La mayor preocupación del sector empresarial alicantino en estos tiempos de crisis sanitaria es que el impacto del covid-19 acabe reduciendo de forma sustancial el tejido empresarial provincial y aumente los niveles de desempleo. De hecho, los últimos datos de septiembre elevan el número total de alicantinos sin trabajo a 179.045, una cifra muy cercana a los 188.500 que se registraban en el mismo periodo de 2015, uno de los peores años de la anterior recesión. Y si los datos ya rozan aquellos niveles, eso significa «que habríamos retrocedido cinco años de esfuerzo en la recuperación del empleo de la crisis de 2008», advirtió ayer el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), Rafael Ballester. Este es uno de los paralelismos que Ballester puso sobre la mesa en la jornada telemática organizada por el propio Instituto y en la que participaron la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, María Isabel Moya, y el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, además de profesor de la Universidad de Alicante (UA), José Tuells. En el debate se analizaron los retos y el impacto de la crisis del coronavirus tanto en el campo sanitario como en el económico y el social.
El líder de Ineca incidió en varias ocasiones sobre la incertidumbre actual y la que volverá a abrirse a partir de 21 de enero de 2021, cuando se acabe la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Aunque no se atrevió a cuantificar, reconoció que se prevé que tras esa fecha habrá «una extinción y reestructuración de empresas, lo que conllevará una reducción del PIB y un aumento de las brechas sociales y del riesgo de exclusión».
Al alza
Además de advertir de que los niveles de desempleo actuales se asemejan a los de septiembre de 2015, Ballester aludió claramente a que los datos de paro son, en realidad, superiores. Según los informes de Ineca, el desempleo ha crecido un 23% en la provincia en el último año, pero si se suman los 55.000 alicantinos que están incluidos en un ERTE, la cifra se eleva hasta los 230.000 desocupados. «Y si la tendencia al alza de destrucción de empleo se consolida, nuestra economía se situaría en un escenario similar al del año 2013, otro de los ejercicios más duros de la anterior crisis, iniciada en 2008 como consecuencia del estallido de la «burbuja» inmobiliaria y de la crisis financiera. Al margen de ello, Ballester, también, quiso mostrar las fortalezas de la provincia centradas en los «nichos solventes» de actividad, como el ecosistema digital, la economía circular, los servicios avanzados o el turismo residencial, además de la industria agroalimentaria. Unas actividades que necesitan ser impulsadas, a su juicio. No obstante, el representante empresarial volvió a mostrar su inquietud por otras amenazas para la economía «de las que no debemos despistarnos». Estas son las políticas arancelarias, llámense EE UU, si repite en la Presidencia Donald Trump, o la incertidumbre que aún se cierne sobre el capítulo final del Brexit (desconexión de Reino Unido de la Unión Europea).
En las jornadas intervino, igualmente, Miguel Torres, director de la red comercial de Alicante y Murcia del Banco Sabadell, quien expresó el «compromiso» y la «implicación» de la entidad con los sectores y los ciudadanos de la provincia para afrontar los desafíos y la incertidumbre derivada de la crisis del coronavirus. Y desde uno de los colectivos que han sufrido más en primera línea los efectos del covid y han redoblado esfuerzos para limitar su expansión, la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, María Isabel Moya, inició su intervención dejando claro que no se podía someter a una disyuntiva el binomio salud-economía, sino que es una dualidad con la que la sociedad tiene que convivir mientras no haya una vacuna.
Criterios sanitarios
Otra cosa es cómo se está gestionando la crisis. Para Moya, uno de los retos ineludibles «es que la toma de decisiones tiene que nacer de datos fiables y transparentes». Además, fue clara al señalar que, «ahora, estamos preparados para disminuir la enfermedad, pero no para cortar la transmisión, porque no tenemos un mando único, una agencia única» para fijar criterios. «Debe haber coordinación y planes de contingencia comunes para situaciones venideras», subrayó Moya, quien insistió en que «la gestión sanitaria hay que liberarla de los criterios políticos». Por su parte, José Tuells dijo que hasta que no llegue la vacuna, «esta va a ser la mascarilla», junto al lavado de manos y la distancia social. Y sobre el toque de queda pedido por el Consell para la Comunidad, Tuells dijo que «es el paso anterior al confinamiento», pero que es mejor, ya que «evita la paralización de la actividad durante el día», afirmó.
Por otra parte, un informe de la Cámara de Comercio de Alicante reflejaba ayer que entre los meses de febrero a abril, el número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en 42.000 por los efectos de la covid y el confinamiento. No obstante, con la desescalada ha habido una recuperación gradual.
