La emergencia económica aparejada a la crisis sanitaria ha agravado el riesgo de pobreza en Alicante, que en lo que va de año sube 10 puntos y alcanza al 35% de la población, según datos de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social. También se agudiza la pobreza extrema o severa, que pasa a afectar al 10% de la ciudadanía (antes del covid era el 5%). La mayor debilidad de los colectivos vulnerables y el empeoramiento de la situación de miles de familias que sobrevivían con empleos estacionales ligados a la hostelería y el turismo, y a la economía «informal», como los vendedores ambulantes y personas que se dedicaban a ocupaciones precarias sin derechos sociales como las chapuzas o la recogida de cartón, se abordó ayer en la mesa redonda «La ciudad de la covid-19: la exclusión social», organizada por la Sede Universitaria.

Durante el debate, los trabajadores sociales y entidades participantes pusieron de manifiesto que la pandemia está acentuando las diferencias entre los barrios más humildes respecto a los acomodados y que la brecha digital se ha convertido en otro factor de exclusión social al agravar las desigualdades en el acceso a los recursos, no solo en educación sino a las ayudas oficiales. Además, criticaron la parálisis de la Administración pública a la hora de dar respuesta a la emergencia social en contraste con la reacción de la ciudadanía, que se organizó rápidamente en redes para atender las múltiples necesidades.

«La Administración llegó tarde y mal, y obstaculizó algunas respuestas de la sociedad. Parece que solo fueran a buscar la foto, como ocurrió con la Comisión de Reconstrucción de Alicante, que se reunió cuatro veces pero que aún no ha implementado medidas», dijo Enrique Romá, portavoz de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante. La ONG considera que Alicante, tras la pandemia, es aún más «dual», con diferencias más acentuadas entre barrios y personas. Romá se mostró muy crítico con la bunkerización de los Servicios Sociales municipales en los peores meses, «cerraron la atención en los centros sociales y dieron un número de teléfono que se colapsó. No se pusieron los medios humanos ni los recursos suficientes». Ahora, dijo, están dando citas a nueve meses vista, «eso es insostenible».

Tanto la Plataforma contra la Pobreza como Cáritas atienden desde que estalló la pandemia a un nuevo perfil de familias que antes cubrían gastos y que ahora no disponen de medios suficientes para hacerse cargo de las facturas de alquiler, luz o agua. Las dos entidades coincidieron en que las necesidades actuales van mucho más allá de una bolsa de alimentos no perecederos.

Víctor Mellado, director de Cáritas Diocesana, explicó que han multiplicado por cuatro las ayudas económicas directas y que ofrecen a las familias una tarjeta solidaria para que puedan comprar alimentos como pollo, pañales para los bebés y las medicinas necesarias en la farmacia, realizando un seguimiento de los gastos, «para que puedan tener una vida mínimamente digna».

Zona Norte

«Los más perjudicados en las grandes crisis son los que peor están. La Zona Norte, en Alicante, es de las más afectadas. Hay una economía informal muy alta, mucha gente viviendo al día de trabajos sin contratos ni dados de alta, por lo que luego no tienen derechos ni acceso a muchas de las ayudas para aliviar la pandemia. Se han disparado las peticiones, de personas habituales y de otra mucha gente que ha visto drásticamente recortados los ingresos que tenían de pequeñas chapuzas, venta ambulante o recogida de cartones, y que no puede atender necesidades básicas de su familias, muchas con niños pequeños».

También atienden a un nuevo perfil de familias que solían trabajar en el sector turístico a diario de junio a septiembre, haciendo horas extra, para ganar unos ingresos que les permitían sobrevivir el resto del año. «Este verano no ha habido contrataciones en hostelería y ahora se ven abocados a pasar el invierno sin esos ingresos. El impacto económico es muy fuerte. Hablamos de empleos que son bastante precarios en la provincia que sustentaban parte de la economía».

La trabajadora social sanitaria en el centro de salud de Ciudad Jardín Mercedes Martín, profesional vinculada durante muchos años a la Zona Norte, incidió en que todas las administraciones públicas en general están fallando «a la hora de afrontar una situación de emergencia social en la que la inmediatez es importante en la respuesta», por lo que entiende necesario replantear el sistema administrativo burocrático nacido en 1978, «obsoleto para resolver estos problemas». «Parece mentira que la Administración no cruce más los datos y se exija a la gente tantos papeles a la hora de pedir ayudas». Una traba que se acentúa en la Zona Norte, donde hay mucha población de otras culturas y procedencias, con sistemas administrativos diferentes, dijo.

Desde la ong Despensa Solidaria, la trabajadora social María José Solbes explicó que, tras el estado de alarma, firmaron un convenio con la Universidad, de tal forma que voluntarios de Trabajo Social preparaban comida y la Policía hacía las entregas. También explicó que las clases de apoyo que antes daban en su local se mantienen online «con unos medios paupérrimos porque los chavales no tienen ordenadores, tablets ni wifi en casa. Se hace a través de los móviles de las familias, de WhatsApp y teléfono»; y alertan del tapón institucional a la hora de tramitar las ayudas a estas familias.