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Las denuncias por corrupción suben un 62% en la provincia en plena pandemia

La Agencia Valenciana Antifraude recibe 65 alertas por posibles fraudes y malas prácticas este año, la mayoría tras el confinamiento

Agencia Valenciana Antifraude

La pandemia, el confinamiento y el rocoso acceso a las administraciones desde la reapertura no han limitado la actividad de los denunciantes de posibles casos de corrupción y fraude en las entidades públicas alicantinas. Al contrario: en el año de la Covid-19 han aumentado las alertas recibidas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) en un 65% respecto a 2019, hasta sumar 65 denuncias frente a las 40 del año pasado. Es el ejercicio en que los funcionarios de la AVAF han recibido más propuestas de investigación procedentes de Alicante desde que se inició la actividad de este organismo en 2017, según información remitida por la propia agencia.

Dependiente de Las Cortes, es un organismo de lucha contra la corrupción en las administraciones públicas que facilita la denuncia anónima de personas conocedoras de irregularidades, normalmente funcionarios de esas mismas administraciones, así como la propia investigación de jueces y fiscales. Tiene capacidad sancionadora y es pionera en el país en ofrecer protección integral al alertador, denunciante o whistleblower, como es conocida esta figura clave contra la corrupción en el mundo anglosajón.

La mayor parte de las alertas de este año tratan sobre asuntos de ámbito municipal, por lo que afectan a ayuntamientos. Un total de 42 denuncias, el 65%, piden investigar alguna mala práctica o corruptela en un consistorio de la provincia. El siguiente grupo de denuncias afecta a la administración autonómica, donde la AVAF evalúa si hay irregularidades en 14 valoraciones de caso iniciadas este año. Las nueve alertas restantes piden investigar asuntos en la Diputación provincial (1), las universidades (1), el sector público local (2), partidos políticos (2), fundaciones del sector público de la Generalitat (1), la administración de Justicia (1) y el sector privado (2).

El contacto de los alertadores con la AVAF, que incluye todo tipo de canales –desde teléfono hasta chats cifrados- para transmitir la información con el grado de privacidad que elija la fuente, se disparó desde el final del confinamiento. El acumulado hasta el 30 de junio era de 28 denuncias, mientras que en los últimos cinco meses del año la AVAF ha recibido 37 casos más. La agencia facilita esta información cuando falta todavía un mes para cerrar el ejercicio, por lo que el número aún podría aumentar.

Fuentes del organismo aclaran que todavía no se ha desglosado por materias el material recibido este año, información que estará disponible a comienzos de 2021. En 2019, el 30% de las 40 alertas de la provincia reclamaban la intervención de la agencia en procesos de contratación de personal y otro 30% informaba de irregularidades en las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente. Además, en ejercicios anteriores y a escala regional, Personal ha sido el área con más expedientes abiertos, con especial incidencia en selección de agentes de Policía Local.

Por provincias, Alicante ha registrado el 34,4% de las 189 denuncias tramitadas por la AVAF este año. El primer lugar lo ocupa València, con el 51,9%. En tercera posición está la Comunidad Valenciana -no hay desglose provincial o afecta a la Generalitat en su conjunto-, con un 9,52% de los expedientes. En Castellón, donde la actividad de los alertadores pierde fuelle, se genera sólo el 4,23% de las alertas.

En noviembre, una investigación de la AVAF a partir de una denuncia de 2018 ha conducido a la agencia a exigir a IFA el cobro de una cena del PP de Alicante que se celebró el 25 de abril de 2009 y de la que no constan facturas.

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