La Ley Celaá está causando revuelo entre los colectivos de padres con niños con diversidad funcional. Progenitores de «Campeones» que llevan años «pidiendo una educación inclusiva real».
Así lo destaca José Antonio Berná, el padre de Ruth, una niña de 14 años con una encefalopatía congénita que le provoca un retraso psíquico y motor, con una dependencia total. Él, como tantos otros, lleva años demandando que las palabras «educación inclusiva, que quedan muy bien en los discursos, dejen de ser una promesa para convertirse en una realidad». Actualmente no lo es. «Para eso hace falta inversión económica en profesionales, espacios y medios para que puedan desarrollar su función», afirma este regidor de Educación de Albatera, que llevó a su hija a un colegio ordinario con aula específica durante 10 años y, ahora, acude al Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Luz en Elche, donde, además de Fisioterapia y Logopedia, intentan mejorar al máximo la comunicación, utilizando un sistema con pictogramas.
Con respecto a la nueva Ley y referente a los colegios específicos, cita textualmente: «Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy personalizada». Tras esto hace una reflexión: «Una vez que los alumnos con necesidades especiales puedan escolarizarse en centros ordinarios, los más afectados se quedarán en los específicos». A su juicio, una decisión muy desacertada, ya que «el alumnado que se quede en los colegios específicos estará más aislados y con menos posibilidades de socialización». Para este edil, lo ideal sería que «todos, independientemente de su diversidad, estuvieran escolarizados en un centro ordinario donde tuvieran todos los medios necesarios a su alcance y en la horas de recreo y ocio pudiera relacionarse con el resto del alumnado».
La presidenta de la Asociación Hándicaps de Albatera, Yolanda Rufías, es la mamá de Irene, una niña de 14 años con una enfermedad rara, Síndrome de Phelan-McDermid, también está dentro del espectro autista y, además, tiene epilepsia. Irene acude desde los 6 años al colegio de Educación Especial Antonio Sequeros de Orihuela. Rufías narra el cambio de «cole» ordinario a específico como un momento durísimo, «pensé ¡qué hacía mi hija allí!, como si fuera un lugar donde van los niños desahuciados que no pueden seguir en el cole ordinario». Ahora, «ama» y valora ese centro y todo lo que hacen por los niños que allí acuden.
Utopía y barbaridad
La misma opinión sostiene Lola Martínez, mamá de Rebeca, de 15 años, diagnosticada de encefalopatía crónica, sobre este centro, al que acudió en Primaria tras derivarla desde unas «aulas metálicas» de un colegio ordinario. El primer día que dejó allí a «mi niña, me fui a mi casa llorando». Ahora, Rebeca va al cole contenta y vuelve feliz. «Tiene todas las atenciones , con unos profesores que son vocacionales. Estos niños necesitan una paciencia infinita y un amor incondicional». Destaca, además, la alergia de su hija a los frutos secos y al igual que Irene, también es epiléptica.
Esta progenitora recalca la tranquilidad que tiene «al llevar a su hija a un colegio donde tiene todas las atenciones cubiertas». Para ella, la integración es «una utopía y una barbaridad, requiere de una inversión tan enorme que no estamos preparados. Colegios de integración sí, pero en condiciones. La educación en estos momentos está bastante precaria como para poder atender las necesidades de nuestros niños».
Ambas mujeres, consideran «inoportuno el momento para impulsar esta Ley con todo lo que estamos pasando las familias y los centros educativos». Requieren «la participación de los padres en la toma de decisiones respecto a la educación de nuestros hijos. La educación debe de estar al margen de la política y ser una prioridad para todos», recalca.
De Albatera pasamos a la vecina población de Crevillent, donde vive Miriam Maciá, de 20 años, con Síndrome de Rett, una enfermedad catalogada también como rara. Su padre, José Antonio Maciá sabe que «rotundamente no» podría acudir a un colegio ordinario. Ahora asiste al Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Luz.
«Estos niños van a cámara lenta, necesitan atención personalizad. Si pasan de un ratio de 4/5 alumnos a 20/25 no sé hasta que punto podría ser bueno para ellos. No veo imposible pero sí difícil la adaptación a un cole ordinario», afirma. Su requerimiento a la Conselleria es claro : «A partir de los 21 años, la oferta es muy limitada, faltan plazas. Sería bueno que hubiera otro sitio donde ir. No solo a partir de esta edad, «faltan recursos por todos los sitios: aulas, hay niños en barracones, ¡cómo pretenden llevarlos allí!. Llevan dotando desde hace más de 30 años y no se ha dotado nada», argumenta.
El también crevillentino y más mayor de todos ellos, Ángel, de 29 años, tiene un traumatismo craneoencefálico producido por un accidente de moto a los 12 años. Por ello, desde esa edad, su madre y su hermana llevan luchando y trabajando con él para que cada día sea más independiente. Por tanto, necesita siempre una persona a su lado. Este «ángel» tiene una rutina de actividades y talleres de lectoescritura, habilidades sociales, teatro, cerámica y otras que le ayudan a mejora su motricidad fina en la Asociación Integra-T.
Crítica con esta Ley, la madre de Ángel, Ana Rosa Quesada, cree que «no les beneficiará en absoluto, es muy difícil que los chavales con discapacidad, sobre todo, los grandes dependientes, se integren en un aula ordinaria. Ellos necesitan unos cuidados y una atención especial e independiente y esto en un aula de educación lo veo prácticamente imposible».
