Las defensas de los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, Ignacio Gally y Vicente Grima respectivamente, sostuvieron ayer durante sus informes finales en el juicio por los presuntos amaños del PGOU que la información del futuro planeamiento de la ciudad no era una materia reservada, pero que de todos modos no hay nada en la causa que pruebe que ellos los filtraran. Una línea de argumentación que se extendía al resto de los cargos que se les imputan. Negaron la mayoría de las supuestas dádivas recibidas del empresario Enrique Ortiz pero admitiendo que, de haber algún delito, sería un cohecho impropio (regalos a una autoridad en función de su cargo) y estaría prescrito.
«El viaje de Castedo en el yate de Ortiz puede ser reprobable éticamente, pero no es ningún delito»
Del mismo modo, sostuvieron que las escuchas telefónicas en las que se basa la investigación son nulas, pero que en su contenido no hay delito alguno. Según Grima, las conversaciones telefónicas apuntaban a que era Ortiz quien hizo llegar planos a Alperi mientras que para Gally otras escuchas que afectaban a Castedo desvelaban que «lo que le había dado no era lo que pedía».
La defensa de la exalcaldesa aseguró que en este asunto «la resolución que hay que tomar como referencia es la que archivó el caso Rabasa, donde se imputó a las mismas personas por hechos similares por los mismos investigadores». El instructor lo cerró en 2016 al no ver delito en una decisión que fue confirmada por la Audiencia. Gally insistió en que los trabajos de revisión del Plan General «no tienen carácter reservado» y que cualquier particular puede pedir copias de todos los planes y progamas aprobados o en tramitación. En este sentido, incidió en que Castedo no tenía la obligación de abstenerse en la aprobación «porque el Plan General afecta a todos los ciudadanos, no sólo al señor Ortiz».
Gally sostuvo que su clienta se pagó de su bolsillo y en efectivo las vacaciones navideñas que pasó en Andorra con el promotor y que lo mismo ocurrió con un Mini Cooper para una de sus allegadas. El letrado señaló que lo único que la exalcaldesa ha admitido es el viaje en el yate del empresario. «Puede ser reprochable éticamente pero no es ningún delito», dijo. «Si invito a una amigo a pasar el fin de semana a mi casa, no le pago el alquiler», rechazando la valoración de más 200.000 euros del viaje que hizo un perito.
«Que la Policía diga que investigó a Alperi como alcalde y no como diputado es una explicación esquizofrénica»
La defensa de Alperi insistió en las nulidades por las escuchas telefónicas y en el hecho de que no se respetara el aforamiento del exregidor en la investigación. «La respuesta de un Policía que dijo que le investigaban como alcalde y no como diputado es esquizofrénica».
El letrado incidió en que en la investigación para determinar si Ortiz pagó los bungalows de los hijos de Alperi «hay falacias argumentales y olvidos», como que uno de ellos fue desahuciado por el impago del alquiler. El letrado dijo que estaba acreditado que las dos hijas pagaron su hipoteca. Y añadió que los 60.000 que llevó la mujer de Ortiz a casa de Alperi era para su amigo Antonio Solana.
El letrado del exalcalde arremete contra el testigo del vuelo a Creta
Buena parte del informe de la defensa del exalcalde Luis Díaz Alperi se dedicó a tratar de rebatir y cuestionar la credibilidad del testigo Ricardo Fuster, quien aseguró haber cobrado 36.000 euros del promotor Enrique Ortiz por el viaje en jet privado a Creta del exregidor en el verano del 2008. El letrado Vicente Grima subrayó que Fuster ha ofrecido versiones cambiantes sobre estos hechos a lo largo del procedimiento y que con esta incriminación pretendía dejar de estar imputado en esta causa y lograr beneficios penales en otra por la que estaba acusado en València. También cuestionó la factura en la que, según él, quedaba contabilizada la operación con Ortiz para el jet privado.
