La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se mostró ayer inflexible en su defensa de los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó, durante la presentación de las alegaciones que el Consell ha trasladado al Ministerio en el marco de la antesala a la redacción de los futuros planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y el Júcar. Sobre el primero, la consellera mostró su rechazo a que se aumenten los caudales ecológicos del río en Toledo, Talavera y Aranjuez, porque provocaría una merma anual del 20% del caudal (79 hm³), a trasvasar a Alicante y Murcia. El Consell plantea, a cambio, que la solución para el río es «conseguir los adecuados niveles de depuración de los 500 hm3 que se tratan mal en el área metropolitana de Madrid y en Toledo». La consellera considera que ahí radica el verdadero problema del Tajo, y que no se solucionaría reduciendo los desembalses a Alicante en los pantanos de Entrepeñas y Buendía. «Lo que debe hacerse es mejorar la regulación de estos 500 hm³ que se depuran mal y que duplican la media de agua trasvasada al Segura para el regadío». En cuanto, al futuro del Júcar-Vinalopó, Mollà exige al Gobierno central que deje de reclamar los entre cien y doscientos millones de euros que la empresa estatal Acuamed, respaldada por la Confederación del Júcar, pide para enviar agua al Vinalopó, l`Alacantí y la Marina Baixa desde el Azud de la Marquesa.
Mollá considera que el marco que regula el trasvase Tajo-Segura ya contempla la existencia de esos caudales ecológicos generadores de crecidas, y estos ya están contabilizados dentro de la reserva de 400 hm³ que marca la línea del no trasvase. Por tanto, no cabe, según los técnicos, disminuir el excedente disponible con más desembalses. El establecimiento de los nuevos caudales ecológicos mínimos propuestos en el esquema de temas importantes el Tajo, con valores superiores todos los meses, conllevaría de forma continua mayores desembalses, que son innecesarios desde el punto de visto ecológico. En concreto, el Ministerio y el Gobierno de Castilla-La Mancha plantean que los actuales caudales ecológicos del río en Aranjuez (6 m3/ segundo), Toledo y Talavera (m3/segundo), suban hasta los 9 m3/ segundo en Aranjuez, 28 m3 en Toledo y 34 m3 en Talavera.
Según los técnicos de la Conselleria de Agricultura, el incremento de caudales ecológicos mínimos en Aranjuez y, especialmente, un mayor desembalse en la cabecera del Tajo asociado a ese incremento, no está justificado desde el punto de vista técnico, ambiental, económico ni social. «Tampoco sería una medida eficaz para el logro del buen estado en las masas de agua situadas abajo», rezan la alegaciones.
Otras medidas de carácter muy distinto, como la mejora de la depuración y la regulación de las aguas depuradas para su uso con fines ambientales en el ámbito de la demarcación hidrográfica, concretamente en el área metropolitana de Madrid, «son esenciales para lograr los objetivos de la directiva marco del agua. La Generalitat Valenciana apoyaría, frente a la opción desestimada de mayores desembalses, la inclusión de estas actuaciones como proyectos singulares a los que debería asignarse financiación directa a través de los Fondos Europeos de Recuperación», subraya Mireia Mollà.
«Queremos resolver el problema del Tajo, que no es el trasvase, no son los regantes, es la mala depuración. No creemos ni avalada científicamente, ni motivada, ni justificada la consideración sobre los caudales ecológicos», aseveró la titular autonómica de Agricultura y Transición Ecológica.
COMPLETAR EL JÚCAR-VINALOPÓ E INTEGRAR LA DESALADORA DE MUTXAMEL
La titular de la política hídrica del Consell pide que la planta se ponga en marcha para inyectar agua
La consellera de Agricultura ha pedido en las alegaciones al plan del Júcar, que el documento incluya la finalización de las obras del postrasvase que está llevando a cabo la Generalitat, y que se incorpore al sistema el caudal de la desaladora de Mutxamel para paliar el déficit hídrico de este sistema de explotación Vinalopó/l’Álacantí/Marina Baixa, «siendo el destino de las aguas transferidas desde la desembocadura del Júcar la recuperación de acuíferos sobreexplotados». Mollà también reclama que se mantenga la excepción de la aplicación del principio de recuperación de costes a la inversión en las obras que permiten esa sustitución. La consellera se refiere, en concreto, a los entre cien y doscientos millones de euros que la empresa pública Acuamed exige a los regantes desde hace dos años, como condición para volver a abrir el trasvase. «Nuestras alegaciones persiguen un objetivo: proteger el interés ambiental y agrario», señaló Mollà. Esta postura de la Conselleria «se refleja en los presupuestos autonómicos, que destinan una partida cercana a los cinco millones de euros al postrasvase, una infraestructura necesaria para recuperar los acuíferos y que la Generalitat no repercutirá en los regantes». Mireia Mollà confía que la actitud «receptora» del Ministerio de Transición Ecológica a las aportaciones, aunque no descarta «otro tipo de trámites legales si las contribuciones de la administración autonómica no se ven reflejadas en el documento final».
