«He leído que el Ayuntamiento quiere multar a los que pedimos. No lo entiendo. Estamos en la calle sobreviviendo. De las multas no van a conseguir nada, no podemos pagarlas». Habla Carlos Zamorano, un sintecho natural de La Rioja que lleva desde niño en la capital alicantina. Carlos, que trabajó en el sector de la informática, es conocido en la ciudad porque siempre pide en céntricas avenidas en compañía de sus inseparables libros. Vive en la calle. «No tengo ingresos. Vivo de lo que saco en la calle. Me conformo con tener algo para comer y tomarme un café por la mañana. Con eso me es suficiente», añade Carlos, quien agradece la buena voluntad de muchos alicantinos que le regalan desde mantas a nuevas lecturas.
La Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución está en plena tramitación municipal, a la espera de resolverse las enmiendas de los grupos antes de someterse a la votación del Pleno, donde todo apunta a que saldrá adelante con el apoyo de la derecha (PP, Cs y Vox) y el rechazo de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís). El bipartito, en la sesión plenaria de la pasada semana, rechazó una propuesta de la coalición morada para que renunciase a seguir adelante con la ordenanza. El documento, ahora rebautizado como Ordenanza de Convivencia Cívica, recupera en la práctica el texto que impulsó hace dos mandatos el gobierno de Sonia Castedo. La ordenanza del bipartito se inspira también en el modelo impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque eliminando toda alusión a la intervención social. «Es un disparate que se planteen multar por pedir o dormir en la calle. Nosotros queremos buscarnos la vida, no queremos robar porque yo, por ejemplo, nunca lo he hecho», señala Isidoro Álvarez, un murciano que llegó hace unos años a la ciudad. «Multar por pedir es un disparate, un sinsentido. Yo me siendo aquí (en Maisonnave) y me da dinero quien quiere. En una mañana puedo sacarme cinco euros», añade Isidoro, quien reclama al Ayuntamiento que en lugar de impulsar multas a los sintecho promueva alquileres baratos. «Yo podría pagar hasta 150 euros al mes por una habitación. Pedir en la calle no es nada agradable», prosigue Isidoro, quien ahora vive en el albergue, aunque sabe que esta opción tiene fecha de caducidad. Antes vivía en una habitación, pero el dueño del piso decidió venderlo.
Cerca del albergue, aunque fuera, vive también Carlos Fluxá, que pasa las noches en una tienda de campaña. «Creo que es un absurdo que multen a la gente que pide en la calle, en cualquiera de las formas», añade un hombre que trabajó en la electricidad y en la pastelería y que vivió cerca de donde hoy pide, en una perpendicular a Maisonnave.
En otra calle próxima pasa los días Javier Chacón, un joven de 24 años que lleva dos años sin trabajar. Antes de pedir, estuvo en la construcción. «Aquí estoy, buscándome la vida. Echando muchas horas... Si nos multan, al final nos obligarán a robar o vender lo que no queremos. La mayor parte de la gente que pide en la calle es porque necesita el dinero. Si no tenemos para comer, cómo vamos a tener para pagar multas...», añade Javier, junto a una bolsa de plástico en la que introduce los alimentos que le dan algunos clientes del supermercado en el que pasa las horas. «Vivo, solo, de okupa en la Zona Norte. Si no me sale trabajo, de algo tengo que comer. En un día puedo sacar 20 euros, suficientes para comer y vestirme. Y ya».
