Si toda macrocausa que se precie lleva adosada su dosis de espectáculo (véase Gürtel, la Kitchen, la Púnica o el caso Malaya, por citar solo unos ejemplos) la de los presuntos amaños del PGOU de Alicante, pieza desgajada de la operación Brugal, no iba a ser menos incluso en este tiempo anormal de pandemia con el que ha coincidido su enjuiciamiento.

No todos los días comparten banquillo en un proceso por corrupción dos exalcaldes (los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo) y el que en el momento de los hechos que se están juzgando (la revelación de datos reservados del planeamiento urbano a cambio de regalos) era el principal contratista del Ayuntamiento y aún hoy sigue partiendo la pana como promotor, Enrique Ortiz.

Y si a eso le sumamos el desparpajo del empresario, la puesta en escena de la exregidora, media docena de abogados de primera línea dispuestos a darlo todo, unas acusaciones a la espera del maná de las escuchas y un tribunal partidario de no poner límites a la libertad de expresión, el festival está servido.

Una vista oral que tuvo su preámbulo antes del verano con las cuestiones previas (que no despejaron en ese momento la incógnita sobre la validez de las escuchas, como esperaban los defensores) y que se ha retomado en otoño con las declaraciones de acusados, testigos, peritos y lo que desde la bancada de las acusaciones consideran la joya de la corona: esas conversaciones intervenidas a lo largo de tres años a Ortiz desde su teléfono y desde el de su mujer. Más de 50.000 de las que para su audición durante el juicio se han seleccionado poco más de trescientas.

Tres días, el 5, 6 y 9 de noviembre, se han señalado para su escucha aunque el tribunal que preside Montserrat Navarro y forman las magistradas Cristina Costa y Margarita Esquiva aún no se ha pronunciado sobre si lo harán en sala o si, como ya acordaron en un juicio anterior con pinchazos procedentes también de la operación Brugal, que validaron, optarán por oírlas en privado.

Una decisión, en el supuesto de que fuera esta última, que provocaría un choque frontal con las acusaciones, en especial con la pública, que no admite discusión sobre la importancia que para el esclarecimiento de los hechos tiene que las conversaciones entre Ortiz y los expolíticos se escuchen en el marco de la vista oral.

Es la baza más potente para apuntalar las tesis acusatorias (además de la Fiscalía Anticorrupción está personado el Ayuntamiento como acusación particular y EU como popular) después de dos semanas de juicio en que las alegrías para esta parte no han sido muchas.

Lo niegan todo

A lo largo de las trece sesiones que han transcurrido desde la declaración de los acusados (Alperi declinó responder salvo a su abogado, el empresario ilicitano Ramón Salvador se limitó a ratificar la conformidad que ya había firmado y los demás lo negaron todo) hasta este jueves, cuando se dio por concluida la prueba testifical, los vientos han soplado a favor de las defensas.

Durante estas dos semanas ante el tribunal de la sección tercera ha desfilado el arquitecto encargado de la revisión del plan, Jesús Quesada, investigado por estos hechos, sacado de la causa in extremis y quien, por supuesto, negó cualquier injerencia de los políticos en su trabajo. ¡Faltaría más! Como también negó la amiga de Castedo a quienes los investigadores aseguran que Ortiz le regalo un Mini por su cumpleaños que eso fuera así. Lo mismo que hizo la responsable de la agencia de viajes con la que la exalcaldesa viajó a Andorra, quien declaró que su clienta pagó en metálico los dos mil euros que costaron esas vacaciones, y que no le dieron la factura porque no la pidió. Testimonios que se completaron con los de empleados del promotor y miembros de la Corporación en los mandatos de Castedo. Lo dicho, jornadas relajadas para las defensas y ningún motivo de satisfacción para las acusaciones.

Una dinámica que se ha torcido en los últimos días con la comparecencia de Ricardo Fuster quien, paradojas del destino, siempre ha dicho que era un buen amigo de Alperi pero al que ha puesto en el disparadero. El empresario valenciano llegó, declaró que fue Ortiz quien pagó los 36.000 euros que le había anticipado al ex primer edil para alquilar el avión en el que viajó a Creta en el verano de 2008 y sirvió en bandeja a las acusaciones el cohecho con el que sostienen que el promotor agradeció al político los servicios prestados.

Y faltaban los inspectores de la UDEF que investigaron los hechos y que lo largo de una jornada completa, mañana y tarde, desgranaron unas pesquisas en cuyas lagunas, que las hay, se emplearon a fondo las defensas protagonizando interrogatorios a cara de perro. Un investigación bajo control judicial y con el apoyo de la Fiscalía en la que, por ejemplo, no se interceptaban los encuentros de los que tenía conocimiento a través de los pinchazos porque se escuchaban días después, cuando ya se habían producido. Un relato de los agentes, jaleado desde el banquillo de los acusados que, visto lo visto, casi dan por hecho que después del alboroto lo mismo no hay tiroteo.