El Supremo anula la absolución de un etarra juzgado por atentar en Alicante y Benidorm

El tribunal ordena la devolución de la causa a la Audiencia Nacional para que se pronuncie motivadamente sobre los elementos fácticos que incluía la sentencia anulada y su vinculación causal con los delitos por los que había sido acusado, según una sentencia dada a conocer ayer. El Supremo acuerda que se repita la sentencia al entender que no ha valorado una posible condena por cooperar en las explosiones registradas en los hoteles Bahía y Nadal.

Asier Eceiza fue condenado en Francia por delito de participación en organización de malhechores y fue entregado a la Audiencia Nacional para juzgarle por su participación en los atentados que cometió ETA el 22 de julio de 2003 en la costa alicantina, mediante la colocación de dos bombas en sendos hoteles de Alicante y Benidorm. Eceiza resultó absuelto de dos delitos de estragos terroristas, seis delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de otros ocho delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

La Audiencia le absolvió al considerar que no había prueba concluyente de su intervención directa en las actuaciones más próximas a los atentados, pero consideró acreditada la integración del acusado en ETA.

Además, también se dieron por probadas determinadas gestiones efectuadas por el acusado en el verano de ese año en la costa levantina por encargo de ETA y al servicio de sus actividades, como la reserva de unas habitaciones en dos hoteles de aquella zona para unas fechas concretas del mes de julio (reservas luego canceladas, aunque inmediatamente sustituidas por otras de menor duración) donde luego se provocarían sendas explosiones que produjeron graves daños.

Por otro lado, la sentencia de la Audiencia también estimó probado que el acusado alquiló un piso en València donde estuvo alojado con otra persona que resultó condenada por estos hechos y donde incautaron material explosivo.

El Supremo estima el recurso que presentó una de las víctimas y explica que para ser penalmente responsable de estos delitos no es imprescindible una participación directa en la actuación propiamente típica (manejo, preparación, custodia o activación de los explosivos, avisos). La Sala añade que eso podría ser exigible para ser considerado autor en sentido estricto, pero no para la responsabilidad que el código anuda a otros partícipes.

El fallo argumenta que «cualquier actividad previa que objetivamente facilite la actuación criminal, si es realizada con la finalidad de contribuir al resultado buscado, es susceptible de merecer el reproche penal que el código asigna a quienes colaboran de cualquier forma -necesaria o no- con la actividad criminal».

El tribunal recuerda que no responde únicamente el autor material. «También quienes cooperan de forma consciente con su acción, aunque su conducta concreta, idealmente desconectada de la actuación criminal a la que solo puede ser adosada por la confluencia de finalidades, carezca por si de relieve típico (reservar habitaciones en un hotel; alquilar una vivienda)».

Y explica que a la sentencia de la Audiencia le falta aclarar «si el acusado, al realizar esas acciones, que contempladas en sí mismas y extraídas de su contexto son neutras, conocía, aunque sea de forma genérica y sin detalles, que se dirigían no a conseguir reservas para disfrutar unos días en un hotel o exclusivamente a pasar unas semanas en Valencia, sino a facilitar la perpetración de atentados del tipo de los efectivamente producidos». Para el Supremo, la Audiencia no ha resuelto «una cuestión esencial e imprescindible» para decidir sobre la condena del etarra, como es si el acusado «era consciente o no de que las gestiones que llevó a cabo por encargo de la organización estaban al servicio de una campaña que incluía probablemente acciones constitutivas de estragos y posibles atentados a la vida o integridad física de personas».