energía eléctrica. La propuesta a la Junta de gobierno establece que los servicios sociales del Ayuntamiento quedan facultados para emitir informe relativo a que el consumidor vulnerable severo se encuentra en intervención social a efectos de reconocimiento de la situación de consumidor en riesgo de exclusión. En tal supuesto, se le abonará el pago del 50% del importe de la factura en concepto de ayuda social.

Estas resoluciones de la Junta de gobierno dan continuidad a un pasado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que mediante una declaración institucional abogó por “retomar los contactos con Iberdrola y otras empresas para la firma de un convenio marco para evitar que las personas en riesgo de exclusión sigan siendo víctimas de suspensión del suministro de electricidad y / o gas por impago”.

La propuesta de acuerdo que ha tratado hoy la Junta de gobierno alude a la Ley del Sector Eléctrico donde se recoge que podrán considerarse suministros esenciales (...) "aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a esos suministros, por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social". Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual.

La Junta de gobierno ha aprobado también el convenio marco a suscribir con las empresas comercializadoras de referencia. Estas empresas deberán manifestar por escrito su voluntad de adhesión. La concejala de Acción Social y Familia, Julia Llopis, queda facultada para la firma de los convenios con las referidas empresas comercializadoras.