Más de una veintena de entidades han organizado una protesta frente al Ayuntamiento de Alicante contra la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, que incluye multas de hasta 3.000 euros y que no recoge ningún tipo de intervención social hacia los más vulnerables. El documento, pese a la previsión inicial del bipartito, no se abordará en el pleno ordinario de este mes de noviembre, previsto para el próximo jueves, ya que todavía faltan trámites técnicos que completar.
Los colectivos han presentado en el registro telemático del Ayuntamiento un escrito en el que muestran su rechazo y disconformidad al "fondo y a la forma" de la denominada Ordenanza de Convivencia Cívica, solicitando su retirada. En el escrito explican que "esa iniciativa favorece el uso discriminatorio de los espacios de la ciudad y criminaliza la mendicidad y la prostitución".
Las entidades han convocado una concentración este próximo lunes, 23, a las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento a la que asistirán representantes de las entidades que firman el escrito para "manifestar y explicar el rechazo a la ordenanza". En esta concentración se distribuirá el texto presentado por las entidades al Ayuntamiento.
Las firmantes, que continuarán con acciones en busca de lograr la retirada de la ordenanza, insisten en que “sólo con un desarrollo eficiente de políticas sociales y económicas, con ampliación de recursos y apoyo a una red de atención integral se conseguirá la protección e intervención social con las personas más vulnerables de nuestra ciudad. no como mandata esta ordenanza con medidas coercitivas, multas y sanciones”.
Entre los colectivos firmantes destacan la Plataforma contra la pobreza, Solidaridad Internacional PV, Reacción Solidaria, Plataforma de la Dependencia de Alicante, Entrepobles, Emergencia Feminista, Talatay Nder, Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante, Banco de Cuidados de Alicante, HOAC, Centro Loyola de Alicante, Comunidades cristianas populares, Plataforma feminista de Alicante, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, CC OO l´Alacantí-Les Marines, UGT l'Alacantí-La Marina, Artegalia, Grupo Gama, la Coordinadora de colectivos y asociaciones del barrio de Carolinas, Asociación de cantautores de la Explanada, Asociación de vecinos el Pla, CGT, Parroquias San Gabriel y Beato Francisco Castelló.
Más quejas
Por otro lado, otras entidades sociales también han exigido la retirada de la Ordenanza, entre las que figuran Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Hijas de la Caridad - Obra Social Sta. Luisa de Marillac, Metges del Món Comunitat Valenciana, ADDA (Associació D´Ajuda a la Dona D´Alacant), Asti-Alicante/Secretariado Diocesano de Migraciones y Programa Oblatas Alicante.
"Asociaciones y entidades comprometidas en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual solicitan al Ayuntamiento de Alicante la retirada de la Ordenanza de Convivencia cívica y, en concreto, el capítulo V sobre la “Utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales” y/o alternativas a las medidas que se establecen, como la retirada de la sanción destinada al ofrecimiento de servicios sexuales, mayoritariamente mujeres en situación de vulnerabilidad, explotación sexual o trata, y que se elabore de un Plan de atención integral para la lucha contra la explotación sexual y la trata en nuestro municipio”, según señalan en un comunicado, en el que alegan "que junto a la prostitución denominada 'voluntaria', un índice elevado de prostitución es trata con fines de explotación sexual, y mucha otra que no se tipifica como tal, se consideraría explotación sexual. No podemos obviar que la trata y la explotación sexual, es el método actual de abastecer de mercancía al sistema prostitucional".
También subrayan que "contribuye a criminalizar y revictimizar a las mujeres porque las retrata como maleantes provocando, a su vez, que la sociedad las estigmatice sin motivo. Se trata, pues de un ejercicio de violencia institucional y machista, porque supone la sanción al eslabón más débil de la cadena, del que menos recursos económicos dispone y el que tiene menos posibilidades de lograr la reinserción sociolaboral".
Según las entidades, "no se establecen medidas alternativas de intervención social y recursos para las mujeres que se encuentran en las situaciones descritas". "El enfoque de derechos humanos y la atención integral a las mujeres en situación de prostitución, por ser un fenómeno complejo, sólo podrá abordarse con éxito desde el ámbito municipal, si se abordan acciones a través de planes específicos e integrales que regulen de forma coordinada todas las acciones diversas que es necesario realizar para conseguir el objetivo último que es acabar con la explotación del cuerpo de las mujeres y niñas, luchando contra la normalización de la tolerancia de la prostitución, no pudiendo obviar ninguna de las acciones que son consideradas clave (acciones de sensibilización, de formación, de educación, de atención a víctimas, persecución del delito, etc.) Con lo que sin un plan específico municipal y bien coordinado sobre esta especial violencia de género, no es posible obtener resultados satisfactorios", añaden en el comunicado.
