Cinco asociaciones benéficas intermediarias en el reparto de comida tanto del Banco de Alimentos como de Cruz Roja a familias desfavorecidas están siendo investigadas después de que un particular haya alertado de que revenden lotes de productos de primera necesidad destinados a familias sin recursos por cantidades entre 3 y 10 euros. La denuncia se ha hecho llegar al Ministerio de Agricultura, a través de la Subdelegación de Gobierno, para que realice la correspondiente fiscalización. La unidad de control del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del citado ministerio, es la que autoriza a las organizaciones para el reparto directo de alimentos a personas necesitadas y realiza inspecciones para evitar el fraude. En agosto de 2019 ya detectó irregularidades en una ong de Alicante e investigó la venta ilegal de una tonelada de comida gratuita a desfavorecidos. La Policía, en aquella ocasión, detuvo a dos personas e investigó a dos más por un fraude de más de 300.000 euros denunciado por la Subdelegación de Gobierno.
Ahora, de la mano de la pandemia, la picaresca parece multiplicarse tanto como la necesidad. El Banco de Alimentos, con más de 50.000 beneficiarios en la provincia frente a los 33.000 de antes de la emergencia sanitaria, distribuye los lotes a través de unas 200 entidades colaboradoras, de las que están siendo investigadas cuatro. «Están siendo sometidas a controles inesperados para ver si se confirma o no esa denuncia. Si es así se les retirará la autorización para distribuir los alimentos. La investigación está en curso», señala Juan Vicente Peral, director de la ong, asociada a Fesbal, la Federación de Bancos de Alimentos de España, de la que forman parte un total de 54 asociados de toda la geografía española, que operan repartiendo alimentos entre más de 7.000 entidades benéficas y un millón de beneficiarios.
Volviendo a la provincia, el Banco de Alimentos ha empezado esta semana a planificar la distribución de la gran recogida del pasado mes de noviembre, campaña en la que se almacenaron unos 500.000 kilos de productos (por valor de 475.000 euros) frente a los 480.000 kilos del pasado año, «que está muy bien en una situación como la actual, con mucha gente tocada económicamente. Ha sido un exitazo la solidaridad de la sociedad».
El proceso se ha iniciado tras una denuncia, que también alerta de que se cobra por los pañales gratuitos que se dan para los bebés. «Con que haya una sola denuncia se pone en marcha el dispositivo con controles propios del Banco de Alimentos -a cargo de una trabajadora social- y del área de Agricultura de la Subdelegación de Gobierno, que será la que dictará sentencia para levantar acta». Se están visitando las entidades objeto de denuncia.
Según Peral, esta picaresca es habitual pero se acentúa cuando hay una gran necesidad como en esta época de pandemia. «Se aprovechan las circunstancias para intentar lucrarse. No se puede hacer, como tampoco lo que hacen algunas personas: ir a varias entidades benéficas a por alimentos simultáneamente. Estamos cruzando datos con los ayuntamientos para limpiar esas irregularidades». La idea es asignar a las familias la entidad más próxima a su domicilio para evitar que vayan a otros barrios a por más alimentos. «Luego está el proselitismo de algunas entidades confesionales que hemos detectado de forma puntual también sometidas a vigilancia», dijo en referencia a la presunta parcialidad a la hora de dar alimentos a los de su misma confesión.
«Cuando hay estos tsunamis de aparente descontrol por el increíble aumento de necesidad, se cometen irregularidades», abunda el director del Banco de Alimentos, que aseguró que de momento la investigación no ha arrojado resultados.
En el marco de este procedimiento se hacen controles a las entidades de reparto en determinadas fechas para inspeccionar la distribución y verificar que efectivamente se está cobrando. En estos momentos la ong atiende con alimentos de primera necesidad a 17.000 beneficiarios más de los habituales en toda la provincia.
El Banco de Alimentos hace visitas de inspección por fases que cubren, cada una de ellas, el 40% de sus entidades colaboradoras y cuando detectan irregularidades se avisa al control de Agricultura. En el caso de las nuevas asociaciones que se suman a la red, pasan la inspección en la primera fase de controles. Peral explicó que en marzo y abril, con el estado de alarma, afloraron nuevas ong «como las setas» pero «no tienen capacidad operativa y se desinflan como un suflé».
La investigación sobre el cobro ilegal de productos de primera necesidad afecta también a una asociación distribuidora de alimentos de Cruz Roja que se dedica al reparto. «Cuando hay cualquier tipo de sospecha, como es este caso, en que una denunciante hace llegar esta información para su correspondiente revisión, lo comunicamos al Ministerio de Agricultura, que tiene la competencia en este caso, para que se haga la correspondiente investigación o auditoría a esta asociación. En el caso de Cruz Roja tenemos constancia de una asociación que recibe los alimentos de la distribución que hacemos. Hemos trasladado esa información a las autoridades para que hagan las inspecciones y se tomen las medidas que se tengan que tomar de acuerdo a dicha auditoría o inspección», señalaron desde la ong, que atiende a unas 40.000 personas en la provincia en cada fase de reparto de alimentos a través de entidades distribuidoras.
