Juan y Fernando son presidentes de dos de las comunidades de vecinos que forman parte del 70% de edificios que carecen de ascensor en la provincia. Sus vecinos son, en su mayoría, personas mayores con poca movilidad y que viven con escasos recursos económicos. Es por ello que decidieron solicitar las ayudas para la rehabilitación de edificios y accesibilidad pensando que pondrían fin a esta situación, sin saber que lo que vendría después era toda una odisea: una burocracia casi imposible, y una ayuda que no corresponde a la que les prometieron. Ahora se encuentran en deuda con sus vecinos, y con la administración.
Juan es el presidente de la comunidad de vecinos de su suegra, ubicada en el barrio El Pla de Alicante, ya que todos los que habitan el edificio son personas mayores de 70 años que «ya no están para estas responsabilidades», afirma. Se embarcó en esta aventura con un único objetivo: ayudar a mejorar la vida de sus vecinos para que pudieran bajar a la calle cuando quisieran, no cuando pudieran.
Tras varios meses de papeleo, arquitectos, técnicos y burocracia típica de una administración pública consiguió reunir todos los informes para solicitar esta ayuda, algo que según sostiene Juan «es una ayuda donde se valora la ubicación y la edad de los habitantes, premiando a los que viven en barrios más vulnerables, que choca con el papeleo tan inaccesible para un ciudadano medio, debido a la dificultad del trámite».
En diciembre de 2019 la Conselleria de Vivienda concedió a su comunidad dicha aportación, que destinó a la rehabilitación total del edificio con más de 40 años, la instalación de un ascensor y una mejora en la accesibilidad al zaguán, donde existían escaleras que imposibilitaba el acceso. La comunidad puso en marcha las obras correspondientes sin saber lo que les ocurriría finalmente, y es que la cuantía que les ingresaron no coincidía con el importe que les concedieron oficialmente.
Por este motivo, Juan, presentó un recurso de reposición el 28 de enero de 2020 para impugnar los hechos acontecidos, ya que la comunidad se había embarcado en una rehabilitación que, sin la ayuda solicitada, no podrían haberse costeado. «Estamos en noviembre del 2020, habiendo pasado 10 meses desde que presenté el recurso y todavía no tengo noticias». El presidente señala que intentó contactar con la Conselleria y su respuesta fue que quien llevaba su expediente está de baja por covid-19. «¿Lleva de baja 10 meses?», se pregunta Juan.
Sin soluciones, sin respuestas y sin recursos económicos para solventar el gasto producido por las obras en su edificio, Juan afirma que la opacidad del sistema burocrático hace que estas ayudas sean «engañosas» ya que están destinadas a una población vulnerable, incapaz económicamente de tener un ascensor en sus escaleras. «¿Cómo les explico yo lo que está ocurriendo a mis vecinos, muchos de ellos con más de 70 años? Me siento indefenso ante la falta de información sobre la marcha del proceso y ante la nula transparencia de la administración», sentencia.
Algo similar le ocurrió a la comunidad de vecinos, ubicada en el barrio de Virgen del Remedio de Alicante, de la que Damián es presidente, compuesta por cinco viviendas con familias con recién nacidos y personas mayores. Él acababa de ser padre por segunda vez, viviendo en el último piso pensó que lo mejor que podrían hacer era poner un ascensor para facilitar las vidas de todos los habitantes. «Es una ayuda que nos beneficiaría a todos», pensó. Así, comenzó la aventura, que en un principio parecía muy prometedora, confiesa Damián.
El presidente señala a este periódico que la recogida de los informes necesarios para solicitar la ayuda le llevó más de tres meses, ya que era necesario explicar el por qué pedían una ayuda de accesibilidad, a lo que debían incorporar un informe de evaluación llevado a cabo por un arquitecto, además de un informe de defectos graves presentes en el edificio para la reforma. Así, coincidiendo con lo que cuenta Juan, Damián afirma lo siguiente: «La burocracia fue agotadora, te lo dice un abogado. No quiero ni imaginar lo que supondría para una persona que no está habituada al papeleo». Con todo preparado, presentado y la ayuda concedida se pusieron manos a la obra. En su caso, el edificio necesitaba la implantación de un ascensor y una mejora en la accesibilidad al zaguán, por lo que la cuantía no era tan alta como la de Juan, quien rehabilitó por completo el edificio.
La obra, una vez aceptada, cabe señalar que corre a cuenta de todos los vecinos hasta que la ayuda es ingresada por parte de la Conselleria de Vivienda, tal y como suele ser el procedimiento. De esta forma, la comunidad de vecinos aprobó una derrama de unos 15.000 euros para llevar a cabo la reforma, mismo importe que la administración presupuestó para ellos. «Cada propietario ingresó 5.000 euros con la seguridad de que serían devueltos gracias a la ayuda, ya que muchos de ellos tuvieron que pedir ayuda para solventar el gasto». De esta forma, con la finalización de las obras vino la ayuda de la Conselleria, que, al igual que en anterior caso, tampoco coincidía con el dinero que les prometieron.
Damián se embarcó en un proceso de llamadas, correos y reclamaciones para averiguar el porqué de este fallo, que supone un gasto extra imposible para estas familias. «A día de hoy, desde el pasado mes de febrero, no tenemos noticias del dinero que falta, nos remitieron a servicios jurídicos pero ahí no nos facilitan la persona que lleva nuestro caso», afirma sintiéndose culpable de esta situación.
