El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha ampliado hasta junio de 2021 el plazo para solicitar y formalizar los préstamos avalados por el Estado para los arrendatarios de una vivienda como residencia habitual, que hayan visto mermados sus ingresos a consecuencia de la crisis económica provocada por el covid. No hay una cifra oficial de las personas que viven de alquiler en la provincia y pueden estar pasándolo mal para llegar a finales de mes, pero, según fuentes del sector, no son menos de 20.000 inquilinos, individuales y con una familia detrás. Las personas que hayan visto reducidos significativamente sus ingresos, que hayan perdido su empleo, o que tengan menores o dependientes a su cargo pueden beneficiarse de estas ayudas. Los préstamos cubren un máximo de seis mensualidades, con un tope de hasta 900 euros por mes, y con retroactividad desde el 1 de abril. En la provincia de Alicante hay 747.000 viviendas habitadas. Estas ayudas consisten en el aval y la bonificación total de gastos e intereses para el arrendatario que solicite el préstamo. Se trata de préstamos a devolver en seis años prorrogables por otros cuatro, y con una cuantía de hasta 5.400 euros.

Los solicitantes deben estar en situación de vulnerabilidad provocada por la crisis sanitaria, con problemas para atender al pago del alquiler y no ser familia cercana del casero. Es causa de exclusión haber sido condenado por delitos contra la Administración, haberse declarado insolvente o en concurso previamente a la crisis, no estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Se debe presentar la solicitud con una copia del contrato de alquiler y acreditación de las tres últimas mensualidades realizadas antes de abril.

Estos microcréditos son finalistas, de tal modo que los solicita el inquilino -que tiene hasta seis años para devolverlos (y excepcionalmente 4 años más)- y se ingresan en la cuenta del arrendador. De este modo, se protege a arrendatarios y arrendadores en una situación de crisis económica, en la que es de crucial importancia preservar la estabilidad del mercado del alquiler y garantizar el derecho a la vivienda.

Para su implementación, el Gobierno aumentó su techo de gasto en 1.200 millones de euros. La previsión es que hasta 450.000 familias puedan beneficiarse en España de estos microcréditos a interés cero para hacer frente al pago del alquiler. El Gobierno aprobó el pasado 1 de abril el primer paquete de medidas que sirviera de paraguas en materia de vivienda para hacer a la crisis.