Tres meses. Éste es el plazo que le da el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante al Ayuntamiento para que ofrezca una solución definitiva al actual paso subterráneo de la avenida de Dénia, que conecta El Pla y La Goteta, al «resultar indiscutible que no cumple con la normativa» de accesibilidad. La sentencia, que estima en parte el recurso presentado por dos entidades de la Plataforma Comarcal por la Movilidad (la asociación de vecinos del Pla y el sindicato CC OO), concede dos alternativas al gobierno municipal, liderado por Luis Barcala: «O ajustar el paso de peatones subterráneo a las disposiciones contenidas en la Orden de 9 de junio de 2004 e incluso a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2013, con la finalidad de evitar futuros recursos interpuestos por personas legitimadas para ello; o bien, optar por la sustitución del paso subterráneo por un paso en superficie como ya se contemplaba en el año 2002 en el ‘Plan Especial Avenida de Dénia’ y en el ‘Proyecto de construcción de la nueva Avenida de Dénia’». Es decir, el juez ordena al bipartito que remodele el paso para que cumpla con la normativa de accesibilidad o que opte por su sustitución.

Desde la PCM lamentan que el Ayuntamiento de Alicante haya «perdido más de tres años, enfrascado en los juzgados y manteniendo un paso inferior muy deficiente». La plataforma critica la «absoluta imposibilidad para los usuarios de sillas de ruedas de cruzar la avenida de Dénia a la altura del Colegio Oficial de Médicos», aunque subrayan que «no es el único problema pues se trata de un paso subterráneo que provoca notables molestias para el resto de los numerosos usuarios potenciales de este paso, doblemente en el caso de las mujeres por la inseguridad».

Para la entidad, el aumento de la edificación, la implantación del Centro Comercial Plaza Mar 2 y la construcción del apeadero del TRAM «ha incrementado la necesidad de dicho cruce peatonal». En la actualidad, el paso peatonal en superficie más próximo al acceso subterráneo se encuentra a más de 300 metros de distancia, lo que obliga a las personas con problemas de movilidad a recorrer más de 600 metros entre ida y vuelta para ir de un punto a otro de la avenida, cuando -según señalan- de habilitarse un paso en superficie sólo tendrían que cubrir sesenta metros.

Para la PCM, el Ayuntamiento sólo tiene una salida: «La única solución viable a este problema de accesibilidad es la instalación de un paso peatonal en superficie, regulado con semáforos, tal y como tiene previsto el Plan Especial de la Avenida de Dénia, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 19 de febrero de 2002». Para los demandantes, esta sentencia supone una «oportunidad» para que el concejal de Movilidad y Tráfico, el popular José Ramón González, «demuestre que no es el concejal ‘de los coches’ en exclusiva y que entienda que para que una ciudad sea habitable e inclusiva hay que mejorar su accesibilidad peatonal». En la denuncia presentada por las dos entidades pertenecientes a la PCM se adjuntaba un informe técnico en el que se alertaba de hasta treinta incumplimientos de las condiciones básicas de accesibilidad.

El Ayuntamiento tiene ahora quince días desde la notificación para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). Fuentes municipales aseguraron este viernes que estudiarán el auto con el departamento jurídico para tomar una decisión.