El inspector de la Policía Nacional responsable de la investigación por los presuntos amaños del Plan General de Alicante sostuvo ayer en el juicio que los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi filtraron al empresario Enrique Ortiz información reservada del futuro planeamiento urbanístico de Alicante. El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial descartó que los planos que manejaba Ortiz procedieran de información interna de la empresa, tal y como este sostiene, y señaló que eran frecuentes las llamadas del promotor a sus empleados para darles instrucciones después de haberse reunido con las autoridades en pleno proceso de revisión del plan, en algunas de las cuales hubo entrega de planos.
«La exigencia para que obraran con cautela nos lleva a pensar que era información con carácter reservado», explicó y agregó que el promotor indicaba que «le pintaran las parcelas de azul» para hacer llegar a las autoridades municipales las zonas que quería que se recalificaran antes de que el planeamiento saliera a exposición pública. Más de seis horas estuvo declarando el responsable de la investigación de todo el caso Brugal en un interrogatorio que durante el turno de las defensas llegó a ser tenso, con protestas desde el banquillo de los acusados ante las conclusiones que exponía el testigo. Los defensas reprochaban a la Policía que haya basado la investigación en conjeturas extraídas de las escuchas y no en hechos sin comprobar cuál era el estado real de la tramitación en el Ayuntamiento de alguna de las zonas bajo sospecha. El funcionario policial defendió la integridad de las intervenciones telefónicas y del sistema Sitel.
El inspector aseguró que del tono de las escuchas se evidenciaba que la relación del promotor con los dos exalcaldes acusados iba más allá de lo institucional y ratificó los informes emitidos sobre las dádivas que habrían percibido los representantes políticos. En el caso de Castedo, viajes en el yate del promotor, vacaciones a Andorra y un vehículo Mini Cooper para una allegada; mientras que en el caso de Alperi se encuentran el pago de los bungalows de sus hijas en la playa de San Juan y un viaje a Creta en jet privado, entre otros.
Otro de los inspectores que intervino en las pesquisas señaló que de las escuchas concluyeron que la extracción de 174.000 euros el 25 de octubre de 2007 de una sucursal del Banco de Valencia se destinó al pago de la casa de la hija mayor del exalcalde. Una operación que les llamó la atención porque se hizo en sábado y no era normal que una empresa abriera en fin de semana una cuenta que él consideró creada ad hoc para cobrar un pagaré. El funcionario explicó que no se hicieron dispositivos para interceptar entregas de dinero a Alperi porque no tenían acceso instantáneo al contenido de los pinchazos, «no los revisábamos hasta el día siguiente», explicó.
«En Alicante, las Hogueras, la Santa Faz y el Hércules son intocables»
El técnico que informó el plan del promotor en el Rico Pérez declara que había que desestimarlo
Una propuesta demasiado ambiciosa como para poder tramitarse a través de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI). Éste fue el principal motivo para que el técnico de Urbanismo Manuel Beltrá informara en contra del proyecto presentado por el promotor Enrique Ortiz en el entorno del estadio Rico Pérez, una de las zonas bajo sospecha en el proceso por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General. El funcionario, que fue apartado durante la remodelación llevada a cabo por Castedo en Urbanismo en 2008, sostuvo que «en Alicante, hay tres cosas que son intocables: las Hogueras, la Santa Faz y el Hércules», motivo por el que cuando se registró el proyecto trató de aislarse de cualquier tipo de «presión ambiental» para emitir un dictamen lo más objetivo posible. La explicación la dio para justificar por qué no conoció las declaraciones de los representantes políticos sobre el plan. A su juicio, la propuesta del promotor no era la más oportuna en un proceso de revisión del Plan General y, en su opinión, el mejor momento para presentarla hubiera sido a través de la fase de alegaciones. Aunque explicó que el redactor del PGOU, Jesús Quesada, podía tramitarlo. La oposición de los comerciantes causó que se acabara rechazando en la segunda exposición pública del plan.
También declaró el responsable de la agencia de viajes de El Corte Inglés, donde se contrataron una de las vacaciones navideñas de Sonia Castedo con Ortiz. El testigo manifestó que el servicio se pagó al contado, sin que se entregara factura y sin poder precisar quién hizo el abono.
