«Tenemos un sistema de servicios sociales muy privatizado y nuestro objetivo es reforzar el sector público, además del control de todo el sistema sea público o privado el centro», afirmó ayer la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante su intervención en el ciclo «Converses de futur» con el título «Hacia un nuevo modelo asistencial para la tercera edad y las personas dependientes» organizado por el Club INFORMACIÓN.
En este sentido, aseguró que cuando llegó a la conselleria había sólo siete personas dedicadas a la inspección y cuando acabe el año serán 33». «Estábamos ante el desmantelamiento del sector público y las empresas privadas podían hacer lo que quisieran», criticó.
Por otra parte, Oltra consideró que las residencias de ancianos y el resto del sistema está ahora «mucho mejor preparado» tanto en lo que respecta a material como a nivel de protocolos y normativas que en la primera ola del covid. «El momento crítico en la primera ola fue la falta de material», algo que fue «generalizado», dijo, al tiempo que recordó que en una semana empezaron a llegar aviones con material y poco después el sistema productivo de la Comunidad Valenciana empezó a fabricar equipos de protección frente al virus para no depender del exterior. Aunque, «el Consell asume sus responsabilidades», añadió.
En lo que respecta a la residencia Domus VI de Alcoy, en la que fallecieron más de setenta personas, la consellera consideró que «la gestión con respecto a las familias ha sido deplorable». Oltra recordó que el edificio de esta residencia es público y afirmó que fue el conseller Rafael Blasco quien «le concedió la concesión del servicio por 45 años a una empresa privada sin licitación pública». Por ello, aseguró que le han planteado a la empresa «la voluntad de recuperarla para su gestión pública» sobre todo porque «su actuación durante la pandemia dista mucho de la media de la Comunidad» y porque «ya existe una resolución del Ayuntamiento de Alcoy en este sentido».
Oltra destacó el trabajo de las residencias, tanto públicas como privadas, durante este tiempo de pandemia y admitió que «es complicado plantearse ahora si se podrían haber evitado» los estragos que ha causado el virus en estas instalaciones. «Es un virus que ha puesto la vida al límite en todo el mundo. Cuando entra en una residencia es muy complicado porque hay muchas personas conviviendo y la letalidad es más cruel en personas mayores 70 y con patologías, el perfil vulnerable de los residentes». Aseguró que de las 1.743 muertes en Comunidad Valenciana a causa del coronavirus, 624 de ellas estaban en residencias, lo que representa el 35,08% de las muertes.
La consellera aseguró que su departamento está «ultimando la redacción de un decreto de concesión de 10,9 millones, del que el 50% como mínimo irá para cubrir el sobreesfuerzo y sobrecoste en la política personal y las gratificaciones extraordinarias» para los trabajadores del tercer sector.
Oltra informó del nuevo modelo asistencial para la tercera edad y las personas dependientes. Este modelo se basa en «la economía de las tres C -criar, cuidar y curar- que asegure puestos de trabajo estables. Las líneas básicas pasan por reforzar la teleasistencia y la atención primaria para que las residencias sean «la última opción», que los mayores puedan estar el mayor tiempo posible en su hogar y su entorno. «El nuevo modelo pondrá a las personas en el centro», resumió.
Además, habló de la captación de fondos de la UE a través del programa «Next Generation» de unos 600 millones de euros para construir infraestructuras como residencias y centros de día. Eso sí, el modelo residencial sufrirá cambios estructurales, explicó. La nueva concepción será en la línea de una residencia San Mateo que ya está proyectada en Castellón. Tendrá 66 plazas en unidades de convivencia de 11 personas. «Es como si fuera un piso dentro de la residencia, con terraza, cocina pequeña y un núcleo estable de convivencia más similar a una familia», indicó Oltra. Tras el covid se han modificado algunas cuestiones y tendrá una unidad de hospitalización domiciliaria. «El covid nos ha mostrado que íbamos en el buen camino con este modelo». Además, se ubicarán en los centros urbanos y no en las afueras de las ciudades.
Posible acuerdo con la Diputación para nuevos centros
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que las «conversaciones están muy avanzadas» de cara a alcanzar un acuerdo con la Diputación de Alicante para habilitar residencias y centros de día.
Según explicó, con la Diputación de Valencia ya han firmado un acuerdo y ya están en marcha diez centros residenciales o de día por valor 17 millones. La idea es que el municipio ceda el inmueble, la Diputación lo rehabilite y la conselleria lo ponga en marcha.
Oltra quiso «poner en valor» la colaboración con las diputaciones. Recordó que recientemente firmó un acuerdo con el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para «poner orden en las competencias impropias que asumía la Diputación en el Doctor Esquerdo, el Hogar Provincal y la teleasistencia».
Por otra parte, la responsable de Servicios Sociales aseguró que trabajan para dotar de más recursos a las personas con diversidad funcional.
Dependencia
Oltra aseguró que la Comunidad Valenciana y Canarias han sido las únicas que han seguido tramitando las prestaciones de dependencia durante el estado de alarma, periodo en el que han crecido un 10% los beneficiarios que han entrado en el sistema, afirmó. Indicó que en 2015 había 41.000 personas dentro del sistema y ahora son más de 91.600.
Por lo que respecta al tiempo de espera de las personas para recibir la prestación, Oltra señaló que el tiempo medio de espera en 2015 era de 4,5 años y que ahora la media está en 18 meses. No obstante, admitió que en los municipios pequeños la tramitación es más ágil y «en tres meses puedes tener la prestación», mientras que en las ciudades grandes hay «más esperas». No obstante, dijo que «seguimos con el plan de choque y los refuerzos para la resolución de los expedientes». En este sentido, afirmó que la tramitación una vez que llega la documentación desde los ayuntamientos a la conselleria no dura más de dos meses.
