Debate, discusión y oposición entre las asociaciones de padres es lo que está generando la reforma de la Lomce, también conocida como Ley Wert, aprobada por el Partido Popular en 2013.
La nueva Lomloe, también llamada Ley Celaá, tiene algunos puntos que crean incertidumbre y hasta enfado en algunos docentes, como es el pase de curso «de forma excepcional» con algunas asignaturas suspendidas. Dos profesoras que desarrollan su profesión en un IES se preguntan «cómo podrán animar a los alumnos a superarse y sacar mejores notas si no hay límite de suspensos». Al igual que en la EBAU. ¿Qué nota le pongo al que se la juega todo a un examen para acceder a su futuro?», manifiestan. Ambas docentes, que piden mantener el anonimato por miedo a represalias, invitan a la ministra Isabel Celaá a dar «una de sus clases para que vea de primera mano cuáles son las necesidades más urgentes para abordar».
Sin embargo, la aprobación de esta ley es valorada como positiva por Lázaro Azorín, diputado en las Cortes y portavoz adjunto en la Comisión de Educación y Formación Profesional. Este maestro de Primaria explica «que no es factible que seamos el país con más alumnos repetidores y con el abandono escolar alto. Esta ley incide en la calidad educativa, haciendo un sistema más equitativo y exigente que fomenta la adquisición de competencias básicas para el momento que estamos viviendo».
«Es una ley que pone a los alumnos en el centro del sistema educativo y que se adapta a sus capacidades y necesidades», argumenta.
Plurinlingüismo y desventaja
Desde la COVAPA, su presidenta, Sonia Terreros, afirma que «el partidismo, que no la política, debería estar fuera de las escuelas». Para afirmar que «no es factible pasar de curso con asignaturas suspensas. Regalar títulos por regalarlos. Ningún padre quiere que nuestros hijos pasen de curso sin haber aprendido lo esencial y básico. Estamos favoreciendo que al alumno le dé igual todo».
La denuncia de Txomin Angós en tiempos de pandemia transita por la presencialidad, «en muchos públicos no se da al 100%, si eso lo unimos a la recuperación del trimestre pasado, el resultado es más que previsible. Si en octubre dices que todos los niños pasarán de curso, no estás estimulando, sino todo lo contrario. Me parece preocupante». El presidente de la FAPA Enric Valor menciona «a los estudiantes de hoy, muy faltos de conocimientos, quienes serán los futuros profesores de mañana. Si el aliciente que les damos es que no te preocupes que vas a pasar de curso, me parece alarmante».
Otro de los colectivos, la CONCAPA la define como «la peor ley que se ha redactado, en la que es imposible hablar de elección y libertad, con un claro ataque a la enseñanza concertada. Les molesta que existamos y pretenden eliminarla. El PSOE creó la concertada y el mismo la quiere eliminar». El secretario técnico de la asociación, Rafael Araújo opina que con esta ley y el informe PISA «los estudiantes españoles se situarán en una clara desventaja para poder acceder al mercado laboral nacional, europeo y mundial». Araújo recuerda el artículo 3 de la Constitución, en referencia a la enmienda presentada en Cataluña para que el español deje de ser lengua vehícular. «Aquí ya hubo que acudir a la justicia para tumbar el decreto de plurilingüismo», recalca.
Un artículo que también menciona, Sonia Terreros, seguida de la siguiente afirmación «no podemos hacer leyes e imposiciones que generan desigualdades y enfrentamientos cuando nunca los ha habido. Siempre hemos convivido con las dos lenguas y no hemos tenido ningún tipo de problema y sí el derecho a elegir la exención. Hay una discriminación total sobre la lengua».
Un sentir contrario tiene Lázaro Azorín, ratificando que ambas lenguas son vehiculares en la enseñanza «como establece la Constitución», citando también el artículo 3 de la Carta Magna.
«La lengua, la cultura y los valores deben ser patrimonio de todos y no un arma arrojadiza por un puñado de votos», matiza.
