La nueva ley Celaá, como se denomina popularmente a la nueva legislación educativa que aspira a convertirse en la octava de la democracia para el sector, y actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, apunta cambios en el tratamiento de las lenguas cooficiales, la Religión y la demanda social de la enseñanza concertada que suponen los principales puntos de fricción entre los distintos representantes del profesorado y de la oposición política en la Comunidad.
El sindicato mayoritario entre los docentes, STEPV, reclama mayor ambición entre quienes tramitan la nueva ley nacional -PSOE y Unidas Podemos- para que la Religión como asignatura «salga de la escuela» y no se limiten los cambios a que deje de contar como nota en la media de Bachillerato, lo que influye actualmente en la calificación a la hora de acceder a la Universidad.
También consideran estos representantes del profesorado, el sindicato al que pertenece el conseller de Educación, Vicent Marzà, que la nueva ley se queda corta a la hora de potenciar la red pública y la progresiva eliminación de fondos públicos a la escuela concertada.
Consecuencias
Por contra, la portavoz de Educación por el Partido Popular en Las Cortes, Beatriz Gascó, declaraba ayer mismo la intención de este grupo político por tratar de parar la nueva ley ante los tribunales porque «elimina la demanda social y afecta a toda la educación. Va a decidir en qué idioma se tiene que hablar, pensar o a qué colegio ir porque imponen su forma e entender la lengua. Si dejamos que la Comunidad regule el currículo con Compromís, se disparará la radicalidad en los contenidos», subraya.
La nueva normativa elimina la referencia al castellano como lengua vehicular que incluyó el ministro Wert en la actual Lomce, lo que favorece los programas de inmersión lingüística. Y el currículo que ahora fijan el Estado y las autonomías al 55% y 45% respectivamente, pasaría al 50%-50%, con más margen para los responsables autonómicos como apunta José Gil, secretario provincial de UGT enseñanza.
«Nuestra prioridad es que el sistema educativo sea más inclusivo y solidario con la igualdad de oportunidades. Cualquier reforma debe tender a esos objetivos», añade Gil. Defiende en este sentido que la repetición de curso pase a ser «excepcional», y no solo puntualmente por el coronavirus, así como que la FP mejore sustancialmente, extremos ambos cuyo camino ha emprendido esta Comunidad de la mano del Botànic.
Sin embargo desde la presidencia de la asociación de profesores ANPE, Laureano Bárcena muestra su desacuerdo con el distinto porcentaje de las posibilidades del currículo para la autonomías con lengua cooficial y el resto; así como que el castellano deje de ser vehicular «porque ahonda en la desvertebración educativa y afecta al carácter estatal de los cuerpos docentes» precisa.
Finalmente Xelo Valls, secretaria general de enseñanza del sindicato de CC OO-PV sostiene que la nueva Lomloe «no diferirá mucho en el País Valencià respecto a otros territorios sino en la medida en que relega la ley Wert en las cuestiones del plurilingüismo y del control a la concertada «por la protección social y al atención educativa». El punto más crítico lo pone sobre la falta de recursos. «Una buena ley educativa sin los recursos necesarios no tendrá éxito. Es lo que reclamaremos y exigiremos en el ámbito del diálogo social», advierte.
Aunque desde la Conselleria e Educación declinan valorar los contenidos de la nueva ley Celaà, por entender que hasta que el trámite esté más avanzado se trata de un «debate circunscrito al congreso de los diputados», como puntualizan a preguntas de INFORMACIÓN, se inclinan por indicar, de forma general, sobre la reforma educativa que «todo lo que suponga la modernización de la educación y su adecuación al contexto social y educativo actual será bienvenido».
