Visto para sentencia. El juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante terminó este viernes tras el informe de la defensa del promotor Enrique Ortiz, el letrado Francisco Ruiz Marco, que durante dos horas cargó contra la falta de pruebas de una investigación en la que, a su entender, ni siquiera había quedado acreditado que los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi entregaran al promotor los planos del futuro planeamiento urbano. Junto a estos tres, también están acusados los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, cuya defensa presentó también su alegato; así como Virgilio Ortiz, hermano del promotor, uno de sus empleados Santiago Bernáldez y el empresario Pablo Rico, a quienes se acusa de haber participado en entregas de dinero en efectivo a Alperi . Completa el banquillo el promotor Ramón Salvador, quien cerró un acuerdo con la Fiscalía antes de la vista por el que se declaró culpable de las acusaciones.
Con la intervención de Ruiz Marco se cerraba una larga vista oral por esta rama del caso Brugal que se ha desarrollado durante cerca de una treintena de sesiones repartidas en diferentes días desde el pasado junio. La defensa de Ortiz comenzó su alegato incidiendo en que «esta causa arrancó sobre las apariencias que las palabras de las escuchas generaron en los responsables de la investigación y eso ha llevado a tratar de confirmar esas palabras». A su juicio, se ha intentado forzar la realidad a lo que se dice en los pinchazos cuando en la causa «no hay hechos que constituyan delito alguno».
El letrado fue desmenuzando en su informe las zonas donde tenía intereses Ortiz para negar la existencia de un delito de tráfico de influencias. «Con el Rico Pérez la única realidad en la sala y en la vida real es que había una pretensión para que se recalificara y no se hizo», aseveró. En este sentido, recordó que había hasta tres dictámenes en contra «aunque los informes policiales dicen que se desestimó por el rechazo de los comerciantes. Otro tanto ocurrió con el proyecto de la Ciudad de la Economía, «donde la CAM y el empresario perdieron nueve millones de euros». Asimismo evidenció que en el escrito de acusación aparecen zonas donde «no hay ninguna ilegalidad», como la calle Ceres, o en las que el promotor no tiene suelo, como Fontcalent. Del mismo modo, recalcó que los terrenos del empresario en Torres de la Huerta se adquirieron entre 2004 y 2006 y desde 2002 ya era público que iba a pasar de rústico a urbanizable.
Ruiz Marco subraya que la competencia última para aprobar el plan era de la Generalitat y que no hubo informes en contra
Para Ruiz Marco, de entre más de las 50.000 conversaciones interceptadas a Ortiz, en ninguna aparece un solo dato que indique qué información del planeamiento revelaron Castedo o Alperi al promotor. Aunque insistió, al igual que hicieron el jueves las defensas de los exalcaldes, que se trataba de datos públicos y que «son las acusaciones las que tienen que demostrar su carácter reservado».
La defensa de Ortiz rechazó la existencia de un delito de prevaricación porque la competencia última para la aprobación del PGOU era de la Generalitat y el papel del Ayuntamiento era de trámite, insistiendo en que no hubo ni un solo informe técnico poniendo reparos a la tramitación. En un incisivo alegato, Ruiz Marco señaló que las acusaciones nunca han concretado a cambio de qué se produjeron las supuestas dádivas. «Están trasladando al tribunal cuando dicte sentencia la carga de formular la acusación que tendrían haber hecho ellos», ironizó.
Escuchas
También dudó de la validez de las escuchas por falta de garantías, incidiendo en que «jamás nadie ha tenido acceso a las grabaciones originales que mes a mes la Policía fue entregando en el juzgado durante tres años».
Antes de Ruiz Marco, el viernes presentó también sus conclusiones Bernardo del Rosal, abogado que defiende a los letrados urbanistas del despacho Salvetti y que insistió también en la falta de pruebas. «No es que lo que dicen las acusaciones no haya ocurrido. Es que la realidad ha demostrado que era imposible que ocurriera. La máxima parece haber sido no dejar que la realidad fastidie una buena acusación».
Entre estas circunstancias citó que no se había investigado cuál fue el papel de Javier Gutiérrez en la revisión del plan cuando la realidad es que fue anecdótico. «Se nos ha intentado mostrar como si el bufete tuviera el monopolio de las alegaciones en Alicante y que todas las que presentaban se aceptan», dijo, a lo que añadió que solo interpusieron veinte de las miles que llegaron al Ayuntamiento durante las dos fases de exposición pública. En este sentido, señaló que en la causa sólo hay siete conversaciones de los letrados con Ortiz y que en ninguna de ellas le revelaban datos del planeamiento.
En su informe, Del Rosal planteó también al tribunal que valorara ante la falta de pruebas la posibilidad de absolver al único de los acusados que cerró un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptó una condena de tres meses de cárcel al admitir que pagó 100.000 euros para que le recalificaran suelo a través de este bufete.
Las enigmáticas palabras finales del empresario Ramón Salvador
Solo uno de los acusados hizo uso ayer uso de su derecho a la última palabra al final del juicio. Fue el empresario Ramón Salvador, el único que se declaró culpable cerrando un pacto con las acusaciones. Se acercó al micrófono para decir un escueto «lo siento mucho, me he equivocado», sin querer dar más explicaciones. Sus palabras desataron todo tipo de especulaciones. Mientras algunas defensas interpretaban que se había arrepentido de su antoinculpación, desde el entorno del empresario se explicó que era algo que tenía previsto, que en ningún caso era una retractación y que solo pretendía pedir perdón por lo que hizo.
