El Instituto de Seguridad Social (INSS) ya ha tramitado una cuarta parte de las 55.262 solicitudes presentadas para cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la provincia de Alicante. Y de ese 25,5% de todas las demandas registradas, solo se han aprobado un 12,4%, mientras que han sido denegadas más solicitudes de las que sí han llegado a buen término. Según ha reconocido el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en la provincia de Alicante ya se han aprobado 6.887 prestaciones y se han denegado 7.212, por lo que se han tramitado, para incorporar en la nómina de octubre, 14.099 peticiones del IMV.
En toda España se ha reconocido esta prestación a más de 136.000 hogares, el 41,5% del total de los 328.526 expedientes resueltos hasta la fecha, mientras que ha denegado 192.000 solicitudes, el 58,5% restante. Los expedientes totales que hay abiertos en el ministerio para tramitar esta prestación, considerada como el «escudo social ante la pobreza», supera el millón de personas. En concreto alcanza 1.017.104 solicitudes en toda España. En cualquier caso, en el cómputo de solicitudes que han llegado a buen término, el ministerio incorpora los 74.119 hogares que cobraban una prestación por hijo a cargo, que fueron reconocidos directamente como beneficiarios del IMV. De ellos, cerca de 4.000 corresponden a los municipios de la provincia.
Después de la tremenda parálisis con la que comenzó a tramitarse esta prestación el pasado verano, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha agilizado el proceso, aunque los datos de gestión de esta prestación todavía tienen un amplio margen del mejora. A primeros de agosto, tras dos meses recibiendo solicitudes, la Seguridad Social tan solo había autorizado la petición a unos 150 hogares alicantinos de los cerca de 16.500 que la habían solicitado en los primeros días, lo que supone un grado de cumplimiento de apenas un 0’04%. Unas semanas después, con más de 55.000 peticiones en la provincia, ya se ha conseguido tramitar, al menos, una de cada cuatro peticiones registradas. Por contra la lista de demandas ha crecido más de lo esperado. Las más de 55.000 solicitudes, superan ampliamente las 43.000 previstas cuando se anunció esta medida. Asimismo, en la provincia de Valencia, de las 58.113 solicitudes se han aceptado 8.563 y denegado 14.930, y en la de Castellón, de 12.384 peticiones, han salido adelante 1.737 y se han desestimado 2.556.
Renta Valenciana
El enorme retraso en la, calificada como «primera etapa de filtrado de solicitudes» obligó al ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a mostrarse partidario de firmar un convenio de «cogestión» entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión. La Comunidad Valenciana, anunció el ministro a mediados de agosto, «será de las primeras autonomías» que establezcan un acuerdo para agilizar y coordinar ambas prestaciones, la que ya concede el Gobierno autonómico y la que desde mediados de año otorga el Estado. Sin embargo, dos meses después, el Ministerio de la Seguridad Social no ha trasladado a la Conselleria de Políticas Inclusivas ninguna propuesta para firmar ningún tipo de convenio de cogestión. La previsión hablaba de que ambas partes cerrarían este pacto antes de acabar 2020.
Lejos de cerrar este acuerdo, del que hablaron en agosto, en el Palau de la Generalitat, el ministro Escrivá y el jefe del Consell, Ximo Puig -en una cita en la que no estuvo presente la consellera Mónica Oltra, responsable de la Renta Valenciana de Inclusión-, la única acción realizada por el Gobierno en ese tiempo es el recurso de inconstitucionalidad presentado en septiembre por el Ejecutivo central donde se cuestiona la intención de la Conselleria de Políticas Inclusivas de establecer un proceso único para ambas prestaciones -la estatal y la autonómica- con tal de evitar duplicidades. Contra dicha resolución, se está a la espera de que se convoque la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Generalitat para abordar el asunto, aunque las posiciones previas no transmiten que haya mucha concordia entre los gobiernos de Madrid y València para abordar este asunto.
Los afectadoslamentan el sistema de reparto de ayudas
Según el presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, Joaquín García, es «incoherente» que se esté dando de oficio el IMV a personas que están cobrando la prestación por hijo a cargo, que ni han solicitado la nueva ayuda, mientras hay personas que lo pidieron a partir del 15 de junio y siguen «en estudio». Para los afectados, «hay muchos hogares sin ingresos que ven como pasan días, semanas y meses y no les dan una respuesta». En opinión de García, «se debe atender primero a las personas que lo han solicitado y después darlo de oficio a quienes no lo han pedido».
