Un informe de la Universidad de Alicante para la Cátedra Prospect Comunidad Valenciana 2030 de la Universitat de Vàlencia sobre el impacto que ha tenido en el acceso a la vivienda la crisis económica desde la explosión de la «burbuja inmobiliaria», que se agravará en los próximos años por la recesión originada por el covid, alerta de que Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana con un mayor porcentaje falta de ingresos en los hogares. En concreto, un 26% del total de las viviendas, cuatro puntos más que en Castellón y Valéncia. Coyuntura que castiga a las familias con rentas más bajas. Muchas han perdido su vivienda y ahora, por los problemas laborales, tampoco pueden afrontar el pago del alquiler. El problema los agrava, según los autores, Paloma Taltavull, Francisco Juárez y Antonio Escudero, la caída de los ingresos debido a la dependencia de la población laboral del turismo y los servicios, ingresos que, en condiciones normales, son, además, entre un 15% y un 20% más bajos que la media de España. Además, estos economistas denuncian la falta de vivienda social, pues solo el 4% de la planta inmobiliaria es pública y, además, está ocupada.
La provincia tiene, según el informe, 2,5 millones de viviendas con sus habitantes al borde de la pobreza por los 7,1 millones de hogares sin problemas. Alicante presenta la mayor concentración de problemas relacionados con el acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana. El motivo es el menor nivel de ingresos por la fuerte dependencia del sector servicios, por un lado, aunque también por los menores salarios asociados a las industrias manufacturas, fuertemente abiertas a la competencia exterior y, por tanto, con exigencias de competitividad que presionan los salarios a la baja. Entre 2008 y 2018, apenas se construyó, no hay pisos de alquiler públicos, ni vivienda suficiente. El alquiler privado no es alto pero no hay ingresos, por lo que los inquilinos que se han quedado sin trabajo son ahora el colectivos más vulnerables y en riesgo de quedarse sin un techo.
Los expertos consideran que recuperar la movilidad puede ser una medida que palie los menores ingresos, aunque por los efectos del covid, la reducción en las visitas turísticas y de las exportaciones «es posible que se acentúen los problemas de pobreza, y se genere un movimiento a mayor escala de la mano de obra a través de la provincia».
Los mayores problemas de acceso a la vivienda se registran en la provincia de Alicante, donde todas las categorías de hogares, salvo los de más de dos adultos sin niños, y unipersonales senior (mayor de 65 años), presentan tasas de pobreza que superan el 35% del total de las viviendas.
En la provincia, el 100% de los hogares habitados por una persona joven pasan por apuros, y de los adultos (30-65 años), un 47,5% están mal. Los hogares unipersonales concentran la mayor proporción de la pobreza de la Comunidad. De las viviendas con niños, el 40,1% de los monoparentales y el 38,7% de los liderados por dos adultos, eran pobres, según el informe de la UA. Esta tasa tan elevada, que supone un 11,5% del total de hogares, implica que la pobreza infantil es uno de los principales problemas. En cuanto a los hogares de personas mayores de 65 años, un 17,4% de los unipersonales y un 37% de las parejas mayores pasan apuros.
El problema viene derivado de los bajos ingresos, y no del precio de las viviendas. De hecho, las tasas de accesibilidad de las potenciales compradores se encuentran en niveles reducidos, y solo cuando se baja al detalle aparecen los ratios de tensión residencial más graves. Así, las medidas, según reza el informe, deben orientarse a complementar los ingresos creando empleo, y no a controlar el precio de las viviendas, ni siquiera en el mercado de alquiler.
Un control precios distorsionaría el mercado y podría segmentar la oferta hacia los hogares con mayor renta, empeorando la situación de los más débiles. «El aumento del parque de viviendas social y una buena gestión del parque existentes, ayudaría a tener herramientas de intervención en el caso de que la recuperación de los sectores más afectados sea lenta. La construcción de nuevas unidades y rehabilitación», subraya el estudio.
El estudio revela casos de pobreza infantil encubierta
Paloma Taltavull alerta de que uno de los aspectos duros del informe es que revela la situación de muchos niños, que viven bordeando la pobreza. Los hogares que más experimentan dificultades para pagar el alquiler de la vivienda son en los que viven niños, porque para afrontar el coste las familias deben reducir los consumos en otros bienes. «El dinero disponible después de pagar la vivienda cae a límites cercanos a rentas de pobreza. Los efectos de la crisis sobre los niños en familias con dificultades son desastrosos. El hecho de que los niños la sufran crea limitaciones en su forma de vida y expectativas de futuro que afecta a la sociedad más allá de una generación. Hay que actuar con urgencia», reclama Paloma Taltavull. La concentración de hogares con dificultades es, según el informe, alarmante. La crisis de 2008 expulsó a muchos dueños (desahucios), y en segundo lugar, la fórmula de acceso a una vivienda en propiedad se ha reducido básicamente por la falta de financiación.
