Eugenio Vidal denunció en estas mismas páginas hace tres semanas la desesperación a la que le habían llevado los retrasos de la administración pública en el trámite de la renta valenciana de inclusión, un derecho para todo ciudadano que reúna una serie de requisitos de vulnerabilidad, según la ley de 2017 que regula esta prestación. Un año antes de la pandemia, ya era una persona en paro, sin ingresos ni propiedades y mayor de 50 años que vivía solo en un piso de alquiler: un perfil que sólo ha acumulado más razones para recibir de urgencia la ayuda durante los siete meses de devastación social que ha traído la Covid-19. Sin embargo, la burocracia de la conselleria sólo ha logrado cumplir con el trámite esta última semana de noviembre. Un año y siete meses después de que su situación ya fuese crítica, lo que supone doblar los tiempos máximos de resolución que anuncian los funcionarios de esta conselleria atascada a los solicitantes y también multiplicar por seis el plazo máximo que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015 para una comunicación oficial.
«Aunque mi situación es miserable, me digo a mí mismo que soy un privilegiado, porque mi padre me ha podido ayudar. Si no hubiese podido contar con su pensión, las cosas se habrían puesto muy, muy feas para mí», explica por teléfono. Aunque está aliviado, no se reconoce tranquilo todavía: en su buzón ha entrado una buena noticia pero su cuenta está igual que ayer.
La aprobación llegó el jueves en una carta de la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que se reconoce de facto que Eugenio ha vivido todo este tiempo sin el dinero que le correspondía por ley. En concepto de «atrasos» le anuncian la transferencia de 14.960 euros, la suma de una cuenta de pagos mensuales no realizados que arranca el 1 de abril de 2019 y termina el pasado 1 de octubre. Las necesidades de este exautónomo y hoy estudiante de oposiciones se han valorado en 787 euros mensuales, al complementarse la renta con un bono de alquiler de 157,5 euros. En el primer ingreso a cuenta cobrará también la mensualidad de noviembre, por lo que la suma asciende a 15.750 euros.
«Saber que la voy a cobrar supone quitarme la angustia permanente con la que he estado viviendo. Yo sigo estudiando la oposición, pero de otra manera. Significa saldar deudas, devolver parte de lo que me han prestado. Pero alegre me van a ver mis amigos, no los funcionarios. He perdido años de vida con esto», asegura.
Primero en la lista de urgentes
Eugenio sigue denunciando la indefensión del ciudadano ante una administración cuyo único vigilante es ella misma. «Lo más fuerte es la falta de transparencia. Nunca sabré lo que ha pasado con mi expediente. Por qué se denegó al principio, por qué se ha aprobado y por qué se ha retrasado tanto», señala.
En las innumerables conversaciones que ha tenido con técnicos de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, gestores de la parte municipal de la ayuda, y de Políticas Inclusivas, quien certifica y paga la renta, ha desarrollado una visión de las administraciones como un muro de silencio y hermetismo en el que sólo sus trabajadores saben lo que pasa tras él. «Un funcionario del Ayuntamiento me dijo hace poco que Políticas Inclusivas les había pedido una lista con los casos urgentes de Alicante por vulnerabilidad, y que el mío estaba el primero de 25 personas. Resulta que la conselleria la tiene encima de la mesa desde el 19 de mayo: han tardado seis meses en resolver una cosa que ya llevaba paralizada un año. ¿Qué habéis hecho todo este tiempo?», se pregunta. Imagina el papel acumulando polvo en una oficina durante los meses en que él peleaba cada minuto por mantenerse cuerdo y la rabia satura el altavoz del teléfono. «Ellos culpan a los políticos por falta de medios. Es una cadena. Esto no funcionará nunca hasta que pongan mecanismos de control».
A principios de noviembre, la conselleria que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acumulaba más de 230 millones de euros sin ejecutar del presupuesto de este año para cubrir la demanda de ayudas de inserción social y de Dependencia, debido al atasco burocrático.
«Creía que lo iba a ver a usted más alegre», cuenta que le dijo la última funcionaria con la que habló, cuando fue a la dirección territorial a confirmar la aprobación de la renta que ya le habían adelantado en el Ayuntamiento. «Parecía que le tenía que dar las gracias, que me daba ella la ayuda», recuerda. Todo este tiempo se ha sentido entre un personaje «de Forges», atrapado «entre carteles de vuelva usted mañana» y un vasallo feudal que debe pagar la simple atención de un funcionario con agradecimiento y humildad. «Cuando le dije que llevaba un año y medio sin ver ni un euro me contestó que a ellos también les habían congelado el sueldo. ¿Cómo se puede tener tan poca empatía? ¿Cómo se le ocurre compararse con alguien que está en el desamparo más absoluto?», sigue preguntándose.
