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Análisis

El triángulo de las Bermudas

Las escuchas por los presuntos amaños del PGOU de Alicante retratan un entramado de relaciones entre los exalcaldes Alperi y Castedo y el promotor Enrique Ortiz en un submundo en el que no faltaban caprichos, exigencias y mentiras

Los tres protagonistas en una imagen de 2010.

Los tres protagonistas en una imagen de 2010.

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Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Durante años su comunicación fue más que fluida. Hablaban constantemente. Varias veces al día en muchas ocasiones. Quedaban a comer, a cenar, a tomar café... cualquier momento era bueno porque para el empresario Enrique Ortiz no había límite entre día y noche y sus vidas profesional y personal eran una.

Compartían intereses y tiempo libre. Con la exalcaldesa Sonia Castedo, en viajes a Andorra por Navidad y en verano a Ibiza. Con su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, en jornadas en barco con marisquito, en palabras del exregidor, que Ortiz, propietario del yate y quien en esos años tenía las contratas más jugosas del Ayuntamiento y los ojos puestos en la incipiente revisión del planeamiento urbano de la ciudad, abonaba. Con mayor o menor agrado, pero era él quien convidaba como parte del precio que tenía que pagar para mantener engrasados los contactos.

El empresario y los políticos eran los tres lados de un triángulo en constante interrelación pero de los que cuesta encontrar una foto juntos en aquellos años de bonanza política para unos (no había elección que el PP no ganara por goleada) y empresarial para el otro. Buena prueba de ello es que en el archivo de este diario solo existen un par de imágenes de los tres juntos y son del día que asistieron al funeral del histórico presidente del Hércules José Rico Pérez. Y aún así, la fotógrafa tuvo que apañárselas para que el trío saliera en el plano. Le costó a Cristina de Middel porque el sepelio tuvo lugar el 7 de julio de 2010, en plena eclosión del caso Brugal por la que ahora el empresario y los dos exregidores están siendo juzgados en una de las piezas desgajadas, la de los presuntos amaños del PGOU de Alicante. No era pues el mejor momento para posados y eso que ahí las sospechas de corrupción solo apuntaban al promotor. Lo de Alperi y Castedo vendría después.

Una vista oral, decía, que encara esta semana su recta final y que está enfangada ahora en la audición ante el tribunal de una pequeña muestra de las conversaciones intervenidas al empresario a lo largo de tres años. Pequeña (se van a escuchar apenas 300 de los casi 70.000 pinchazos grabados en su móvil y en el de su mujer) pero lo suficientemente representativa de cómo el promotor se movía y, lo más reprobable si cabe, de cómo los ahora expolíticos entendían la función pública que a través de las urnas les habían encomendado los ciudadanos.

Con independencia del encaje en el Código Penal que de todo lo que se está oyendo en la sala al final encuentre el tribunal que preside Montserrat Navarro, la escucha de las intervenciones telefónicas está siendo algo así como la argamasa que une los cabos sueltos de una instrucción por la que se nota que han pasado al menos media docena de jueces.

Unos pinchazos que muestran sin tapujos a un empresario dispuesto a no dejar pasar una oportunidad de negocio y que, con un desparpajo y un don de gentes innato, capaz es de sentarse a cenar con el mismísimo diablo para cerrar una operación sin importarle mucho si para eso tiene que fanfarronear, mentir a unos, ocultar información otros o dar de comer a todos.

Porque si hay algo que evidencian estas conversaciones son comportamientos que deberían estar proscritos en la práctica política. Como el de quien durante trece años fue la primera autoridad de Alicante, que aparece retratado como alguien sin reparo alguno para pedir favores no en pro de ciudad, lo que habría tenido su justificación, sino en su propio beneficio.

Aunque más que solicitar, Alperi exigía. Como cuando reclama al empresario que le sufrague el coste del jet privado con el que quiere volar Creta, donde al final fue, y le responde airado al comentario sobre el elevado precio de su capricho. O cómo, ya siendo diputado autonómico, le pide que le preste su chófer para ir a Valencia a las Cortes porque a él eso de conducir y aparcar es un engorro. O el insistente requerimiento, en plenas fiestas navideñas, para que Ortiz le solucione el problema que tiene su hijo en la obra inacabada de un edificio. Eso sin contar los 35.000 euros que el retoño el exregidor le pide al promotor que ponga en una sociedad en la que se le dio trabajo. «Mi padre me ha dicho que los pones tú», le espetó. En esas fechas, da la impresión de que Ortiz habla más con el hijo de Alperi que con los suyos propios.

Con menor grado de exigencia pero en un tono que desmiente de plano lo declarado ante el tribunal dibujan también las escuchas las relaciones que la edil de Urbanismo primero y alcaldesa después mantiene con el empresario. De regidora a contratista las definió Castedo en su comparecencia, un contratista al que llamaba bombón, que le regalaba chaquetas de Carolina Herrera y con el que se iba de vacaciones en su yate. Lo normal.

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