El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertido este martes que «por supuesto» que se cerrará la Comunidad Valenciana antes del puente de Todos los Santos «si fuera necesario» para frenar el avance de la pandemia. Aún así ha matizado que en estos momentos aún no se lo plantean porque primero se debe estudiar cómo evoluciona la pandemia y los efectos que tiene la implantación de la restricción de la movilidad nocturna y la limitación de las reuniones a seis personas.
Tras la declaración el domingo del estado de alarma, han sido varias las comunidades autónomas, como Aragón, Asturias y País Vasco, que en las últimas horas han anunciado cierres perimetrales para evitar que un aumento de la movilidad pueda disparar la incidencia de la pandemia. Este año la festividad de Todos los Santos cae en domingo, por lo que seis comunidades autónomas han pasado la fiesta al lunes día 2. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.
Puig, en una entrevista en «Espejo Público», ha recalcado al respecto: «las medidas deben tomarse en el momento en el que sean lo más eficaces posibles y a día de hoy estamos viendo cómo evoluciona el seguimiento de las medidas restrictivas, analizaremos permanentemente la situación y se adoptarán las medidas oportunas», ha garantizado. Al respecto, ha recordado que la Comunidad Valenciana «se avanzó» al aplicar las medidas restrictivas a la movilidad entre las 0.00 y las 6.00 horas porque aunque los datos epidemiológicos son «buenos respecto a otros, son muy malos porque tenemos un índice de 171 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días». «Es evidente que estos datos están fuera del objetivo deseable de llegar a menos de 50», ha evidenciado. Además, ha advertido de que los datos de la presión hospitalaria en la Comunidad son «muy preocupantes» porque han crecido un 50% en una semana. Puig ha recalcado que «desde la perspectiva de la acción directa de la contención básica se contrataron a más de mil rastreadores a principios de verano y ahora se dispone de 1.500». Sin embargo, «la propagación tan masiva hace que la trazabilidad se pierda en muchos ámbitos». Por tanto habrá que adoptar «nuevas decisiones restrictivas si no somos capaces de controlar la situación».
Aún así ha destacado que la Comunidad Valenciana está «mejor» que tantos países como Francia, Países Bajos o Gran Bretaña, lo que «no debe llevarnos a un mensaje de autosatisfacción».
Por ello, ha insistido en que «por supuesto se cerrará la Comunidad si se considera necesario» y se adoptarán «esta y otras medidas». Con todo, ha explicado que se debe tener en cuenta que la población valenciana ha seguido «a rajatabla» el primer confinamiento, que se cumplió al 92% y en la primera noche del toque de queda se observó «una voluntad manifiesta de cumplimiento». Por ello, ha confiado «plenamente» en «el desarrollo de estas medidas con la corresponsabilidad».
Mientras, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado las limitaciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales acordadas por la Generalitat el pasado sábado 24 de octubre, antes de la declaración del estado de alarma, con efecto hasta el próximo 9 de diciembre.
La Fiscalía había informado previamente en el sentido de no oponerse a la ratificación. La Sala entiende que la Ley Orgánica 3/86, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, proporciona «suficiente cobertura normativa sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales».
«Las dos medidas que ahora tratamos suponen únicamente la restricción o limitación de libertades y derechos fundamentales, no la suspensión de los mismos (esto no es una cuestión de matiz, sino de cardinal trascendencia)», sostiene el Tribunal en un auto notificado este martes.
De este modo, la restricción a la movilidad entre las 0.00 y las 6.00 horas con determinadas excepciones supone una «limitación temporal» al derecho a la libre circulación y deambulación y además contiene «muy importantes excepciones», precisa la Sala. Por su parte, la reducción a un máximo de seis personas no convivientes de las agrupaciones o reuniones familiares y/o sociales «no pasa de la categoría de limitación del derecho de reunión, nunca de suspensión del mismo».
Los magistrados recuerdan que el Tribunal Constitucional «admite el establecimiento de medidas concretas limitativas del efectivo ejercicio de derechos fundamentales sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción».
HUELGA CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO
El Sindicato Médico ha convocado este martes una jornada de huelga a nivel nacional, que se repetirá todos los últimos martes de cada mes, para protestar por el Real Decreto Ley 29/2020 aprobado a principios de octubre. María José Gimeno, secretaria provincia del Sindicato Médico, ha explicado que «nos hemos visto obligados a hacer esta huelga porque el real decreto ha colmado el vaso de nuestra paciencia después de décadas de penurias y recortes». Gimeno advierte de que este real decreto «socava las bases del Sistema Nacional de Salud porque se sustituye a profesionales perfectamente formados por otros que no lo están y se pretende una homologación rápida de extracomunitarios».
