El juicio por los presuntos amaños del PGOU ha entrado en su recta final. Acabada la audición de las escuchas telefónicas, la Fiscalía ha avanzado que, salvo algún cambio que no altera sustancialmente las penas, mantiene las acusaciones contra los exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, que se enfrentan a penas de una media de diez años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, este último en el caso de los representantes políticos.
La cuantía de la multa que se pedía por el viaje de Castedo a Ibiza en el yate del promotor se ha reducido a la mitad, al estimar una nueva tasación del trayecto que tenía en cuenta que había más personas en el viaje.
La Fiscalía ha añadido también para el caso de los abogados de Salvetti un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios, delito que está sancionado con una multa.
