Un perito judicial valoró ayer en más de 240.000 euros los dos viajes en el yate del empresario Enrique Ortiz que la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y su marido hicieron durante el verano de 2009. El experto en tasaciones compareció ayer por videoconferencia en el juicio por los presuntos amaños en el Plan General de Alicante y en el que, además de Castedo y Ortiz, se sienta en el banquillo el también exprimer edil Luis Díaz Alperi, junto a otros seis acusados. Este viaje en yate por las costas de Ibiza sería una de las presuntas dádivas percibidas por la exregidora por parte del promotor.

El informe pericial fue encargado por el juez instructor de la causa y desde el principio estuvo muy cuestionado ya que desde la defensa de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco, se sostiene que el viaje tuvo un coste cero, ya que era un trayecto que el promotor y su familia hacen todos los años y, por tanto, el gasto hubiera sido el mismo con independencia de que Castedo hubiera ido o no. La exalcaldesa asegura que fue invitada y que fuera del barco los gastos de las comidas se pagaban entre todos. Las defensas cuestionaban los criterios con los que se había elaborado el citado informe para determinar esa cantidad.

El juez instructor encargó en su día a una empresa hacer un informe sobre los dos viajes realizados en agosto de 2009 (entre el 7 y el 12 y desde el 18 hasta el 22 de ese mes) en la embarcación Elena, de la marca Benetti modelo 122 Classic que Ortiz tiene atracada en el puerto de Alicante. El perito explicó que la cifra se calculó valorando el precio de mercado del alquiler del barco durante esos días, más el gasto estimado de combustible y las dietas. «Si al viaje van dos o diez personas es algo que desconozco. A mi me dijeron que calculara el coste para dos, pero lo normal sería dividir los gastos entre todos», explicó.

Este mismo perito hizo una tasación del coste estimado de los viajes del expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el barco del promotor en otra de las piezas separadas el caso Brugal, como la del PGOU, y que afecta a la tramitación del Plan Zonal de la Vega Baja.

Antes de comenzar su declaración, el perito advirtió de que en un primer momento llegó a rechazar el encargo por salirse del tipo de tasaciones que se hacían en la empresa. «Calculamos valor de viviendas, de daños ocasionados en un accidente y cuestiones similares. Esto se salía de nuestro ámbito, pero al final lo acabamos aceptando porque se trataba de determinar el coste de un servicio». El técnico aseguró que para calcular este precio se habían tenido en cuenta precios de mercado en ese año.

También declararon dos policías que hicieron un informe sobre notas manuscritas halladas en alegaciones del Plan General intervenidas durante el registro del bufete de Salvetti Abogados. Las acusaciones sostienen que los socios del despacho presentaron alegaciones que ellos mismos resolvían. El informe pericial confirmó que la letra era de José Luis Castedo. Su abogado Bernardo del Rosal presentará en breve un contrainforme para rebatir estas conclusiones.

El juicio se reanudará el 2 de noviembre

Tras la sesión de ayer, el juicio por los presuntos amaños del PGOU entra en un pequeño paréntesis. El proceso no se reanudará hasta el próximo 2 de noviembre porque la sala donde se celebra la vista se comparte con otra sección. Está pendiente que la defensa de Ortiz presente un informe sobre los dvds con las grabaciones originales de las escuchas de Brugal. La sala ha reservado los días 5, 6 y 9 de noviembre para la audición de las escuchas.