Las otras facturas del covid. Miles de hogares en la provincia de Alicante, la mayoría con niños, en los que viven familias, parejas o personas solas, se enfrentan, día a día, a tener que sobrevivir acosados por problemas relacionados con la pobreza. La crisis económica, derivada de la sanitaria del coronvaris, les ha dejado, prácticamente, sin ingresos. En los comedores sociales la situación es tal, que sus gestores van camino de tener casi que implantar la cita previa para poder atender a las personas que acuden a llevarse al estómago un plato caliente. Las ONG empiezan a estar desbordadas teniendo que asistir, incluso, a familias que hasta hace unos años contaban con un buen coche, se tomaban el aperitivo los domingos, y una de sus preocupaciones era pensar dónde pasarían las vacaciones el próximo verano. La cosas comenzaron a ponerse mal a raíz de la explosión de la “burbuja inmobiliaria”, a partir de 2008, pero desde el pasado marzo, casi todo ha saltado por los aires en una provincia que vive básicamente del sector servicios y de una industria manufacturera basada hoy también en los bajos salarios por la competencia de China, ese país donde además de controlar pandemias con éxito, –otro tema es si el covid llegó por el fallo de algún científico- fabrican zapatos casi con la misma calidad que en Elda, pero también aviones y todo lo que se nos ocurra. Mientras, la provincia de Alicante se ha quedado sin los turistas (menos mal que parece que el tema volverá a reconducirse a partir de la próxima primavera), y ve, por otro lado, a diario, como desde el Gobierno central se ponen piedras en el carro que tira de la industria agroalimentaria en forma de recortes a la hora de suministrarnos agua de calidad. Y eso que, afortunadamente, el sol todavía no entiende de pandemias. Este es el escenario que nos encontramos en plena segunda ola.

La reflexión viene a cuento después de que un informe de la Universidad de Alicante firmado, entre otros expertos, por la economista Paloma Taltavull, que algo sabe del sector inmobiliario de la provincia de Alicante, haya revelado la situación de “pobreza habitacional” (parafraseando a nuestros dirigentes del Botànic cuando se refieren a la falta de vivienda) en la que se encuentra una parte importante de los alicantinos, sobre todo los que viven de alquiler.

Muchos por la imposibilidad de acceder a un piso en propiedad, y una parte importante porque en su día fueron desahuciados al no poder cumplir con el pago de la hipoteca tras la crisis de 2008, y ahora el covid les ha terminado de hundir al haberse quedado sin ingresos o tener que subsistir con el dinero del ERTE –la aportación del paro representa la mitad o menos del salario que se cobra cuando se disfruta de un salario producto del trabajo-, para hacer frente a los gastos fijos mensuales de la renta, la luz y el agua, por lo que una gran mayoría tiene que recurrir a familiares y, hasta a la caridad, y bien lo saben en Cruz Roja y Cáritas, para comer y vestir.

Los datos: Más de 170.000 personas viven ya con menos de 355 euros al mes en la provincia.La ciudad de Alicante tiene, por ejemplo, el triste honor de contar con algunos de los barrios más pobres de toda España. Es el caso de Juan XXII, donde algunas rentas anuales por habitante no sobrepasan los 6.000 euros. Un barrio donde hay personas que subsisten gracias a la ayuda de los vecinos y otras que directamente buscan en los contenedores. La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido, además, en un problema de dimensiones descomunales, lo mismo que la seguridad o la falta de limpieza. Personas que trazan un nuevo perfil de «pobre» en el que se incluyen ya hasta titulados universitarios en riesgo de exclusión, pues la mayoría no pueden hacer frente a gastos como comer carne o pescado cada dos días o disponer de un coche.

Catorce mil personas han solicitado una vivienda social. Sin embargo, no hay pisos disponibles en el parque público. Los inscritos solicitan, en unos casos, la asignación de una vivienda pública en arrendamiento y, en otros muchos casos, se trata de ciudadanos, familias o parejas que, al no poder acceder por sus propios medios a una vivienda adecuada, digna y asequible, solicitan la ayuda de la administración. La nueva legislatura del Botànic –el mismo gobierno que suma fracaso tras fracaso en política de vivienda tras haber heredado cientos de viviendas de la época del PP que eran, sencillamente, inhabitables- arrancó con una importante apuesta del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ante la situación crítica de miles de familias, pero dos años más todo se ha quedado en mucho anuncio y poca realidad. La Generalitat gestiona en la Comunidad un número aproximado de 14.000 viviendas a precio por debajo de mercado, de las cuales 12.676 viviendas son parque público de la Generalitat, de ellas, 6.781 están en alquiler social y 1.367 viviendas en alquiler asequible, ese al que ahora aspiran miles de damnificados por la crisis de económica en la que nos ha metido el covid.

Tengo un amigo que todos los viernes, al acabar su jornada de trabajo, se coloca a los mandos de una furgoneta con otro grupo de voluntarios y recorre las calles de Alicante repartiendo “kits” con comida para que las personas que duermen en la calle puedan aguantar hasta el lunes que es cuando abran los comedores sociales. Me cuenta que cada viernes se encuentra con algún rostro nuevo. Cruel y triste mientras, a diario, seguimos viendo a nuestros dirigentes, rivales políticos o socios de gobierno, peleándose por arrancar un euro de los presupuestos o por los centímetros de un Belén. Qué quieren que les diga. Leyéndoles y escuchándoles uno se cabrea cuando, además, tiene frescas las palabras de Paloma Taltavull, en relación a los miles de niños sacudido por el covid y que, hasta ahora, son invisibles.

La promoción de vivienda pública es por lo tanto capital en una provincia y en una Comunidad Valenciana donde de poco vale que las estadísticas nos revelen que hay medio millón de pisos vacíos, pero que también tienen sus propietarios, libres de cederlos, venderlos o guardarlos bajo llave. La responsabilidad de garantizar un techo para los que no lo tienen es de la Administración, y si en la primera legislatura sirvió la coartada de que se encontraron lo que se encontraron, después de años de los “estragos” populares, ahora ya no hay disculpa posible. Y, además, el ladrillo social también genera empleo, la mejor fórmula para olvidarnos de la otra crisis del covid, la económica. No podemos esperar a que Benidorm vuelva a llenarse y vuelva a fluir el parné para todos los sectores dependientes del turismo. Tenemos un problema. Pedro Javier Soliveres, nuevo presidente de Provia, lo recordó la semana pasada tras su elección. Los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, la VPO ha desaparecido y el Consell lo sabe desde hace diez años. Cada vez que pueden, los promotores exponen su plan a los responsables autonómicos. Hasta ahora, agua. Mientras, las dificultades para encontrar un techo revelan casos de pobreza infantil. El ministro José Luis Ábalos avanzó el viernes en Alicante que la vivienda es uno de los ejes de la legislatura. Que se note.