Nuevo frente abierto entre el Ayuntamiento y UTE Alicante, la concesionaria de la limpieza viaria y recogida de residuos (participada por FCC, Ferrovial y el promotor Enrique Ortiz), por el control en la prestación del servicio. La Junta de Gobierno local aprobó este martes abrir un nuevo expediente de penalidades administrativas a la adjudicataria por el «incumplimiento de las condiciones del contrato exigidas en el pliego de prescripciones técnicas respecto al año 2016». En concreto, por no realizar la auditoría económica incluida en el contrato que finaliza en 2021.
La sanción que impulsa la Concejalía de Limpieza, dirigida por el popular Manuel Villar, supera los 123.000 euros por la «comisión de un incumplimiento grave», según el bipartito de Alicante. «A mediados de 2019, se le requirió a la UTE que aportara la auditoría económica de 2016, pero no ha aportado nada, así que nos obliga a abrir el expediente. Se considera una infracción grave y la sanción es el triple de lo que estaba calculada la auditoría», explicó este martes el edil Villar durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local. En esa reunión, se aprobó la propuesta de sanción en la que los técnicos señalan que la decisión de UTE Alicante de no aportar la auditoría de 2016 tiene «como consecuencia obstaculizar la labor de seguimiento y control del contrato en sus aspectos económicos y patrimoniales, es decir, afecta a la totalidad del contrato y no a un extremo en particular».
Según el informe técnico incluido en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, la decisión de la adjudicataria de no presentar la auditoría impide «saber si el contrato se está desarrollando en términos de equilibrio concesional». Los técnicos recuerdan que, dado que el contrato asciende a 37,7 millones anuales, «el quebranto al que queda expuesto el Ayuntamiento de Alicante es importantísimo». Este proceso, según fuentes municipales, ya está judicializado por la adjudicataria. De hecho, se encuentra a falta de sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante. En el número 4, por su parte, también está abierta otra causa entre el Ayuntamiento y la UTE por la auditoría de 2018, al negarse la adjudicataria a que se realizase por una empresa externa elegida desde la administración pública.
Estas dos demandas presentadas por la concesionaria se suman a otras tantas relativas a minoraciones en los pagos mensuales por supuestas deficiencias en el servicio prestado. Y es que desde que el bipartito de Alicante llegó al gobierno a mediados de 2019, el Ayuntamiento ha promovido reducciones en los pagos que rondan los 200.000 euros. Las primeras llegaron en julio de 2019, por desbroces de caminos (53.600 euros), y prosiguieron en meses sucesivos: en agosto, 67.800 euros también por desbroces de caminos, y en septiembre, 10.000 euros, que ya han sido avalados por la primera sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Alicante, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, según confirman fuentes del gobierno municipal. Además, existe otro proceso abierto en el juzgado número 3 por las minoraciones en los pagos de julio y agosto de 2019.
Esas reducciones en las certificaciones mensuales prosiguieron con cantidades significativas a partir de desconfinamiento, con 23.000 euros en el pasado mes de julio por problemas en la calidad de la recogida y 13.200 por la inexistencia del parque auxiliar en Playa de San Juan, una cantidad que se repite desde ese mes y hasta que la UTE Alicante decida construir la instalación. Además, el pasado septiembre, el Ayuntamiento también impulsó otra reducción en el pago mensual a la empresa por deficiencias respecto al sistema de calidad. En estos momentos, ambas partes están a la espera de la resolución judicial en tres de esos procesos, que esperan en breve.
Otro punto de la Junta
Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó este martes la concesión de subvenciones a 17 asociaciones para la promoción y dinamización del comercio y la hostelería de Alicante y otras del sector relacionadas con una finalidad social, con un presupuesto total de 190.000 euros. La partida inicial de las subvenciones era de 60.000 euros, aunque este año marcado por la pandemia de covid se ha visto incrementado en 130.000 euros más con la tramitación del tercer expediente de modificación de créditos para «dar un mayor apoyo al comercio y la hostelería» de la ciudad de Alicante.
77.000 € para un «lavado de cara» al Mercado Central
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes un proyecto para reparaciones en la planta baja y primera del Mercado Central, con una inversión de 76.947 euros, con el que se prevé «definir la intervención a ejecutar en estas instalaciones que con el paso del tiempo y el uso se han ido deteriorando, como pintura, trabajos de reparación de elementos dañados y alicatados de las zonas afectadas». Desde la Concejalía de Comercio señalan que «transcurridos más de 29 años de la configuración física del Mercado, se han ido produciendo daños o desgastes en las instalaciones por el uso cotidiano».
