La Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, acabará en las Cortes Valencianas. El grupo parlamentario de Unides Podem en las Cortes presentará una Proposición No de Ley (PNL) para tratar de "bloquear la ordenanza de vagos y maleantes que ha presentado el bipartito", según el grupo municipal liderado por Xavier López. La Ordenanza, que está en fase de enmiendas, se prevé aprobar en el pleno del próximo mes de noviembre. Luego se abriría el plazo de exposición pública, para posteriormente pasar a aprobación definitiva. El texto cuenta, por ahora, con el apoyo del bipartito (PP y Cs) y de Vox y el rechazo en bloque de la izquierda.
La coalición morada considera que la "finalidad punitiva de la norma, discriminatoria hacia los más vulnerables, coloca en una situación de desamparo a estas personas, lo que tiene un difícil encaje con los derechos consagrados en la constitución". Por ello, añaden que el próximo 25 de noviembre, Unidas Podemos presentará en sesión plenaria en las Cortes una PNL con el objetivo de tratar de "paralizar la aprobación de la ordenanza". Estas propuestas son propositivas, pero no de obligado cumplimiento por otras administraciones.
Por otra parte, el grupo municipal ha presentado hoy una enmienda a la totalidad para intentar paralizar la “ordenanza para la convivencia cívica”, que se une a las ya anunciadas por el PSOE y Compromís. Unidas Podemos cuestiona la "seguridad jurídica y el encaje con algunos artículos de la Constitución que se deriva del redactado de la ordenanza de vagos y maleantes".
Para Unidas Podemos, la enmienda a la totalidad se justifica en que la "ordenanza establece términos jurídicamente vagos que suponen una situación de desprotección para las personas más vulnerables". La redacción "no fija con claridad suficiente los comportamientos prohibidos, por lo que no garantiza el principio de tipicidad del artículo 25.1 de la Constitución Española". Además, según Unidas Podemos, "se utilizan conceptos jurídicos indeterminados (horas impropias, apariencia de mendicidad, ofrecimiento, solicitud, negociación, buena convivencia ciudadana y aceptación ) de difícil interpretación por su falta de concreción".
Esto supone, según el grupo liderado por Xavier López, "un quebranto del principio jurídico de taxatividad de las normas sancionadoras y del principio de seguridad jurídica que ha de asistir a las mismas, prescrito por la Constitución Española (art. 9.3 CE)".
Este jueves, por otro lado, Unidas Podemos llevará la retirada de la ordenanza al pleno municipal a través de una declaración institución. El portavoz municipal, Xavier López, ha garantizado que emplearán "todas las herramientas para tratar de parar esta barbaridad que persigue criminalizar a las personas más vulnerables".
López ha destacado “la cantidad de odio que hay en esta ordenanza” y que, de aprobarse, “supondría claramente una victoria de la ultraderecha”. En este sentido, el portavoz municipal ha invitado a Ciudadanos, como ya hizo recientemente el PSOE, “a desmarcarse de la ultraderecha y volver al consenso de los Derechos Humanos”. López considera que el centro “no está en ir a criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra ciudad” y se muestra seguro de que “en Ciudadanos lo saben”.
Además, el grupo municipal ha presentado enmiendas parciales para tratar de "impedir que las sanciones dirigidas a la gente económicamente más vulnerable derive en situaciones que podrían afectar gravemente a sus Derechos Humanos y a su dignidad como personas". "Prohibir dormir, orinar o lavarse a personas sin hogar en el espacio público, sin ofrecerles recursos donde puedan realizar estos actos fisiológicos, es inaceptable", según Unidas Podemos.
Las enmiendas parciales tienen también como objetivo "tratar de evitar que las sanciones administrativas económicas a las personas vulnerables supongan una traba para la tramitación posterior de rentas, subsidios y ayudas contra la exclusión social, dado que en muchos casos se establece como requisito no tener deudas pendientes con ninguna Hacienda territorial".
