El exdirector general de Inversiones de la CAM Daniel Gil Mallebrera declaró ayer en el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante que la caja perdió cerca de nueve millones de euros por el fallido proyecto de la Ciudad de la Economía. La recalificación de ese suelo, que ascendía a más de 238.000 metros cuadrados, es una de las operaciones urbanísticas bajo sospecha por las que se sientan en el banquillo, entre otros, el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

El acuerdo para poner en marcha el proyecto entre la CAM y el empresario Enrique Ortiz, que aparecía indirectamente a través de la mercantil Dreamview, se firmó el 16 de octubre de 2008 y en el convenio se aseguraba expresamente que estaba previsto que ese suelo pasara a ser en breve de rústico a urbano. Un día más tarde, se hizo público el Plan General de Ordenación Urbana que recogía la recalificación de este suelo. Sin embargo, su proximidad con el parque natural de Los Saladares motivó que esa zona acabara como suelo protegido tras los informes en contra de la Generalitat y del aeropuerto.

Otros contactos

Daniel Gil acaba de ser juzgado por los negocios de la caja en el Caribe, donde se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel, y el próximo diciembre vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por las relaciones entre Hansa y la CAM. Aún tiene un tercer asunto relacionado con la entidad que está todavía un instrucción. Ayer declaró como testigo en la Audiencia de Alicante en la causa por los amaños del PGOU y por la que llegó a estar imputado. En su declaración, el exdirectivo tildó la operación de Agua Amarga como «un proyecto fallido» y señaló que «nosotros no invertimos nueve millones de euros para que eso fuera un parque natural».

El exdirectivo de la caja explicó que la Ciudad de la Economía era un «proyecto privado» a través del que se pretendía construir los servicios centrales de la CAM y señaló que contactaron con varios empresarios del sector para que le plantearan sus propuestas y, de ellas la de Ortiz fue la más interesante. Las conversaciones, según explicó, empezaron dos años antes pero no se pudo escriturar hasta 2008 por un problema de exceso de cabida con la superficie.

El exdirectivo negó que la caja se hubiera embarcado en el proyecto porque tuviera informaciones de que ese suelo se iba a recalificar o que el promotor les dijera que tenía contactos políticos. «Nosotros nos llevábamos cuestiones técnicas», dijo y aseguró que era algo de lo que se tenía que encargar Ortiz. Por este motivo explicó que las perspectivas de recalificación del suelo a las que se aludían en el contrato «era una coletilla por la que la otra parte se comprometía a hacer los trámites» para ello, como presentar un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI).

Gil fue interrogado sobre conversaciones con Ortiz interceptadas por la Policía pero dijo no recordar nada de ellas porque han pasado 12 años. En ellas, el promotor le animaba a sumarse al proyecto diciendo que «era un traje a medida para la CAM» y que se iba a poner un 60% de oficinas, un 20% de hoteles o lofts y un 10% de terciario.

Los responsables de la investigación testifican hoy

 La declaración de los responsables policiales de la investigación por los presuntos amaños del Plan General centrará la sesión del juicio de hoy. El peso de los testigos hace prever una jornada larga para dar cuenta de los detalles de esta voluminosa investigación que es pieza separada del caso Brugal. La sala ha citado tanto al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que redactó los informes en los que se basan las investigaciones, como a comisarios de la Brigada de Policía Judicial. 

La Policía ratifica los seguimientos que hizo a Alperi y a Castedo 

Tres de los policías que participaron en las vigilancias y seguimientos practicados durante la investigación a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi se ratificaron ayer en el juicio en sus informes. Alguno de estos agentes se encargó de vigilar el traslado desde Alicante a Dénia de Castedo donde, según la investigación, iba a pasar unos días de vacaciones en el yate del promotor Enrique Ortiz o el embarque de Alperi en un jet privado en el aeropuerto de Manises para un viaje a Creta que habría pagado el empresario.

Otro de los dispositivos policiales se montó con motivo de un encuentro en el yate de Ortiz el 25 de abril de 2008 en el Puerto de Alicante donde, según la investigación, fueron las autoridades municipales y otras personas para celebrar el sobreseimiento de otra causa judicial en la que los tres estuvieron imputados. Los acusados declararon que ese día fueron a ver un partido de la Selección Española, extremo que los agentes no pudieron confirmar porque desde su posición no se veía el barco y se limitaron a confirmar quién llegaba al Puerto. Uno de los policías sí ha confirmado que ese día hubo partido.  

También ratificaron las obras que una empresa de Ortiz hizo en un edificio cuyo promotor era el hijo de Alperi, aunque los agentes sólo vieron a personal trabajando en la calle, no en el inmueble.

Huellas encontradas en los planos intervenidos en la casa y el yate de Ortiz

 Agentes de la Brigada de Policía Científica declararon ayer en el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante que detectaron huellas en los planos del PGOU intervenidos en los registros practicados en la casa y el yate del empresario Enrique Ortiz. Uno de los funcionarios aseguró que en el análisis del material requisado en el domicilio del promotor y que les remitieron sus compañeros había hasta 34 huellas con valor identificativo; mientras que en el plano hallado en el yate se localizaron otras diez.

A quién pertenecían esas huellas era algo que desconocían porque de eso no se encargaban ellos, sino sus compañeros del Servicio Automático de Identificación Dactilar (SAID). Los agentes que declararon ayer fueron citados por la defensa de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, para poner en evidencia que la Policía nunca concretó a quién pertenecían en esas huellas. Los funcionarios tampoco supieron concretar qué ocurrió con el informe fotográfico que hicieron de los planos intervenidos. Aunque no recordaban si llegaron a remitirse al juez instructor, señalaron que si nadie le reclamaba ese trabajo, se quedaba en las dependencias policiales. «Si lo requieren se aporta», precisaron. Un tercer agente iba a declarar por videoconferencia, pero al final se renunció a su testimonio.