La Policía vinculó en la investigación por los presuntos amaños del Plan General de Alicante el cobro de un pagaré de 177.000 euros con el pago por parte del empresario Enrique Ortiz del bungalow de la hija mayor del exalcalde de esta ciudad, Luis Díaz Alperi. Las escuchas telefónicas pusieron a los agentes tras la investigación de dos extracciones de 150.000 y 174.000 en una sucursal del Banco de Valencia los días 24 y 25 de octubre de 2008, respectivamente.

Uno de los responsables de la investigación declaró esta semana en el juici que se celebra en la Audiencia que de la primera extracción no pudieron esclarecer nada, pero el rastro bancario de la segunda llevó a los agentes a una cuenta de la mercantil Asegur Ingeniería del Fuego SL para obras de la UTE Hospital Elche-Crevillent. El hecho de que la operación se realizara un sábado en una cuenta creada expresamente para el cobro del pagaré levantó las sospechas de que esa extracción pudiera camuflar pagos falsos.

Las escuchas telefónicas apuntaban también a que mientras se estaba llevando a cabo la retirada de los fondos Virgilio Ortiz, el hermano del promotor, y otro de sus empleados, Santiago Bernaldez, estaban esperando a la entrada del banco, mientras una tercera persona retiraba el dinero.

Un informe policial presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, cuando la investigación estaba en este órgano por el aforamiento de Alperi, en febrero de 2013 concluía que «a la vista de la información facilitada no parecen corresponderse con las presuntas dádivas facilitadas por el entorno del señor Ortiz, sino que más bien parecen servir como instrumento de pago de la actividad normal de la UTE» que gestiona el hospital. A preguntas de las defensas el inspector se ratificó en el juicio de manera genérica en el contenido de ese informe.

Casi dos años después, el 16 de diciembre de 2014, la Policía presentó un nuevo informe en el que reabría esa línea de investigación y por el que se acabó deteniendo a Bernaldez, a Pablo Rico y a una tercera persona que al final no fue acusada. La Fiscalía considera que la mecánica utilizada tenía como finalidad desvincular a Enrique Ortiz de la operación. De esta manera, se habría «falseado» un trabajo realizada por Asegur para generar un pagaré por 174.007 euros con el objetivo de que una vez cobrado volviera a las manos del empresario.

La Policía señala en la investigación que «fue Pablo Rico quien efectivamente extrajo el dinero en efectivo». El propio Rico reconoció haber cobrado el pagaré pero niega haber entregado el dinero a Ortiz, tal y como sostienen las acusaciones, sino que dice que se utilizaron para acometer las obras.

La investigación sostiene que una vez cobrado el pagaré, Virgilio Ortiz y Santiago Bernaldez recogieron el dinero y se lo entregaron al promotor. Los 177.000 euros acabaron en manos del exalcalde Luis Díaz Alperi «como compensación por el dinero pagado por su hija mayor por la adquisición de un bungalow, sin que se haya constatado que ésta tuviera conocimiento de la operación.