Los accidentes de tráfico dejan al año secuelas a más de 2.200 personas en la provincia, que en algunos casos resultan de gravedad y que, entre otros aspectos, impiden al lesionado continuar con su actividad laboral durante un largo tiempo. Así lo refleja el informe sobre el daño corporal en los accidentes de tráfico y la cobertura de seguros que ha elaborado la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que cifra exactamente en 2.238 las personas que el año pasado quedaron con secuelas tras sufrir un siniestro de tráfico en las carreteras y vías urbanas alicantinas. Esto quiere decir que, de media, se produjo un lesionado cada 3 horas, 54 minutos y 51 segundos.
El volumen de personas que salieron con secuelas de un accidente de tráfico está directamente vinculado al de siniestralidad, y este, a su vez, guarda mucha relación con la población y la movilidad del territorio. Así, no sorprende que Alicante fuera en 2019 la octava provincia en número de accidentes con víctimas, 11.936 en concreto según el informe de Unespa, y que ocupara esa misma posición en cuanto a la cantidad de personas lesionadas tras un siniestro. Sin embargo, no se debe perder de vista que la siniestralidad en la provincia de Alicante es alta, con 63,71 accidentes por cada 10.000 habitantes el año pasado. La demarcación supera ligeramente la media nacional de 62,26 siniestros por 10.000 residentes y se sitúa en el puesto 15 en el «ranking» nacional.
El informe de las aseguradoras señala que el 89% de las secuelas sufridas por las víctimas de siniestros de tráfico en la provincia en 2019 fueron de tipo leve, pero al mismo tiempo hace hincapié en que se trata de daños que los afectados van a sufrir de por vida. Otro 10% de esas consecuencias fueron de nivel moderado, mientras que el 1% restante se divide entre graves, muy graves y extremas; estas últimas se cifran en un 0,25%, lo que quiere decir que afectaron a alrededor de cinco personas.
En tres de cada cuatro casos, los daños fueron de tipo músculo-esquelético, es decir, traumatismos, aunque también es destacable un 2,25% de afectados con secuelas en los órganos de los sentidos, un porcentaje que equivale a unas 45 personas. Además, se hace mención específica a los daños de tipo estético, un 17% de casos que aunque no tengan consecuencias vitales suponen un perjuicio notable para el afectado al fin y al cabo.
El año pasado, las aseguradoras se hicieron cargo de 31 casos de fallecimiento por siniestro vial en la provincia, aunque la cifra total de víctimas mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), fue de 80. Este año es previsible que el dato no sea tan alto, ya que como consecuencia de la pandemia de coronavirus se están produciendo menos desplazamientos y, por lo tanto, la siniestralidad también está siendo menor. Sin embargo, la bajada es escasa si se tiene en cuenta que durante tres meses apenas hubo movimiento. Hasta el 3 de diciembre han fallecido en vías interurbanas 33 personas en la provincia, mientras que el año pasado a estas alturas eran 37. A esta cifra habría que sumar, además, las víctimas registradas en vías urbanas, un dato que todavía no ha trascendido.
Más de 9.600 atendidos por incapacidad temporal
Las compañías aseguradoras atendieron el año pasado un total de 9.601 casos de incapacidad temporal derivada de un siniestro de tráfico a lo largo del año pasado en la provincia. Las bajas laborales provocadas por ello tuvieron una duración media de 62 días. Buena parte de los damnificados eran además jóvenes, con una media de edad de 36,5 años.
Stop Accidentes incide en la magnitud de las cifras y en que incluyen solo los casos donde intervino el seguro
Ante todos estos datos, el portavoz de la asociación Stop Accidentes en la provincia, Antonio Ángel Pertusa, incide tanto en su magnitud como que algunas variables solo recogen los casos donde intervino el seguro, lo que quiere decir que el alcance del drama de los siniestros de tráfico es aún mayor. En este sentido, alude por ejemplo a que en los accidentes mortales por salidas de la vía no hay indemnización al no intervenir terceros, algo en lo que las asociaciones de víctimas discrepan porque los atestados «no aportan datos de investigación sobre de las causas por las que realmente se produjeron esas salidas de vía». Por otra parte, Pertusa critica aspectos de la baremación de las indemnizaciones que cambiaron en 2016 y que han ido en detrimento de los afectados, como que «antes se reconocía un factor de corrección mínimo de un 10 % a toda persona en edad de trabajar y ahora el lesionado tiene que acreditar la pérdida» provocada por la baja, «y si está en el paro o es estudiante o jubilado no existe tal pérdida».
