El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gibert, ha remitido un escrito a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, (Cs), y a la concejala, María del Carmen de España, (PP), que vacía de contenido la declaración institucional que tiene previsto presentar este jueves al Pleno del Ayuntamiento de Alicante el equipo de Gobierno que dirige el alcalde Luis Barcala, para reclamar a Puertos del Estado el mismo trato económico para el puerto que el que, supuestamente, reciben los de València y Castellón. La iniciativa municipal de PP y Cs se produce tras conocerse los fondos que van a destinar a inversiones los tres puertos de la Comunidad Valenciana en sus planes de empresa hasta 2024. Gisbert recuerda en su escrito, no falto de ironía, que “se trata si duda de una declaración bienintencionada” pero, según apunta el presidente del puerto, “con la ley en la mano carece de la más mínima justificación”. El edil y portavoz de Compromís, Natxo Bellido, pide la retirada de esta propuesta que demuestra "el desconocimiento del que hace gala el equipo de gobierno". El alcalde, Luis Barcala, ha ordenado la retirada de la declaración institucional de la orden del día del pleno de este jueves, según han confirmado a este periódico fuentes municipales.
Según el puerto, el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, deja claro que “El régimen económico de los puertos de titularidad estatal deberá responder al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios”.
Por ello, las Autoridades Portuarias vienen obligadas, anualmente, a elaborar un plan de empresa. Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 , “El proyecto de plan de empresa será elaborado anualmente por la Autoridad Portuaria, de acuerdo con los objetivos definidos, en su caso, en los instrumentos de planificación plurianual, que deberán ajustarse a la política económica del gobierno. Dicho plan deberá contener, como mínimo: un diagnóstico de situación, las previsiones de tráfico portuario, las previsiones económico-financiera, , la programación de inversiones públicas, y la estimación de inversiones privadas”.
Eso significa que las inversiones previstas para el puerto de Alicante las decide y las financia, con recursos propios o con financiación ajena, la Autoridad Portuaria de Alicante, de forma consensuada con Puertos del Estado, pero siempre a iniciativa de la propia Autoridad Portuaria. Lo mismo para el resto de las otras autoridades portuarias, según explica en su escrito Juan Antonio Gisbert.
“Es cierto que el presupuesto que elabora y aprueba la Autoridad Portuaria de Alicante, consolida con los presupuestos que elaboran el resto de las autoridades portuarias y con el del organismo público Puertos del Estado, para formar el presupuesto del sistema portuario español, que a su vez consolida con los presupuestos del ministerio del que depende, y, en último término, en los presupuestos generales del Estado, pero los ingresos de las autoridades portuarias proceden de las tasas y no de transferencias que decide el Gobierno”, asevera Gisbert. Es decir, que el Ejecutivo central no es quien toda a los puertos de fondos para financiar sus gastos, incluidas las inversiones. “Es lo saben o deberían saberlo, porque así se explica en las sesiones, los representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración de esta Autoridad Portuaria”, añade Gisbert, que pide la retirada de esta declaración.
El plan de empresa 2020-2024 del puerto de Alicante prevé una versión de 140 millones de euros, de los que 22 corresponden a fondos propios y 118 millones de actuaciones de los concesionarios.
