El juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante ha quedado visto para sentencia. Esta mañana han concluido los informes de las defensas y los acusados han tenido un turno de última palabra. En el banquillo se sientan los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo , así como el empresario Enrique Ortiz, los abogados urbanistas del bufete Salvetti Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exregidora. A las autoridades públicas se les acusa de haber facilitado información del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad a Ortiz a cambio de dádivas y regalos. También están acusados de haber participado en entregas de dinero en efectivo a Alperi Virgilio Ortiz, hermano del promotor, uno de sus empleados Santiago Bernáldez y el empresario Pablo Rico. El promotor Ramón Salvador cerró un acuerdo con la Fiscalía, por el que se declaró culpable de las acusaciones. Sólo él ha querido hacer uso del turno de última palabra para pedir disculpas y decir que se equivocó. Cuando la magistrada Montserrat Navarro le ha pedido que se explicara, éste ha dicho que era muy largo de contar, sin querer añadir nada más.

El primero en informar ha sido el abogado de los letrados de Salvetti , Bernardo del Rosal, a quien se acusa de haber resuelto desde ese despacho alegaciones al PGOU que ellos mismos presentaban y haber asesorado a Ortiz en operaciones urbanísticas. Del Rosal ha señalado que las acusaciones se han empeñado en no permitir que las realidad les fastidiara su relato y que nada de lo que se ha visto en el juicio sustenta los cargos que se les imputan. Del Rosal ha señalado que la participación de Gutiérrez en los trabajos del PGOU ha sido irrelevante y que tampoco era cierta que desde su despacho se tuviera el monopolio de las alegaciones en la redacción del PGOU. De miles de alegaciones, desde este bufete sólo se presentaron veinte y la mayoría era por subsanación de errores materiales, ha asegurado. En esta línea, insistió en que ni Javier Gutiérrez ni José Luis Castedo “han realizado ni cobrado dádiva para reclasificar para Ortiz ni el suelo del Saladar, ni en la Ciudad de la Economía, ni en Fontcalent.

Por su parte, el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha subrayado que el promotor no resultó beneficiado por la tramitación del Plan General, incidiendo en que los técnicos municipales desestimaron tanto los planes que tenía para la zona del Rico Pérez, como en Agua Amarga donde junto a la CAM perdió nueve millones de euros. Ruiz Marco, en un informe de dos horas, ha subrayado que ninguna de las autoridades municipales acusadas podía aprobar el Plan General porque la competencia última era de la Generalitat Valenciana y en ninguna parte de la causa se ha determinado cuál fue la información facilitada a Enrique Ortiz. Al igual que otras defensas ha incidido en el carácter público del PGOU y que las acusaciones no han acreditado que se tratara de información reservada. En la misma línea, ha rechazado la existencia de delitos de cohecho indicando que era a las acusaciones quienes debían concretar a cambio de qué se produjeron las dádivas. La defensa ha terminado el informe cuestionando las garantías de los discos que contenían las grabaciones, pidiendo su nulidad como prueba.

Hacia las 14.10, la magistrada ha dado por terminado el juicio, del que ahora tendrá que dictar sentencia.